El intendente se aumentó el sueldo y nombró a su hija con categoría 23

Al aumento de sueldos de la planta política y de los concejales se suman designaciones en categorías altas (incluida la de la hija del intendente), una obra de cloacas inconclusa porque no se traen fondos disponibles en Buenos Aires y 100 viviendas terminadas hace dos años que no se pueden entregar por inacción del municipio.
La situación política del intendente de Angaco, Víctor Alfredo Fernández es hoy por hoy cada vez más complicada debido a la suma de irregularidades que tiene su gestión y especialmente porque acaba de disponerse un aumento de los sueldos de la planta política, del suyo propio y de los concejales departamentales por el sistema de la Ley de Enganche que alcanza al 15 por ciento.

El aumento salarial para la planta política del municipio se calcula que demandará un incremento de los gastos en el rubro de dietas de entre 80.000 y 100.000 pesos al año, algo que promueve las críticas de los vecinos teniendo en cuenta que Angaco es uno de los departamentos de la provincia donde mayor índice de pobreza se registra, con adolescentes que no pueden estudiar y jóvenes sin trabajo.

La medida que es considerada como inoportuna habiendo otras prioridades para el uso de los recursos municipales fue votada por mayoría por el Concejo Deliberante este mes y a pesar de los pedidos de veto de la norma, hasta ahora el intendente no emitió palabra y todo apunta a que permitirá el aumento de entre 800 y 1.000 pesos en las dietas mensuales de cada concejal.

El Concejo está integrado por una mayoría oficialista con tres integrantes del Frente para la Victoria, uno Producción y Trabajo y otro de UNA por San Juan y no se sabe aún como fue que el proyecto debatido sobre tablas, tuvo el apoyo mayoritario y se transformó en una ordenanza.

Una hija de funcionaria

El hecho que en Angaco está en la conversación de todos se concatena con la determinación del intendente Fernández, de producir cuatro nombramientos en las más altas categorías del escalafón, de la 19 a la 23, incluso nombrando a una hija suya en la más alta jerarquía del presupuesto de sueldos de la municipalidad.

Según los Decretos 275, 276, 277 y 278 fechados todos el 3 de marzo del 2006, el intendente Fernández nombró a Paola Ivelise Soria (DNI 31.400.852) como jefe de la Oficina de Aguas del Área de Obras y Servicios con categoría 19, mientras que nombró a Luis César Barón (DNI 11.185.920) como jefe de Oficina del Área de Obras y Servicios Públicos con categoría 21, al tiempo que nombró a Carlos Roberto Maza (DNI 24.362.598) como jefe de Área Acción Social con categoría 23 y también nombró a su hija, María Luz Fernández (DNI 31.400.762) como jefe de Área Cultura y Turismo con categoría 23, la más alta del escalafón municipal.

Problemas con la Provincia

Estas designaciones del intendente lo llevó a tener un serio problema con la administración provincial, ya que el Concejo Deliberante decidió el 11 de mayo no aprobar el Convenio suscripto con la Provincia el 13 de enero de ese año, hasta tanto "deje sin efecto los nombramientos de Paola Soria, Luis Barón, María Luz Fernández y Carlos Maza", según dice el texto de la ordenanza sancionada por el Concejo, firmada por su presidente, Roberto García y el secretario legislativo Roque Romero y además recibida por la encargada de Mesa de entradas de la Intendencia, Elena Seledón, el 15 de mayo de ese año.

Por aquel convenio, suscripto de parte del gobierno provincial por los ministros de Hacienda, Aldo Molina y de Gobierno, Emilio Fernández y todos los intendentes municipales, la provincia transfería a las municipalidades 26.000.000 de pesos según una tabla que sigue los índices de coparticipación municipal.

El problema es que en el mismo convenio quedó establecido que "para tener derecho a los montos referidos, los municipios deberán cumplir" con cinco puntos que son la "adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal", Informar la Ejecución Presupuestaria trimestralmente y cuando se lo pidan, "contener el gasto de personal, no incrementar la Planta de Personal ocupada" y finalmente "congelar las vacantes de cargos políticos y no políticos".

El convenio que "debe ser ratificado por los Concejos Deliberantes", no fue ratificado en Angaco porque el intendente no cumplió con las cinco exigencias que el mismo texto contenía.

Problemas con la Nación

El rosario de problemas de Fernández lleva a su municipio a tener enormes perjuicios y por ende a perjudicar a los vecinos de su departamento, ya que el 16 de febrero de 2006 recibió un crédito del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) por un millón de pesos para realizar el sistema cloacal en la villa El Salvador, que es la cabecera de Angaco, con una ejecución prevista de 12 meses.

La obra se inició según el ENOHSA "con fecha 8/09/06 con un plazo según contrato de 10 meses" y para cuyo trabajo el municipio contrató a la Empresa Cicon Construcciones S.R.L. con un escrito de ocho artículos que también está firmado por el gobernador José Luis Gioja. Las obra comenzó y se construyó parcialmente la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales y el comienzo de la cañería gruesa, pero se detuvo porque faltaba una segunda parte de la financiación comprometida en el contrato original.

Para hacerla factible, el 10 de julio de 2008 la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, por la Resolución 156, le otorgó a Angaco una "ampliación de la deuda por 680.470,21 pesos, pero esos fondos permanecen aún depositados en Buenos Aires sin ser utilizados y la obra inconclusa.

El problema con la Nación que el intendente Fernández debe resolver se suscitó el 25 de julio de 2008, cuando el coordinador de Gestión del ENOHSA, ingeniero Alejandro HOC, le intima a que informe "la situación del Contrato de Obra y los trabajos ejecutados".

Tres barrios sin poderse entregar

Como consecuencia de que la obra de cloacas no está terminada hay tres barrios que fueron construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que en total suman 100 casas, que están totalmente terminadas desde fines del 2.007 y listas para ser habitadas, pero que no se pueden entregar.

Se trata de los barrios Villa Sefair, el barrio El Bosque y Villa el Salvador a un costado de la plaza departamental que tienen 50 casas uno y 25 viviendas las otras dos.

La dramática situación fue confirmada por el interventor del IPV, Vicente Marrelli, quien manifestó su contrariedad por los hechos "que escapan a nuestra responsabilidad", aunque lacónicamente reconoció que "por lo menos de los problemas para resolver el tema de la provisión de agua que hay con una unión vecinal de la zona, vamos a ocuparnos nosotros desde el IPV y veremos después como se soluciona el problema de cloacas".

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