El intendente Leavy pidió la nulidad del juicio político

El intendente de Tartagal, Sergio Leavy, planteó ayer la nulidad de "todo lo actuado por la Comisión Investigadora y/o por el Concejo Deliberante de Tartagal" y el "archivo del juicio político" promovido en su contra.
El jefe comunal presentó ayer su descargo ante el Concejo Deliberante. En un escrito de 29 páginas fundamentó estos pedidos "en la existencia de severos, constantes y crecientes vicios que han afectado las diligencias investigativas, los debates parlamentarios, la libertad y la voluntad de los señores concejales".

"El vicio de la voluntad de los miembros del Concejo acarrea necesaria y directamente la nulidad de todo lo actuado desde que asistimos a una evidente y escandalosa violación de las normas que regulan el funcionamiento del Concejo Deliberante y una delegación de facultades institucionales hacia grupos de poder, económicos, periodísticos y políticos no institucionales." Sostuvo el intendente en su descargo, realizado con el asesoramiento del abogado Oscar Pedro Guillén.

Enumeró "procedimientos irregulares", entre los que incluyó el hecho de que el inicio del proceso de juicio político, y su continuación, "está signado por las influencias que el canal de cable local, Video Tar". También afirmó que hubo irregularidades en la sesión del 13 de agosto, cuando se aprobó el juicio político. Aseguró que la Comisión Investigadora no informó de sus avances a otros integrantes del Concejo y tampoco se le informó al asesor contable.

Destacó que el informe jurídico no era conocido por ningún concejal hasta el momento en que el asesor legal, Sergio Heredia, lo leyó en el pleno del Concejo, "en un acto sin precedentes en un cuerpo parlamentario".

"Esa actuación termina por completar el plagio político sucedido y el apropiamiento de potestades públicas en manos de quien carece de representación política, lo que infringe flagrantemente la norma del artículo 4º de la Constitución de la provincia de Salta y del artículo 8 de la Carta Orgánica Municipal, ley 6.555, que prohíben expresamente la delegación de esas facultades". Añadió que los dictámenes de los asesores no estaban habilitados para el tratamiento, con lo que el Concejo "trató y aprobó algo que legal y administrativamente no existía".

Leavy también dejó constancia de que no tuvo el tiempo que establece la ley para responder a la acusación. "La obstinación por perjudicarme de cualquier modo ha obnubilado la mente de los concejales, y debo decir que en verdad lo han logrado, reduciéndome un plazo de nueve (9) días a cuatro (4) días", afirmó.

Y negó los cargos que se le imputan: "Niego categóricamente haber actuado de modo reprochable y menos aún delictual, algo que la acusación da por acreditado, cuando gozo del estatus constitucional de inocencia y tal inocencia será acreditada más allá de toda duda por ante las autoridades competentes", sostuvo. Aseguró que "no existe la menor irregularidad en la contratación de los vehículos objeto de investigación". Aseguró también que ni su cuñado, Fredy Medina, ni su esposa, Andrea Barbieri, cobraron un cheque de la municipalidad.

En general, sostuvo que el informe del asesor jurídico es conjetural. Pidió que una larga lista de prueba que el Concejo deberá proveer.

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