Este martes se presentó ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos parte del informe que arrojó la auditoría realizada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), sobre la gestión de Gobierno municipal que culminó en diciembre de 2015, en el que se encuentran algunos puntos que se piden abordar por el organismo.

La presentación fue formalizada por Sarubi y el secretario de Gobierno municipal, Duval Muller, en compañía de la concejal María Celeste Elorga.

“Se han detectado hechos y actos que no resultan con la transparencia deseada (desorden administrativo y desprolijidad en el archivo y falta de documental) y de los que se podría surgir perjuicio fiscal al municipio”, se indicó en un documento enviado a esta Agencia desde el Municipio.

Ante esto, y “para aventar cualquier situación”, las actuales autoridades de La Paz decidieron someter ante el Tribunal de Cuentas de la provincia algunos “hechos susceptibles de análisis”.

En primer lugar, y de acuerdo al informe elaborado por la UNL, se señaló que “se contrató la empresa L&C Construcciones SA para la obra “Construcción Trama Vial (cordón cuneta, badenes, y pavimento) Municipalidad de La Paz” pavimento para 20 cuadras de asfalto calle Echague y laterales por un monto de $ 19.485.195.86, obra que si bien fue realizada en término padecía de graves defectos de construcción hoy subsanados por la empresa: el precio por el que se contrató aparece como excesivo (casi $ 20.000.000.-) por las 20 cuadras cuando el valor de mercado –por definirlo de alguna manera- era muy inferior y allí radicaría perjuicio fiscal”.

Además “se contrató a la misma empresa tucumana con los mismos defectos para la Obra: 267 Mejoramientos – Barrio Belgrano, en el marco del Programa De Mejoramiento De Viviendas “Mejor Vivir II (mejoramientos domiciliarios en igual cantidad de viviendas) obra que quedó –igual que la anterior- inconclusa por abandono de los trabajos”.

En tanto, se concretó una contratación directa para la obra “Promeba 37 Viviendas Mejor Vivir II”, para la construcción de 37 viviendas. El trabajo quedó inconcluso “por abandono de la obra de la empresa contratada: V y E Constructora SA con sede en San Miguel de Tucumán, empresa de otra provincia sin ningún tipo de solvencia acreditada, lo que se volvió determinante ya que abandonó la obra con importantes vicios de construcción”, se mencionó en el documento. “Esta empresa de hecho debió inscribirse en Convenio multilateral para poder ofertar y facturar porque era totalmente foránea y de hecho fijó su domicilio en el contrato en un domicilio inexistente. El avance de la obra al momento del abandono de los trabajos difícilmente superaba el 20 por ciento”, denunció el actual Intendente.

Un cuarto punto señala que “la Municipalidad tenia contratada una flota de teléfonos celulares con Telecom ‘Personal’ del orden de más de 80 líneas y, sin razón que pueda justificar la decisión, pocos días antes del cambio de Gobierno se optó por cambiar de empresa prestadora a ‘Claro’, lo que generó un costo a cargo del Municipio de algo más de 100.000 pesos en concepto de consumos enormes y pérdidas de bonificaciones”.

También se indica que “la obra de construcción del Centro de Integración Comunitario CIC padece de gravísimos defectos de construcción: fundaciones deficientes que provocan todo tipo de rajaduras de envergadura y consiguiente entrada de agua por lluvia que terminan afectando instalaciones eléctricas, vanos inclinados, puertas y ventanas que no se pueden cerrar, humedad en cielorrasos, deterioro de pinturas etc, todo provocado por deficiencias/vicios de la construcción. Esta obra ha sido realizada con el IAPV como ente auditor, instituto que ha realizado reiteradas y severas advertencias respecto de los vicios de construcción de la obra que incluso podían desnaturalizarla para su destino”.

Por último, se denuncia “la asignación de porcentajes de sueldos de algún personal (por encima de toda norma) en concepto de asignación especial”. Los términos ‘complemento por responsabilidad funcional’ y ‘complemento remunerativo bonificable’ “aparecen utilizados sistemáticamente como método para mejorar las remuneraciones de algunos agentes, sin que existiera un criterio lógico objetivo para su concesión, sino que más bien parece de toda discrecionalidad del otorgante”, reveló el informe.

Por todos estos hechos, las autoridades municipales de La Paz solicitaron “una auditoria o la vía que mejor proceda ante este tipo de situaciones, a fin de que mediante los protocolos que sean de uso del Tribunal se puedan esclarecer los términos de las relaciones contractuales de esta Municipalidad con particulares y demás situaciones”.