El intendente Martín aseguró que el Gobierno retiene coparticipación

El titular del Ejecutivo riograndense sustentó la denuncia presentada contra la Gobernadora por demoras en la remisión de coparticipación. Precisó que la modalidad se ha hecho extensiva a los fondos que se le retienen al Municipios para cumplir sus obligaciones con el IPAUSS y que no son transferidos al organismo de la seguridad social.
El intendente de Río Grande, Jorge Martín, respaldó la veracidad de la denuncia presentada ante la Legislatura contra la gobernadora Fabiana Ríos por las demoras en que ha incurrido la gestión del ARI en el envío de recursos coparticipables a ese Municipio, tal lo sostenido en el pedido de juicio político que impulsa el abogado Alejandro de la Riva.

En su declaración ante los legisladores López, Urquiza y Collavino –que integran la Comisión Investigadora de Juicio Político– el jefe comunal agregó un nuevo dato, ya que aseguró que el Gobierno no está transfiriendo al IPAUSS los recursos que retiene de la coparticipación a su Municipio, lo que incluso ha generado que desde el organismo de la seguridad social se le esté reclamando por el incumplimiento en el que ha incurrido el Poder Ejecutivo.

Además de Martín, el miércoles pasado también prestaron declaración el secretario de Finanzas, Paulino Rossi, y el Contador General del Municipio, Federico Zapata. Finalizada la diligencia, Jorge Martín negó que la presentación contra la Gobernadora haya respondido a una cuestión electoralista, y la comparó con la que también De La Riva formuló, en su momento, contra el destituido gobernador Jorge Colazo, por una situación similar.

En cuanto al tenor del interrogatorio, dijo que se le pidieron precisiones sobre el monto de la deuda por coparticipación y sobre las gestiones realizadas ante el Gobierno para regularizar la situación y el resultado de las mismas. Martín aseguró que la situación es clara ya que "hay papeles, notas y números que manejamos todos. No hay números para nosotros y otros números para el Gobierno", apuntó.

Indicó que los legisladores también lo consultaron sobre los efectos que tuvo esta restricción de recursos para el normal funcionamiento del Municipio. "Explicamos que no habíamos podido pagar a los distintos proveedores y esto generó en la ciudad un problema económico interesante, porque el Municipio es una de las entidades que mayor movimiento de dinero realiza hacia la ciudad", dijo que fue la respuesta dada.

Martín alertó que el Gobierno también ha incurrido en conductas similares respecto de otros organismos, por lo que estimó que la deuda con todas las instituciones del Estado rondaría los 300 millones de pesos.

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