La sucesión de hechos delictivos y el aumento de la violencia en el Conurbano, junto con la creación de los foros de seguridad, la instalación de cámaras, la creación de patrullas urbanas, el cobro de tasas específicas y la designación de funcionarios con la tarea de combatir la inseguridad ha puesto paulatinamente a los gobiernos municipales en el ojo de los reclamos vecinales por mayor seguridad, aún a pesar del esfuerzo de los intendentes por aclarar que se trata de una responsabilidad constitucional del gobierno provincial.

Ocurre que más allá del nivel de Gobierno al que le corresponda dar una solución, las autoridades comunales son las primeras en quedar expuestas y en la mira de los vecinos cuando el delito ataca. Así por ejemplo quedó demostrado en las marchas que se vienen sucediendo en diferentes puntos de la zona ante la sede del gobierno local.

“Algunos vecinos saben que la responsabilidad de la seguridad es de la provincia de Buenos Aires y no de los intendentes. Lo que pasa es que el Intendente es el jefe político e institucional del distrito”, evaluó el concejal de Unión Celeste y Blanco de Esteban Echeverría, Fernando Sousa, quien atribuyó los reclamos a que los intendentes son “interlocutores ante las autoridades que correspondan”.

Es en los municipios donde ocurren los hechos y ahí mismo donde se hacen escuchar las voces de reclamo, como aquellas que se alzaron hace tres semanas frente a las puertas de la municipalidad de Echeverría tras el asesinato del empresario textil Luis Sánchez en su casa de Monte Grande, en una seguidilla de hechos ocurrida a principios de mes que dejó el saldo trágico de cuatro muertos y cuatro heridos en apenas 12 horas.

En ese lapso otro hecho tuvo lugar en el barrio San José de Temperley, en el que morían dos ladrones, mientras que un hombre era asesinado pocas horas antes en Ingeniero Budge, cuando se dirigía a la feria de La Salada.

Es por eso que en Lomas de Zamora los vecinos y comerciantes también expresaron su preocupación con cartas enviadas al Concejo Deliberante que derivaron en diferentes medidas tomadas por las autoridades comunales: en el último caso se incrementaron las patrullas comunales en el centro comercial, mientras que para atender las denuncias de los vecinos el cuerpo decidió abrir a la comunidad las reuniones que realiza cada quince días la Comisión de Seguridad.

“La gente cree que el Municipio es el responsable en un cien por ciento de la inseguridad, y nosotros le explicamos que no es así. Hubo funcionarios del Ejecutivo que explicaron todas las cosas que el Municipio genera en torno a la Seguridad, como asistente de la Policía”, aseguró a este medio el concejal que preside la comisión, Julio Fornelli.

Asimismo, aseguró que los concejales presentes participaron a los vecinos sobre “cuáles son las reformas pertinentes y necesarias a nivel provincial, como la creación de la Policía Judicial y la Policía Municipal”.

De esta manera, desde los municipios buscan contener el reclamo mientras articulan soluciones con la Provincia, de donde -advierten- deben salir los recursos para la seguridad.

“Hay robos como en todos lados, pero se está pidiendo hace mucho refuerzo policial, hay solamente dos patrulleros en el destacamento de Alejandro Korn. El comisario siempre dice que no puede hacer magia con dos patrulleros”, remarcó la concejal aliada al oficialismo de San Vicente Graciela Costa, quien asegura que la falta de recursos policiales es determinante. “Pedimos más recursos al Ministerio de Seguridad provincial y al nacional”, resaltó.

En Avellaneda, en tanto, la oposición tuvo un intento frustrado de declarar la emergencia en seguridad, algo que fue rechazado por el Concejo Deliberante. “Hemos avanzado. No está todo corregido porque sigue habiendo hechos delictivos pero declarar la emergencia no nos garantiza que vayamos a terminar con este problema”, había apuntado la concejal oficialista Verónica Juárez.

Lo cierto es que, en medio de esta batahola, en varios distritos aparecieron los roces políticos. Y muchos críticos de las gestiones municipales en materia de seguridad salieron a negar su participación en marchas vecinales o incluso a despegarse de las mismas. “Nosotros no fogoneamos ninguna marcha, somos conscientes de que lo que sirve es que los vecinos se junten pero sin hacer problemas”, apuntó el policía retirado y actual concejal por el Frente renovador 17 de Octubre de Lanús, Salvador Baratta, luego de las protestas que también tuvieron lugar en ese distrito.

“Hay cosas que no se pueden resolver al cien por ciento, pero hay otras que, con el buen criterio de la Policía y el poder político sí. Tenemos que avocarnos a resolver esta problemática”, advirtió el concejal Víctor Rengifo, del bloque PJ Azul y Blanco de Presidente Perón, donde por estos días se busca reeditar la conformación de un foro municipal.