Instrumentan el comité de jueces para visitar cárceles y comisarías

La Suprema Corte de Justicia bonaerense fijó, a través de una resolución, el nuevo sistema de visitas mensuales a cárceles y establecimientos de detención por parte de los magistrados, que tras la observación y diálogo con los detenidos deberán informar a los jueces provinciales.
A nivel local, el presidente de la Cámara Penal, Carlos Mario Portiglia, estará al frente del comité que se conformará con el defensor y fiscal departamental, que establecerá el cronograma de visitas.

Sobre la actividad, el magistrado indicó que “la acordada de la Corte que salió el 22 de diciembre de 2008, establece que para su puesta en funcionamiento se requiere el nombramiento de un subsecretario de Derechos Humanos, dependiente de la Corte, que se llamó a concurso”.

“Creemos que puede comenzar este mes o en abril, cuando se designe a este funcionario. De todos modos, vamos a comenzar a trabajar en Junín con este comité que estará conformado por el presidente de la Cámara Penal, el defensor general del Departamento y el fiscal general”, adelantó.

La tarea

El magistrado del Departamento Judicial Junín señaló que “este comité tendrá como misión supervisar directamente la actividad de todos los jueces y representantes del Ministerio Público, que tendrán que realizar visitas a las cárceles y comisarías de la zona en forma mensual, de modo tal que ninguna dependencia policial del Departamento Judicial de Junín y las dos unidades carcelarias existentes queden sin la visita de un magistrado al menos una vez al mes”.

“Este es el cambio fundamental que establece la acordada, para esta visita mensual de los magistrados a los lugares de detención, llevando un mejor control sobre la situación de cada sujeto procesado en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Portiglia remarcó que “esto tiene que ver con un control más estricto. Argentina está inmersa en un mundo globalizado, desde lo económico, social y jurídico. Nosotros tenemos la Constitución, que establece que la Argentina ha incorporado para su legislación interna los tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo cual son ley en el territorio. Estos tratados establecen pautas y requisitos en cuanto al tratamiento de personas privadas de la libertad, e indudablemente la Argentina debe ir adaptando su normativa a estos estándares internacionales en el tratamiento de reclusos”.

Contacto

A partir de la decisión de la Suprema Corte provincial, “se establece un contacto directo y mensual. Se venía haciendo en forma trimestral, cuando la Cámara y algún integrante del Ministerio Público realizaba una visita a las unidades penales. Ahora será mensual y se pone en cabeza de los jueces, fiscales y defensores la obligatoriedad de concurrir”.

“Se hará una especie de control de las circunstancias que hacen que un privado de la libertad se encuentre en condiciones humanas, y no como sucede en muchos lugares en que a veces las condiciones de detención son infrahumanas”, resaltó.

Información

Por otra parte, Portiglia contó que “los jueces que realicen las visitas deben informar después al comité, que también puede llegarse hasta las cárceles o sitios de la policía, y luego se elevará un informe a la Suprema Corte y la Subsecretaría de Derechos Humanos”.

“Cuando se hacen estas visitas institucionales, como ya se viene llevando a cabo, se comunica también a la Comisión Nacional de la Memoria y al Colegio de Abogados, para que un representante de cada organismo pueda acompañarnos en las visitas”, aseguró.

Denuncias

En caso de alguna denuncia por parte de los internos, el juez explicó que “si la comunicación que recibimos puede constituir algún delito, se pone de manera inmediata en conocimiento del fiscal de turno para que investigue la situación”.

“Si no constituye un delito, es un reclamo de otra índole, se trata en la medida de lo posible de subsanarlo en el momento o se informa a la Suprema Corte para que tome las medidas del caso”, apuntó.

Comentá la nota