Inseguridad: la Corte de la Provincia, contra funcionarios

Para los jueces, las críticas afectan su independencia
La Suprema Corte y la Procuración General bonaerense, los máximos estamentos de la Justicia provincial, denunciaron -a través de una acordada- que las últimas críticas realizadas por "altas autoridades" afectan "la independencia del Poder Judicial".

La resolución prescinde de los tecnicismos, propios del nivel académico, para cruzar las manifestaciones del ministro del Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Anibal Fernández, y del propio gobernador, Daniel Scioli, entre otros funcionarios quienes, en los últimos días se pronunciaron en forma crítica por algunas excarcelaciones resueltas en juzgados de Garantías del Gran Buenos Aires y por irregularidades en las formas de administrar justicia.

La controversia planteada en un nivel institucional de fuerte gravitación política, se desarrolla en medio de una creciente presión social por la inseguridad. Realidad atizada, incluso, por el anuncio del ministro de Justicia, Ricardo Casal, sobre la suba del 15% en la marca del delito en el Conurbano y grandes urbes de la Provincia, en el último registro de 2008.

La embestida de los gobiernos federal y bonaerense incluye la presunta flexibilidad de algunos juzgados para dictar prisiones domiciliarias con procesados considerados de riesgo.

Hace una semana, cuando la Cámara Penal de San Martín revocó el fallo del juez de Garantías, Nicolás Schiavo (había dado prisión domiciliaria a un acusado de violación), Scioli respaldó en público esa determinación. Acompañado de Casal, se refería a "una Justicia que con rigor, con firmeza" funcione "para que no se deje en libertad a los individuos peligrosos para el resto de la sociedad".

Ayer, los ministros de la Corte y la Procuradora, María del Carmen Falbo, dijeron: "Cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión".

Además, dijeron que "el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial".

"De tal manera -agrega el documento- no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial".

Fue firmado por la totalidad de los Ministros presentes, Juan Carlos Hitters, Luis E. Genoud, Hilda Kogan, Eduardo J. Pettigiani, Eduardo N. de Lazzari, Daniel Fernando Soria y la Procuradora.

¿Por qué un pronunciamiento tan explícito?. El propio enunciado de la acordada despeja las dudas: "Ante las manifestaciones públicas que, desde diferentes ámbitos vinculan los factores de la inseguridad ciudadana al desempeño del Poder Judicial de la Provincia, debemos adoptar y hacer pública nuestra posición".

En los últimos meses, resulta evidente que el avance del delito convulsiona a los tres poderes públicos, responsables de proteger vida y bienes en la sociedad. Y en ese punto se detiene la Corte, al resguardarse de la exclusividad del problema: "No es la Justicia la que ha sancionado las leyes a las que debe sujetar necesariamente su labor en un Estado de Derecho".

"Tampoco -cuestiona la acordada- ha generado condiciones sociales de marginación, las que corresponde sean prevenidas por la actividad ejecutiva y educadora, a la vez que promotora de los gobernantes".

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