El ex intendente Alcala quedaría procesado antes de fin de año

El juez federal Pedro Vicente Zabala hace cinco meses que tiene para resolver la situación procesal del ex intendente Nestor Alcala en la causa de los "recorridos inflados" de la empresa El Indio.
Ayer trascendió que antes de fin de año lo procesaría por el delito de fraude al Estado y, eventualmente, falsificación de documento público. Lo mismo ocurriría con otros dos funcionarios de su gestión, el ex secretarios de Obras Públicas, Jaime Sterin, y el ex director de Servicios Públicos, Arturo Ripa.

Los tres imputados han hecho todo lo habido y por haber -hablando jurídicamente- desde que el escándalo estalló en junio de 2006, a partir de una denuncia pública de los entonces concejales del Fregen, Claudia Giorgis (hoy diputada) y Alfredo Carrascal. Pusieron mil y una trabas, apelaron permanentemente ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, pidieron la nulidad de las indagatorias para que se 'cayera' la causa y hasta llegaron a la Cámara de Casación Penal. Pero en todas partes recibieron un "no" tras otro.

En junio pasado el expediente volvió definitivamente al Juzgado Federal para que Zabala procese o sobresea a los ex funcionarios. El juez aún no se pronunció, pero fuentes judiciales dejaron trascender que "antes de fin de año" se expedirá. Es un hecho que la moneda caerá del lado del procesamiento. "Ocurre que es una causa compleja y con abundante documentación", se dijo para justificar la demora. La fiscal del caso, Marta Odasso, ya se ha manifestado a favor de los procesamientos. Sin embargo, el juicio oral y público contra ellos aún está lejos. Porque podrán apelar la resolución de Zabala ante la Cámara de Bahía Blanca. O sea que en ese momento se producirá otra demora de tiempo indefinido.

Lo que la justicia federal está tratando de establecer, desde hace más de tres años, es si Diego Carlos Osorio, cuando era propietario de la empresa El Indio -estuvo imputado en la causa hasta que falleció en julio de 2007- infló los recorridos de sus micros urbanos para obtener más subsidios de Nación. Y también si para esa presunta maniobra defraudatoria contó con la complicidad, directa o indirecta, de los funcionarios municipales, que avalaron con sus firmas las planillas que El Indio entregó a la Secretaría de Transporte de la Nación con los kilometrajes. Esas planillas equivalían a una declaración jurada.

Irregularidades.

Una pauta de las presuntas irregularidades la dio la Comisión Nacional Nacional de Regulación del Transporte (CNR) cuando, luego de la denuncia de los ex concejales, le redujo a Osorio la ayuda estatal por subsidios de 1.900.000 a 1.200.000 pesos anuales y le ajustó los kilómetros por línea y las frecuencias semanales. El otro subsidio no era monetario, sino a través de la venta de gas oil a bajo precio.

El Indio tuvo la concesión municipal del servicio de transporte público hasta el 30 de septiembre de 2006, y lo monopolizó desde 2002, cuando la empresa Pellegrini se fue de la ciudad. La empresa recibió entre enero de 2005 y junio de 2006 un subsidio en efectivo de 843.715,61 pesos y 1.176.568 litros de gasoil a bajo costo, de acuerdo a la información que publicó la Secretaría de Transporte de la Nación en su página de Internet.

Los subsidios para no aumentar las tarifas llegaron por dos vías: a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y de un coeficiente en el que se tenían en cuenta los kilómetros mensuales recorridos, la recaudación, la cantidad de pasajeros transportados y el parque móvil afectado al servicio.

A Osorio se le había imputado, prima facie, haber obtenido ganancias ilegítimas -o sea más subsidios en gas oil y en dinero de los que le correspondía- a través del falseamiento de datos en las planillas donde figuraban los kilometrajes recorridos por sus colectivos. Esas planillas eran enviadas como declaraciones juradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y luego la Secretaría de Transporte de la Nación adjudicaba los beneficios.

La gestión de Alcala siempre buscó despegarse de las supuestas irregularidades y responsabilizó a Osorio. Sin embargo, a fines de 2004, Sterin firmó la disposición 853/04, por la cual el municipio -de acuerdo a los considerandos- tomó "a su cargo las obligaciones de información, verificación y certificación que imponen las resoluciones nacionales relativas al Sistema Integrado de Transporte Automotor". Una de esas obligaciones era verificar el kilometraje de los colectivos.

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