Inseguridad y educación

Ante el proyecto del gobernador de bajar la edad de imputabilidad de los menores, varios sectores educativos y algunos funcionarios del gobierno, condenaron la idea y solicitan otras propuestas.
Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires presentara el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores en casos de delitos graves, muchas voces del ámbito educativo, algunas oficiales y otras sindicales, salieron a pronunciarse solicitando una solución social y no condenatoria ante el fenómeno de la delincuencia juvenil.

Desde Suteba, uno de los gremios docentes bonaerenses, publicaron un comunicado que impulsa a los adultos a “proteger a los niños y adolescentes” y no, en cambio, a “protegerse de ellos”.

“El desafío que tenemos los adultos y el Estado es cómo nos preparamos para alojarlos en el sentido de abrigo y protección a través de las políticas públicas. Ya nuestras cárceles están pobladas mayoritariamente por jóvenes pobres, menores de veinticinco años y sin embargo queda demostrado que más cárceles no es equivalente a más seguridad”, expresa la gacetilla firmada por Rosana Merlos, secretaria de Derechos Humanos de Suteba.

Además, sostiene que bajar la edad de imputabilidad no es la solución, y que “es inconstitucional y contradice todos los pactos de Derechos Humanos firmados por nuestro país”.

También acusa a Scioli de “poner énfasis” en bajar la edad de imputabilidad y no en aplicar políticas e instrumentar estrategias de intervención social tendientes a “erradicar la desigualdad social en todo el territorio provincial”.

Desde Suteba exigen el cumplimiento de la legislación de “una manera inmediata, destinando los recursos necesarios para hacerlas efectivas (ley nacional Nº 26061 y leyes provinciales Nº 13298 y 13634)”.

En particular, demandan que se efectivicen las leyes de protección y promoción integral de los derechos de los niños/as, adolescentes y jóvenes, la universalización de la asignación familiar por hijo menor de 18 años y la implementación de políticas públicas universales en educación, trabajo, deporte y recreación, entre otras.

Por otra parte, funcionarios de propio gobierno provincial reaccionaron o intentaron acentuar otras ideas frente al proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los menores.

La subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, Martha Arriola, consideró que no se puede actuar “con liviandad volviendo a viejas recetas facilistas, reduccionistas” y dijo que “los pibes en la provincia viven situaciones de violencia extrema, de marginalidad, de pobreza”.

El director de Cultura y Educación, Mario Oporto, opinó que “a los jóvenes hay que darles futuro, y no hay mejor futuro que una buena educación” y agregó que “nuestro objetivo primordial es trabajar con los jóvenes más pobres, aquellos que ven su futuro muy difuso”.

“Intentamos trabajar en el comienzo y no en el final del proceso, no en las consecuencias, sino en las causas”, agregó Oporto.

En el mismo sentido se manifestó su compañero de gabinete, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que destacó en un diario platense que la capacitación y la asistencia son claves para rescatar a chicos en riesgo social.

“Lo que necesitan los chicos son oportunidades concretas dado que la mejor política social es el trabajo y nadie puede trabajar si no se capacita”, dijo Arroyo.

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