Sebastián Ebi, director de Derechos Humanos, explicó que “hace meses que el Intendente viene insistiendo en esta posibilidad, teniendo en cuenta que el artículo 19 de la Ley Provincial 15.000 le propone a los municipios que adhieran en consecuencia”.

Asimismo, destacó que “el proyecto de ordenanza indica en primera instancia que el Intendente, secretarios, subsecretarios, directores, tesoreros, concejales en ejercicio y en uso de licencia, e incluso el secretario del cuerpo, deban presentar las declaraciones juradas patrimoniales para avanzar en esta idea que tiene el gobierno nacional y provincial que tiende a la transparencia en la gestión pública, algo muy necesario hoy en día”.

En otro orden, reconoció Ebi que “el Concejo tuvo un intento de avanzar en este sentido, es decir que existe la vocación y se entiende que este es el camino de transparencia, y lo que faltaba era ultimar los detalles para que esto se pueda poner en práctica”.

Por último, puso de relieve que “el Intendente quiere que las presentaciones no superen el mes de junio para que esto sea creíble ya que la ciudadanía siempre espera gestos de transparencia por parte de sus gobernantes”.

Cabe decir que el intendente López acude para este objetivo al área de DDHH por ser ésta autoridad de aplicación, debido al convenio firmado en julio pasado con la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.