El directivo explicó que esta situación es producto de que la mayoría de las empresas socias de la CTC se encuentran con alto nivel de endeudamiento con agentes financieros, a raíz del impago tanto de la Provincia como de la Nación.

Este sector privado viene planteando una mora por parte de diferentes organismos gubernamentales, entre ellos, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), que llega a los $ 350 millones y corresponde al período de agosto-enero. Mientras que el impago del Estado nacional alcanza los $ 180 millones. En total, el monto supera los $ 500 millones.

Mafud comentó que el atraso ya alcanzó a enero de este año y que el último mes que cobraron fue julio de 2015, lo que llevó que las empresas a concretar despidos en el actividad.

Según alertaron, entre diciembre y enero últimos se produjeron 4.000 cesantías, con lo que el mercado laboral pasó a tener menos de 8.000 personas.

“Se desvincularon maquinistas, jefes de capataces, ingenieros, es decir, las empresas comenzaron a desarticularse”, manifestó Mafud.

Ante el atraso en pagos de Certificados Ordinarios de Obra y Certificados de Redeterminación de Precios en obras contratadas por el Gobierno local, en la Cámara Tucumana de la Construcción evalúan realizar presentaciones judiciales en caso de no alcanzar una solución, según dijeron los empresarios.

En enero, decenas de empresarios se presentaron ante el gobernador, Juan Manzur, en Casa de Gobierno, y describieron el actual escenario. A partir del encuentro, el titular del Poder Ejecutivo y los privados acordaron elevar el pedido a la Nación.

En esta semana, el mandatario provincial solicitó más fondos nacionales para trabajos de infraestructura. Lo hizo en un encuentro con el secretario de Obras Públicas nacional, Daniel Chaín. Allí, Manzur le entregó al funcionario nacional un plan de obras consideradas por las autoridades provinciales como prioritarias.