Inspección General de Justicia ya cuenta con una norma provincial que la regule

En la última Sesión Ordinaria de la Legislatura Provincial se aprobó el proyecto referido a la situación del área de la Inspección General de Justicia, la misma fue aprobada en general por unanimidad y en particular contó con el voto negativo de los artículos 25 y 26 por parte de la bancada oficialista. De esta manera se creó, en el ámbito del Ministerio de Gobierno, la Inspección General de Justicia, la cual no contaba con una norma provincial que regulara su funcionamiento ni el régimen laboral de su personal.
A partir de la sanción de esta norma, el Director y Subdirector de la IGJ deberán tener título habilitante de abogado y pertenecer a la planta permanente de personal de la Administración Pública provincial.

En cuanto al personal estipula que tendrán dedicación exclusiva y bloqueo de titulo por lo que establece un plus económico.

Los artículos que el Bloque del ARI decidió no acompañar son los referidos al régimen laboral, específicamente, "sobre el reconocimiento de la incompatibilidad de todos los empleados de IGJ con cualquier otra actividad, remunerada o no, la que lleva a un reconocimiento en el sueldo la cual se paga con un plus", explicó la legisladora Verónica De María.

El otro punto cuestionado es el del, "bloqueo de título de los profesionales que también quieren se declare para ser reconocido", situación que, "desde la oposición se propuso que el porcentaje en ese reconocimiento lo fije el Ejecutivo".

Aseguran que, "ningún empleado puede ser asociado a nada, ni a una SRL ni a un club de barrio, ni a una cooperadora".

Los empleados, "consideran estar limitados porque como trabajan en la IGJ y alguna vez puede suscitarse algo con una de esas hipotéticas sociedades, asociaciones, mutuales, etc. entonces se debe declarar y pagar por esa incompatibilidad".

Sobre los profesionales, el argumento es similar, "hablamos de abogados que dicen que sólo pueden actuar en derecho de familia, porque todos los otros casos tienen vinculación con personas jurídicas y los convierte en un profesional sin ámbito de acción".

Desde el ARI, se planteó la necesidad de más tiempo para analizar estos puntos, "para hablar con el área de Legal y Técnica y armonizar el escalafón de profesionales de la administración pública con lo que pretenden los de IGJ", cuestión ésta que ya se estaba hablando con los representantes del Ejecutivo.

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