El intendente aflojó y avala la auditoría que exigía la oposición

El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, dio marcha atrás sobre sus propios pasos y decidió proyectar una ordenanza para que se haga una auditoría de esa comuna. Incluso aceptará que la haga el Estudio Felice, tal como reclamaron los ediles. Es el último manotazo para evitar que quede la puerta abierta para una intervención.
Los concejales opositores se enteraron por la prensa, pero dieron a entender que retomarán las sesiones, fundamentalmente para aprobar una ordenanza que permitiría canalizar recursos a los puesteros afectados por la sequía.

Bravo no se privó de chicanear a los concejales, incluso acusándolos de haber cometido una "ilegalidad manifiesta". Bravo dijo que la suya es una "propuesta superadora". El concejal Angel López admitió, en declaraciones a "Plan B Noticias" (FM Sonar 91.3), que a esta altura resulta difícil confiar en Bravo, pero aceptó que habría condiciones como para retomar las sesiones. El día anterior, la concejala Jesica Suárez -ex aliada de Bravo- había admitido que si se garantizaba la realización de la auditoría, estaban dispuestos a sesionar.

Bravo se jactó de que "a través de una propuesta superadora que subsanan decisiones administrativas de manifiesta ilegalidad, pretende poner fin al conflicto que en la actualidad se vive en el seno del cuerpo deliberativo y que tiene como principales perjudicados a los vecinos de la localidad que no tienen respuestas a sus necesidades".

En riesgo

El Concejo Deliberante no sesiona desde el 18 de junio, porque el oficialismo generó numerosas maniobras para que la auditoría votada por unanimidad no se pusiera en marcha. Ese pedido de control externo surgió ante las sospechas de hechos de corrupción y los manejos poco claros que la gestión de Bravo dejó en evidencia. Si no hay sesiones durante dos meses -que se cumplen el próximo martes- queda la puerta abierta a una posibilidad de que se intervenga el municipio.

Bravo salió a decir ayer que "el Concejo aprobó por unanimidad la realización de dicha auditoría a través de la sanción de una ordenanza, la cual fue promulgada de inmediato por el intendente municipal. Estas dos particularidades, unanimidad y promulgación inmediata, dejan en claro que, más allá de interpretaciones malintencionadas, desde el Departamento Ejecutivo no se puso ningún obstáculo para que se audite el manejo de los fondos públicos".

"Más aún, y como puede certificarse en el texto del proyecto que hoy se envía al Concejo, no se pone objeción alguna para que sea el profesional elegido por los bloques opositores quien realice dicha auditoría", añadió el jefe comunal.

En un comunicado de prensa hizo lo que él mismo llama "un análisis cronológico de los hechos". Señala que en su momento el oficialismo propuso hacer una licitación para definir al auditor. Pero por mayoría, la oposición avaló una contratación directa "por un monto que excede dicha modalidad. O sea, se pretendió fijar una excepción a la ordenanza vigente a través de una norma de rango jurídico inferior como lo es una resolución. Demás está decir que una ordenanza sólo se modifica con otra ordenanza", dijo Bravo.

En su momento incluso el presidente del Concejo Deliberante, Nicanor Romero, llegó a presentarse ante la Justicia "ante el convencimiento de estar frente a un instrumento administrativo viciado de ilegalidad".

Bravo, en el comunicado, chicaneó: "Surgen algunos interrogantes. Si los bloques opositores tienen mayoría y quórum propio para sesionar, ¿por qué aprobaron la contratación de la auditoría en directa a través de una resolución y no por medio de una ordenanza? Sus integrantes y asesores tienen vasta experiencia en otros períodos como concejales, entonces ¿fue un simple error de interpretación administrativa? Es algo que no queda claro. Surge entonces un interrogante: la auditoría, ¿es una herramienta contable para ejercer el control de las cuentas públicas? ¿o una maniobra política para desestabilizar al Departamento Ejecutivo? Más aún: ¿se han privilegiado intereses de un sector político aún pagando el costo institucional de una intervención?".

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