El PE insiste en las objeciones contra la decisión de Novillo

Fiscalía de Estado planteó otro recurso y defendió la designación de jueces interinos. Siguen los cuestionamientos oficiales contra la medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley 8.136. Ultimos días hábiles
El Gobierno sigue empeñado en cuestionar la orden que dictó Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, por medio de la cual ha suspendido cautelarmente la aplicación del mecanismo que preveía la Ley 8.136. Esta posibilitaba que los poderes políticos (Ejecutivo y Legislatura) designaran directamente jueces interinos sin un mecanismo de selección previo que permitiera sopesar las condiciones y la idoneidad de los interesados en cubrir cargos en la Justicia.

El miércoles, los representantes legales de la Fiscalía de Estado - a cargo de Pedro Giudice- plantearon un recurso de revocatoria contra la resolución que, el domingo a la noche, Novillo pronunció en la causa promovida por los abogados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña. Estos, precisamente, habían pedido el dictado de una medida cautelar en el marco de la acción de amparo por medio de la cual cuestionaron la constitucionalidad de la Ley 8.136.

Anteriormente, el martes, Fiscalía de Estado había solicitado que se declarara la nulidad de la medida cautelar dispuesta por Novillo en la causa impulsada por el Colegio de Abogados del Sur, también en el afán de que fuera tachada de inconstitucional la Ley 8.136. En forma subsidiaria, el Gobierno también interpuso un recurso de revocatoria.

En el escrito del miércoles, el Gobierno reiteró prácticamente los mismos argumentos que había esgrimido antes: que la Corte Suprema (y no la Cámara en lo Contencioso Administrativo) es la competente para entender en la cuestión y que la Legislatura, por medio de la Ley 8.136, declaró la emergencia del Poder Judicial (como antes lo había hecho la propia Corte respecto de la Cámara en lo Civil y Comercial Común), así como estableció un sistema provisorio y coyuntural dada la controversia que impide la designación de jueces definitivos.

Si bien son cinco las acciones (de amparo o de inconstitucionalidad) entabladas contra la Ley 8.136, Novillo dispuso la suspensión cautelar del sistema discrecional que permitía la norma en tres expedientes: los abiertos -por separado- por impulso de Avila Carvajal y De la Peña, por la entidad de profesionales del sur y por el abogado Luis Iriarte. Solamente en este último caso, el Gobierno no ha recurrido todavía la decisión del magistrado.

Turno para contestar

El mismo miércoles, Novillo proveyó los escritos presentados por Fiscalía de Estado y ordenó que, en ambos casos, se corriera traslado de las presentaciones del Gobierno a los abogados Avila Carvajal y De la Peña (por cinco días por tratarse de un planteo de nulidad), y al Colegio de Abogados del Sur (por tres días por tratarse directamente de un recurso de revocatoria).

Ahora, habrá que esperar que Carvajal y De la Peña, y que los abogados del sur contesten. En el segundo caso, los tres días vencerán el primer día hábil de febrero. Por esta razón, el Gobierno pidió habilitación de días y horas, así como que las actuaciones sean declaradas asuntos de feria, para avanzar durante enero. No obstante, esto aún no ha sido dispuesto. Los últimos días hábiles del año serán el lunes y el martes.

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