Insólito: un intendente se niega a cerrar un cabaret porque "es un lugar de contención espiritual"

Un intendente de un pueblo de La Pampa se confesó habitué de los cabarets y anunció que se opone terminantemente al cierre del único local nocturno de su localidad porque, dijo, "es un lugar de contención espiritual" de viajeros y jóvenes de la zona.
El jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, de esa manera, es el primer intendente de una localidad de la provincia que se opone públicamente al pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, que solicitó que se cierren unos 30 locales nocturnos porque están habilitados como cabarets o whiskerías pero en realidad son prostíbulos donde se facilitaría la trata de personas.

"Es un lugar de contención espiritual, principalmente para transportistas, viajantes y jóvenes", sostuvo Rogers.

"Con el funcionamiento de la whiskería, según me asesoré con la Policía, se hace más fácil el control. Pero con la clausura de ese sitio puede dar lugar a la creación de alguno clandestino que no va a tener control de sanidad", expresó.

En Lonquimay, precisamente, se conoció hace una semana la última denuncia sobre trata de personas, cuando una joven santiagueña, de 27 años, dijo que el dueño del cabaret no la dejaba salir y la sometía.

Oscar Gatica, director de coordinación de Derechos Humanos, dijo que "no pretenden" imponer ordenanzas, pero que pretenden combatir la trata de personas.

Santa Rosa tomó la delantera al prohibir el funcionamiento de cabarets, luego de que se comprobara que en realidad eran fachadas legales donde se ejercía la prostitución.

Luego de que Santa Rosa los prohibiera, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia pidió a las 80 municipalidades restantes que siguieran su ejemplo.

Hasta el momento solamente cumplieron media docena, en tanto que ya se están oponiendo General Pico y Lonquimay.

Unas cuatrocientas mujeres, en su mayoría de Paraguay y de provincias del norte argentino, fueron trasladadas a la ciudad de Santa Rosa a lo largo de los últimos cinco años para ser explotadas sexualmente en tres prostíbulos, según la denuncia del titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), Marcelo Colombo, quien con la información reunida formuló una denuncia en el juzgado federal de Santa Rosa.

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