Una nueva usurpación de tierras se produjo en esta ciudad y llegó a la Justicia, conforme las denuncias presentadas por adjudicatarios de esos lotes ubicados en Chacra 28 y que aspiraban a construir sus casas mediante acceso a planes de viviendas o créditos subsidiados.

El nuevo episodio se suma a la ocupación de tierras del Ejército a la vera de la Ruta 48, ocurrido en marzo pasado y que desde entonces permanece en el lugar mientras también se sustancia una causa penal en la Justicia Federal.

La semana pasada, tres familias con unas 12 personas en total, varias de ellas niños de entre 3 y 7 años, se asentaron con construcciones precarias en terrenos de Chacra 28, en el área de expansión periférica de la ciudad.

Los ocupantes se asentaron en tres terrenos que, como se indicó, pertenecen a otras tantas familias que fueron adjudicadas para construir allí en el marco de planes sociales o créditos hipotecarios.

El caso es que los adjudicatarios, personas de humilde condición, también aguardan desde hace años el acceso a planes, por lo que los lotes están delimitados y con títulos pero deshabitados.

Allí levantaron precarias construcciones los usurpadores que, según confirmó el subcomisario Rolando Ortiz, son todas personas oriundas de esta ciudad. El funcionario policial dijo que se iniciaron las acciones de rigor a partir de las denuncias de los propietarios, con la intervención de la Justicia penal.

Los ocupantes ya fueron identificados e informados de que están incurriendo en delito, pero de momento siguen en el lugar. El espinoso asunto fue tema de reunión ayer entre las autoridades municipales y concejales del Acuerdo Político.

Asimismo, tomó intervención el Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, teniendo por telón de fondo la ordenanza que declaró la emergencia habitacional en esta ciudad, precisamente luego de la apuntada usurpación de tierras del Ejército, que en aquel caso incluyó a más de 80 familias. En mayo pasado y por primera vez, San Martín de los Andes aprobó una ordenanza de emergencia habitacional, en contraste con las declaraciones anteriores. La nueva norma en vigencia impulsa acciones concretas, tales como la enajenación de bienes municipales para comprar tierras; promoción de loteos privados con regímenes especiales; gestión para la incorporación de inmuebles de jurisdicción nacional y provincial a un banco de tierras municipal, y reactivación de un registro de demanda segmentado por necesidad y capacidad de pago, entre otros muchos alcances.