Insistirán con la expropiación de las casas de Peatonal Florida

El 31 de octubre próximo la Municipalidad entregará al empresario Roque Lozano las casas de peatonal Florida 62 y 86, donde funcionaba la sede del Ejecutivo Municipal y que junto con otros tres inmuebles fueron canjeadas en una cuestionada operación inmobiliaria, para trasladar la sede comunal a un galpón que se adecuo en Paraguay al 1200, donde está el Centro Cívico Municipal.
La diputada provincial por el Partido Propuesta Salteña Virginia Cornejo anticipó que insistirá en la necesidad de expropiar las casas de la calle, iniciativa que planteo a través de un proyecto de ley ingresado en los primeros días de julio último. La legisladora apuntó que " se trata de un valioso patrimonio que debe estar bajo la administración y cuidado del estado, de donde nunca debieron haber salido, porque no pueden tener como destino la actividad comercial, sino cultural. El proyecto de la diputada Cornejo declara de utilidad pública y sujetos a expropiación ambas casas y todo lo edificado en ellas con el fin de preservar y recuperar los edificios como monumentos históricos y arquitectónicos. El artículo tercero del proyecto establece que en la determinación de la indemnización los funcionarios deberán tener en consideración la tasación de los inmuebles efectuada en el convenio firmado el 20 de diciembre de 2006, celebrado por la Provincia, la Municipalidad de Salta y el señor Roque Lozano. Respecto al precio que la Provincia deberá pagar a Roque Lozano, se apunta en los fundamentos que hay un elemento importantísimo de reciente factura, como el convenio celebrado en diciembre de 2006 y señala que al desarrollarse la contratación se realizó una tasación cuyo procedimiento fue muy cuestionado. Necesariamente ésta deberá ser tenida en cuenta por los funcionarios que deberá determinar la indemnización correspondiente a la expropiación."Si en dicho convenio la tasación fue la adecuada, se pagará lo justo. Si hubo realmente subvaluación (precio inferior al de mercado), quien entonces fue beneficiado, no podrá considerarse perjudicado hoy". El miércoles pasado se conoció el fallo de la juez Stella Maris Pucci de Cornejo, que hizo lugar al recurso de amparo de la legisladora y que ordena a la Municipalidad abstenerse de autorizar ningún tipo de modificación, construcción, demolición o intervención arquitectónica o edilicia de cualquier naturaleza en eso inmuebles hasta tanto haya intervenido la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia y la comisión honoraria creada por ordenanza 4286. El fallo judicial no impide que se construya, sino que el proyecto para intervenir esas viviendas sea revisado por la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y por una comisión prevista en una ordenanza vigente del año 1985 que define las regulaciones en el área centro y en el casco histórico. Cabe consignar que el fallo inicial de la jueza fue objeto de un pedidote de aclaración por parte del abogado patrocinante de la diputada Cornejo, quien solicitó que además de la intervención de la COPAUPS se incluya la comisión honoraria prevista en la ordenanza 4286 que se encuentra vigente.

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