Inseguridad, un tema corrosivo que vuelve a la agenda política

Por: Julio Blanck

Los políticos, y en especial los del Gobierno, no tardaron en tomar nota: la multitud reunida el domingo pasado en San Isidro, para reclamar por los crímenes y delitos que sufren los vecinos, avisó que la inseguridad vuelve a instalarse en el centro del debate público.

El asesinato del ingeniero Barrenechea, delante de su familia, fue el detonante de esa demostración. Pero la masividad tuvo que ver, sobre todo, con la repetición abrumadora de hechos que son mucho más que una "sensación" difundida por los medios, como intentó minimizar sin fortuna algún funcionario.

La inseguridad nunca dejó de estar entre las principales preocupaciones de la opinión pública. Pero los hechos recientes la potenciaron. Y el tema, corrosivo para cualquier oficialismo, se suma a otros puntos que también acarrean complicaciones al Gobierno, como el impacto de la crisis global sobre la producción y el empleo, y la reacción ante el intento de estatizar a las apuradas el sistema jubilatorio.

Frente a la noticia desfavorable, lo primero que hizo el oficialismo fue cerrar posibles brechas internas. Así, el impulso del gobernador Daniel Scioli a la baja en la edad para imputar a los menores, resistida desde la Casa Rosada, pronto buscó un camino de adecuación, para evitar la aparición de fisuras entre los dos discursos.

También se desactivó un movimiento apuntado a remover a Carlos Stornelli del Ministerio de Seguridad bonaerense. La versión había corrido en la Legislatura de La Plata, donde el kirchnerismo tiene un núcleo duro.

Aníbal Fernández recibió a Stornelli el martes, en un encuentro privado, donde se ajustaron detalles de la tarea conjunta de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Los dos ministros mantienen un contacto fluido, aunque rara vez dan a publicidad sus reuniones.

Cristina bajó línea en la semana: elogió el trabajo de la Policía y criticó a los jueces que liberan detenidos con demasiada laxitud. Y sostuvo que no son necesarias leyes más duras. "Los jueces tienen los instrumentos para denegar libertades y excarcelaciones, y los tienen que utilizar", dijo la Presidenta.

Scioli comprendió el mensaje y moderó su postura. Ya no se habló de los 14 proyectos para bajar la edad de imputabilidad que fueron presentados por distintos bloques en la Legislatura. En cambio, el gobernador y su ministro de Justicia, Ricardo Casal, siguen fogoneando una reforma del Código de Procedimiento Penal en la Provincia.

Pero las palabras y las razones de los políticos, por sólidas que puedan resultar, no alcanzan a taponar mínimamente el reclamo contra la inseguridad. En el Gran Buenos Aires hay reacciones más o menos espontáneas de la sociedad civil, que también ponen en alerta a la dirigencia.

Por ejemplo, está avanzando la creación de una red vecinal que abarcaría a varios partidos del conurbano, apuntada a sumar fuerzas para reclamar ante las autoridades y presionar sobre los jueces y fiscales.

La iniciativa se propagó después del acto en San Isidro, un distrito donde el intendente Gustavo Posse está buscando la forma de ponerse arriba de la ola de protestas, antes que esa ola termine tapándolo a él mismo.

Una de las ideas de Posse es impulsar un plan de seguridad en conjunto con otros intendentes, pero hasta ahora parece encontrar cierta resistencia en sus colegas. Esa movida no está en sintonía con el Gobierno nacional ni el provincial.

Cerca del gobernador Scioli critican a media voz a Posse. Aseguran que el intendente de San Isidro trató de sumar a otros jefes comunales al acto del domingo pasado, aunque recibió respuestas negativas y no hubo quien lo acompañara.

En el Gobierno nacional los cuestionamientos a Posse son mucho más contundentes. Lo más suave que le tiran encima es su presunta intención de "cortarse solo" y de haber montado una operación política personal a partir del asesinato del ingeniero Barrenechea.

La cuestión política se mezcla una y otra vez en el tema de la inseguridad. No sólo hay reyertas entre el Gobierno y algunos de sus aliados, como ha sido Posse, un radical K que parece distanciarse ahora del oficialismo. También desde la oposición se busca rédito político.

El domingo reapareció en San Isidro el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg. Fue uno de los oradores en el acto, aunque sin la repercusión y el arrastre que supo tener cuatro años atrás, cuando movilizó multitudes luego del asesinato de su hijo Axel. Eso fue, claro, antes de su fallida aventura política y la candidatura a gobernador con la que no llegó al 1% de los votos.

Blumberg volvió a escena un par de días después, acompañando la manifestación de empleados de las AFJP que protestaron contra el proyecto estatizador de Cristina. Allí estuvo también Alfredo De Angeli, dirigente rural, agitador ambientalista cuando ese rubro funcionaba mejor y operador antikirchnerista todoterreno.

Más allá de esos rejuntes de destino incierto, la inseguridad volvió a meterse en la agenda pública y en la preocupación del política del Gobierno. Es un tema que no acepta discursos negadores. Ayer hasta Néstor Kirchner se refirió al asunto. Pero por ahora, hay poco más que palabras.

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