Inquietud entre los intendentes por el reparto de fondos

Hay una disputa subterránea con agrupaciones sociales que quieren administrar la ayuda.
El esperado flujo de dinero comienza a regar los municipios. Pero, aun así, los intendentes se mueven intranquilos. Se sienten aprisionados. Desde arriba, los acota al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Alicia Kirchner. Y desde abajo, los presionan los grupos piqueteros que les exigen paquetes cerrados de planes, bajo amenaza de enloquecer sus distritos. Esa es la realidad que cuentan los barones del conurbano que dialogaron con LA NACION durante los últimos dos días.

El cuadro de situación, dicen, es el siguiente: el gobierno nacional prometió desembolsar cerca de $ 1500 millones en los municipios que rodean la ciudad de Buenos Aires. Eso permitiría pagarles a 10.000 personas para que, integradas en cooperativas, trabajen en obras imperiosas. Pero los desafíos afloran en los detalles.

"El problema es que el plan es muy, muy complejo de gestionar y controlar", aclara uno de los intendentes que ya recibió los primeros planes. "El riesgo de que se desvirtúe es muy alto y se utilice para clientelismo", comentó. "A ver si le queda claro: Ishii [por Mario, el controvertido intendente de José C. Paz] y yo no actuamos igual."

Hasta la apurada caída del piquetero Emilio Pérsico como número tres del Ministerio de Desarrollo Social, las negociaciones de los "barones del conurbano" para obtener dinero bajo el paraguas del plan "Ingreso Social más Trabajo" se hacían con él. Y, llegado el caso, con Aldo Marconetto, un secretario de extrema confianza de Alicia Kirchner.

Durante las últimas semanas circuló la versión de que el diputado Dante Dovena podría encargarse de gestionar los planes a partir de diciembre, cuando concluya su mandato por el kirchnerismo. Nadie lo confirmó, ni el legislador respondió a las llamadas de LA NACION a su despacho.

Allí no se diluyen las incomodidades de los intendentes. Sienten que la Casa Rosada intenta sujetarlos con el dinero de esos planes, a la vez que les impone algunas organizaciones piqueteras para controlarlos. Todo, con objetivos políticos y hasta electorales: 2011.

Los grupos piqueteros expresan recelos similares, aunque opuestos: sienten que el Gobierno quiere subsumir a los intendentes con planes sociales, para desmembrar sus organizaciones y desperdigar a su gente en distintas cooperativas.

Los primeros desembolsos generaron algunos ruidos. En Almirante Brown terminaron en renuncias y dos auditorías desde el Ministerio de Desarrollo Social; también hubo traspiés en Lomas de Zamora.

El monto que se pagará a los cooperativistas es incierto. Desde el Gobierno se anunció que llegará a $ 1500 por mes, un intendente bajó esa cifra a $ 1300 y otro, a $ 1200, más allá de los abusos de punteros.

"Te anotás, cobrás $ 700 y te quedás en tu casa, no tenés que trabajar, y los otros $ 700 nos los quedamos nosotros", fue la oferta que, palabras más, palabras menos, le hicieron a una mujer de José C. Paz con la que dialogó LA NACION.

Al visitar Almirante Brown, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Paola Vessvessian, insistió en que los cooperativistas deberán "cumplir con ocho horas de trabajo". Criticó a "muchos malintencionados en los medios de comunicación que quieren que esto sea un fracaso o, como dicen algunos diarios, que este programa está lleno de clientelismo".

Para algunos intendentes, el desafío es cotidiano. "¿Cómo puedo controlar a los beneficiarios cuando un dirigente piquetero me aclaró en la cara que sólo la mitad de su gente va a trabajar y la otra mitad hará trabajos políticos? Le dije que no a su reclamo de planes y ahora me extorsiona con cortes de rutas", relató uno de los "barones".

Según detalla Desarrollo Social desde su página web, "para mayor transparencia, universidades nacionales realizarán el monitoreo del programa". Los jefes comunales no han recibido datos al respecto.

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