Los casos se multiplican. Hay despachos en los que el malhumor por las medidas anunciadas es palpable. Y hay familias que atravesaron una semana para el olvido.

Es el caso de los Etchevehere. El jueves, el ministro de Agroindustria tuvo que devolver los $500.000 pesos que recibió del consejo directivo de la Sociedad Rural como compensación tras su mudanza a la función pública. Por estas horas, su hermano Juan Diego debería presentar la renuncia al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM): es el delegado de ese organismo en Entre Ríos, un puesto al que llegó mucho tiempo antes del arribo del ex titular de la Sociedad Rural, de la mano de Rogelio Frigerio.

El ministro del Interior es otro de los desahuciados por los anuncios presidenciales que prohíben la contratación de familiares en el Estado. Su mujer y su padre ya renunciaron a los cargos que ocupaban en el Ministerio de Desarrollo Social y en YPF, respectivamente. En su entorno, sin embargo, se preocuparon por quitarle dramatismo a la decisión de Mauricio Macri: al ministro, dicen, solo le preocupaba su hermana Ana, de Cascos Blancos, excluida del decreto por su condición de planta permanente del Estado.

Mientras escuchaba el pedido de disculpas de Jorge Triaca en la reunión de gabinete del martes, Guillermo Dietrich pensaba en cómo reorganizar la estructura del Instituto Argentino del Transporte que en estos días dejó acéfala su cuñado Juan Pablo Álvarez Echagüe, un ex sciolista que, según colaboradores del ministro, ocupaba un lugar clave: era uno de los nexos con gobernadores y municipios. "Creo que es una muy buena medida, pero es una gran cagada", se lamentó Dietrich ante un puñado de asesores por la salida del cuñado. Un delgado equilibrio. Igual que Pablo Avelluto, que emplea a su pareja en el Ministerio de Cultura y que durante una entrevista con El Cronista aseguró que no era lo más justo ni era de su agrado eso de "cortarle la cabeza a los familiares de los funcionarios". De todos modos, no tuvo más remedio que defender la medida.

Solo Mariano Larreta, hermano del jefe de Gobierno porteño y ajeno al empleo estatal, y Jacinta de la Torre, hija del ministro de Gobierno bonaerense -su secretaria privada hasta que María Eugenia Vidal imitó la medida del Presidente- se animaron a hacer público a través de las redes sociales el creciente malestar que existe dentro del staff oficialista por la batería de medidas anunciadas tras el escándalo vinculado a Jorge Triaca, que Macri tuvo que implementar para tratar de cambiar el eje de la discusión ante la oleada de voces que pedían la cabeza del ministro. El hermano de Horacio Rodríguez Larreta -su otro hermano, Augusto, es funcionario en la provincia de Buenos Aires- dijo que los anuncios eran "totalmente estigmatizantes". La hija de Joaquín de la Torre fue más directa: escribió, y luego borró, que la decisión del jefe de Estado era "una boludes" (sic).

El antídoto elegido por Macri y la Jefatura de Gabinete para tratar de subsanar el escándalo en torno a Triaca tal vez logre el efecto deseado de atraer a buena parte de la opinión pública hastiada por el nepotismo. Puertas adentro, sin embargo, el remedio también puede ser peor que la enfermedad. Al costo político que pagó el Gobierno por sostener al ministro -desde el debate por la Reforma Previsional de fin de año, el jefe de Estado perdió al menos unos ocho puntos de imagen- se suma un soterrado pero palpable malhumor interno.

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No solo por la veda a los familiares, una tarea que llevó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, a hurgar por estos días en el organigrama y que lo colocó frente a situaciones tragicómicas, como el caso de la ex mujer de un funcionario cercano del Presidente que le contestó que ya estaba divorciada y que, en todo caso, el decreto no corría para ella. El desembarco de Cambiemos en la Casa Rosada se dio con decenas de familiares que, por la letra chica del decreto de esta semana, quedarán exentos de la medida.

La decisión de congelar los salarios de los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado es otra de las medidas que causó cierto malestar interno, al menos en los funcionarios con finanzas menos abultadas. Algunos de ellos, según pudo saber este medio, ya plantearon sus discrepancias. Es una de las medidas que se maduró durante los últimos meses y que tuvo resistencia de varios de los despachos de la Casa Rosada.

Para colmo, también hay fastidio por la decisión de sacarles los autos oficiales a varios de los funcionarios que los necesitaban para trasladarse a localidades del interior. Les dijeron que, de ahora en más, lo tienen que hacer con sus autos particulares.

En esa línea, es una incógnita lo que hará la gobernadora bonaerense con los sueldos de sus ministros. En su entorno aseguran que esperará el resultado de la paritaria estatal. ¿Se aumentarán por debajo de lo que cierre el gremio provincial? Vidal tiene un problema: su salario -de algo más de $70.000 de bolsillo- y el de sus colaboradores es sensiblemente menor a los de Nación. Es paradójico, pero al inicio de la gestión la gobernadora había analizado aumentar considerablemente esos sueldos, idea de la que al final desistió.

Macri decidió sostener a Triaca por la tensión con el sindicalismo, porque se trata de un dirigente del PRO -distinta tal vez hubiera sido la situación de un extrapartidario- y porque en la mesa chica del Gobierno lo justificaron como un error y no como una irregularidad que merezca la expulsión.

El Presidente tiene suerte. Elisa Carrió, que hoy regresa al país tras un largo viaje con sus hijos y su nieta, y que en estos años le bajó el pulgar a varias decisiones y relaciones de su socio, ya la manifestó por teléfono a algunos de sus colaboradores que está satisfecha con el desenlace del caso Triaca.