Como un fantasma, la preocupación se extiende por muchos despachos oficiales y organizaciones de derechos humanos, y se relaciona de manera directa con el espíritu de fin de época que analistas y políticos coinciden en señalar como característico de la hora.

¿Sostendrán los próximos gobernantes la actual política de derechos humanos cuando lleguen a la Casa Rosada? ¿Se terminarán, junto con el kirchnerismo, los estrechos vínculos con organizaciones que lucharon contra la dictadura militar y están hoy vinculadas con el poder?

La respuesta no es sencilla y abre interrogantes. A principios de este mes, el secretario de Derechos Humanos y dirigente de La Cámpora, Martín Fresneda, presidió en Paraná una sesión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, y allí propuso que los representantes de todas las provincias firmaran una declaración en la que se comprometan a "defender las conquistas" en esa materia en el futuro, sobre todo en lo que hace a la búsqueda de justicia relacionada con lo ocurrido durante la última dictadura militar.

La declaración, firmada por unanimidad, denota la premura del kirchnerismo por sostener en el tiempo una política que le trajo buen rédito electoral y no pocas críticas por parte de dirigentes opositores.

"Los avances producidos en las políticas públicas de reconocimiento de los derechos humanos son patrimonio de todos los habitantes de la Nación y han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de la población", dice el texto, que aparece en el sitio web de la secretaría que conduce Fresneda.

Y agrega, de manera sugestiva, sobre la "importancia de defender esas conquistas y trabajar para su profundización, en el convencimiento de que ello es requisito indispensable para la democracia".

Con la presencia del ex juez español Baltasar Garzón -también estuvo el gobernador Sergio Urribarri en la inauguración del encuentro-, Fresneda y los ministros y secretarios de Derechos Humanos provinciales coincidieron en hacer un llamado "a quienes aspiren a dirigir los destinos de nuestro pueblo en los tres poderes del Estado para que asuman ese compromiso" de continuidad.

TENSIÓN Y POCO DEBATE

Como era de esperar, la reunión, que duró dos días de reuniones y debates, también tuvo momentos de tensión. Según dos de los asistentes, el catamarqueño Guillermo Díaz Martínez pidió que se "abriera el debate" y que se escuchara a representantes de distritos no kirchneristas para conocer sus opiniones. En clara minoría, Claudio Avruj, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno porteño (Pro), y su par santafecino Horacio Coutaz (PS) se mantuvieron en silencio, al igual que el representante de Corrientes, provincia gobernada por el radical Ricardo Colombi.

El clima, coincidieron los representantes consultados, no era propicio para generar un debate abierto. "Es un buen ejercicio preguntarles a los dirigentes que se abrazan con [Héctor] Magnetto [Grupo Clarín] qué políticas tendrán en derechos humanos si ganan en 2015", expresó vía redes sociales Julián Froidevaux, subsecretario del área en Entre Ríos, y organizador del encuentro, días después de lograda la declaración, LA NACION intentó comunicarse con Fresneda para conocer su opinión sobre el cónclave y el futuro de su área, pero no obtuvo respuesta del funcionario.

"Firmamos [la declaración] porque estamos convencidos de que en estos 30 años de democracia nuestra sociedad ha avanzado enormemente en la valorización de los derechos humanos y que tenemos que tender más y más a que los derechos humanos sea siempre un eje central en la acción de los gobiernos", dijo Avruj a LA NACION. De todos modos, el funcionario macrista abogó por "una política de memoria entendida en la valentía de formularnos nuevas preguntas que nos habiliten a volver a pensarnos, a reconocernos para construir un devenir".

APROPIACIÓN Y NEGOCIOS

No sólo el macrismo cree en la necesidad de "corregir" algunos puntos concretos. "Para mí, no hubo política de derechos humanos, sino apropiación de las banderas y los propios organismos para hacer negocios", fustigó Margarita Stolbizer (GEN). La diputada, que acaba de presentarse en la Justicia para que ésta revea la personería jurídica a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, afirmó que "hay que abandonar esta práctica de cooptación, ser respetuosos con los organismos, pero ir más allá de la lucha por la Justicia".

Adrián Pérez, referente legislativo del massismo, coincidió en que "hubo avances concretos en estos diez años, sobre todo en lo que hace a la búsqueda de verdad, justicia y condena a los responsables de las atrocidades de la dictadura. Pero hay que construir una nueva agenda que incluya a las comunidades indígenas, el derecho a la vivienda o la educación".

El dirigente massista coincidió con Stolbizer en la necesidad de "despartidizar la política de derechos humanos" e incluir en el futuro "a organismos y dirigentes no alineados, como Adolfo Pérez Esquivel". En el macrismo, por lo bajo, hablar de "reducir de manera drástica" los fondos que el Gobierno destina actualmente a instituciones y personalidades afines a su paladar.

El debate es aún incipiente, aunque los temores del Gobierno sobre cambios de políticas parecen tener, por lo menos en teoría, fundadas razones.

POSICIONES ENCONTRADAS

Martín Fresneda

Secretario de DD.HH.

"Los avances producidos en las políticas públicas de derechos humanos son patrimonio de todos los habitantes y permiten mejores condiciones de vida".

Claudio Avruj

Funcionario PRO

"En estos 30 años de democracia nuestra sociedad avanzó enormemente en la valorización de los derechos humanos. Una política de memoria tiene que tener la valentía de formularnos nuevas preguntas".

Margarita Stolbizer

Diputada Nacional (UNEN)

"No hubo política de derechos humanos, sino apropiación de las banderas y de los propios organismos para hacer negocios. Hay que abandonar esta práctica de cooptación"..