El Instituto de Colonización intima a gremialistas para que no sigan denunciando irregularidades

El jefe de personal y delegado gremial del Instituto de Colonización Fortunato Rufino y los empleados Raúl Rubén Vallejos y Luis Gómez fueron intimados ayer por los directivos del organismo a dejar de hacer declaraciones públicas y denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales.
Los tres recibieron ayer una carta documento firmada por Esteban Branco Capitanich, Ignacio Capor y Raúl Lovey, para que desmientan o confirmen las últimas denuncias sobre la recuperación de campos entregados irregularmente y sobre otras cuestiones inherentes al funcionamiento del instituto, que hicieron públicas en una reciente conferencia de prensa.

"Ratificamos plenamente todo lo dicho porque tenemos todo documentado", resumió Vallejos ayer, al dar cuenta de la intimación legal. Vallejos recordó que la serie de denuncias por irregularidades en la gestión anterior y en ésta misma siguieron en cada caso el camino de la denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Justicia y recién luego la prensa.

En aquella oportunidad, el grupo denunció irregularidades relacionadas con aspectos administrativos, resolución de causas por supuestas adjudicaciones irregulares o de constancias para desmontes otorgadas en gestiones precedentes y actuales en este instituto, como también la creación de cuestionables estructuras innecesarias y costosas, y el ingreso desordenado, masivo e irregular de personal, entre otros ítemes.

"Ratificamos todo y además repudiamos el hecho de que pretendan acallarnos. Como empleados públicos, estamos obligados a denunciar irregularidades por el Código de Procedimientos Administrativos y la Constitución Provincial", señaló Vallejos, comentando el caso de la denuncia de Rufino al Tribunal de Cuentas en su carácter de jefe de personal del organismo y por la imposibilidad de dar con el paradero y la función de unos 140 nuevos agentes.

"Todo lo hacemos siempre por el procedimiento correcto, y lo sorprendente es que tanto Branco Capitanich como Lovey hagan este planteo. En alguna oportunidad nos acompañaron en este tipo de denuncias", recordó el ex secretario general del UPCP.

"Resulta sorprendente, asimismo, la inadmisible intimación que pretende censurar la expresión pública por cualquier medio de quienes suscribimos la presente, relacionada con los temas en cuestión, ya que viola claramente la libertad de expresión. Y, lo que es más grave, la obligación que tenemos de denunciar supuestos hechos irregulares en la administración pública. Esta actitud configura una clara e improcedente referencia de persecución política y administrativa y un condicionamiento inadmisible que no estamos dispuestos a aceptar, y me reservo el derecho de accionar civil y penalmente por el daño moral que nos inflige", señaló el grupo denunciante intimado en un comunicado.

Vallejos ratificó --por su parte-- que la actual gestión del instituto no logró la recuperación de ninguna hectárea de las denunciadas por ellos como entregadas en forma irregular durante la gestión de la Alianza.

Comentó al respecto que la Cámara Contenciosa Administrativa del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar ahora al recurso extraordinario solicitado para que se declare la nulidad de la adjudicación de más de un millón de hectáreas que se denunció fueron entregadas en forma irregular.

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