La Inmolación de Tartagal. Su tragedia es fruto de la destrucción del Estado Nacional.

La Muerte y Agonía de Tartagal. l incontenible aluvión que el lunes pasado arrasó Tartagal, tajo por donde la naturaleza herida se desangró enlodando sin piedad y cubriendo de desesperación a una ciudad desprevenida, representó -a modo de gredoso manto mortuorio- un acto más de la interminable tragedia que agobia a esa comunidad.
La otrora ciudad cabecera de unos de los polos industriales más importantes de la región y del país, asiste hoy a los estertores de sus exuberantes yungas floridas que en otro tiempo la adornaron, con flora y fauna subtropical de la que disfruté entrañablemente durante mi primera infancia en San Pedrito. Este genocidio natural no casual, sino causal, es fruto directo y catastrófico del sistemático desguace de su parque industrial y de la enajenación de sus recursos minerales. La perla del Departamento San Martín no sólo vive prisionera de su desgracia histórica, sino también de las compañías extranjeras que le vampirizan las riquezas de su subsuelo, de una clase política inepta, egoísta y sin futuro, de un poder provincial cómplice de ese latrocinio, mientras engulle insaciable las regalías que produce su riqueza petrolera y de un gobierno nacional con una política petrolera vacilante y errática.

En este presente aciago, Tartagal se ha transformado en el escenario propicio de la reacción devastadora de un paisaje natural que se niega morir sin defenderse y que involuntariamente la agrede, del mismo modo le chupan la sangre las multinacionales, los narcotraficantes, la corrupción de los funcionarios y la hipocresía política de los tecnócratas, en complicidad con la indolencia de ciudadanos sin conciencia, incapaces de defender lo suyo. Crónica anunciada, escenario dantesco y prueba irrefutable de un genocidio político, social y ecológico, que paradojalmente representa otro acto más de su agonía, luego de su muerte social.

Bueno es decirle al lector que la inmolación de Tartagal y de sus zonas aledañas fue perpetrada impunemente por el menemismo, cuando su política de privatizaciones resolvió la destrucción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Con la enajenación de la empresa nacional de hidrocarburos se le partió el espinazo productivo y laboral a una comunidad que había logrado, como modelo de desarrollo sustentable en la región, la exploración, explotación e industrialización de un mineral estratégico para el desarrollo autónomo de la nación. Desde entonces la tragedia de Tartagal, es la tragedia de YPF, signada por la destrucción del Estado y de sus economías regionales en los noventas.

La Devastación Ecológica

A fin de refutar a falacia esgrimida por el gobernador de responsabilizar a la naturaleza de la sistemática devastación ecológica de la región en los últimos 20 años, es necesario decir que resulta dolorosamente desmoralizador observar cuando el viajero llega al cruce de Pichanal, como el monte natural que tupidamente se erguía al borde de la ruta 34 ha desaparecido totalmente. A lo largo de un trayecto de más de 100 Km., es terrible constatar como la irracionalidad de la agricultura extensiva, estimulada por las transnacionales de granos, fertilizantes y agroquímicos, altamente contaminante por el uso irracional de estos venenos -taxativamente prohibidos por la legislación agraria del primer mundo-, sin planificación y sin ningún tipo de control por parte del Estado, ha desmontado sistemáticamente la selva chaco-oranense que hasta ayer soberanamente reinaba en el pedemonte salteño de esa región. Del mismo modo en que la naturaleza fue destruida por la acción incontrolada de intereses anónimos y extra-nacionales que nada tienen que ver con el pequeño productor, el campesino o con las comunidades aborígenes de la zona, la fauna también ha dejado de existir. Y las corzuelas, acutis, chanchos del monte, tapires, zorros, mulitas, vizcachas, pumas y demás especies vernáculas, que poblaban el lugar han desaparecido o se encuentran en serio proceso de extinción, en consonancia con la destrucción de su hábitat natural. A lo largo del camino, el paisaje se asemeja a un interminable desierto verde o parece una tundra amarillenta, si nos toca recorrerlo en épocas posteriores a la trilla, cuando el rastrojo cubre los campos.

Atendiendo al nuevo llamado de un país des-industrializado, de economía primaria y atado al monocultivo de la soja, segunda versión de república agro-exportadora (esta vez manejada por las multinacionales), la selva fue sistemáticamente sacrificada por las topadoras de los acaparadores de tierras, de los pooles de siembra y de los especuladores nacionales y extranjeros. Martínez de Hoz, Hargunideguy, Macri, (encubiertos por sus respectivos testaferros), junto a innumerables políticos vernáculos, son los más grandes.

También es importante acotar que expertos en el tema predijeron que otra hecatombe natural se avecinaba sobre la región, pero no fueron escuchados por el gobierno. Los dueños del poder y la partidocracia gobernante nada hicieron para evitarla, pues miran para otro lado cuando se trata de no afectar intereses ni inversiones que los comprometen. Dos cuestiones graves los inculpan: a) en 2007 hubo un incremento infame en las autorizaciones de tala, otorgadas por el anterior gobernador Romero, quien permitió que más de 400 mil hectáreas fueran desmontadas en la zona, sin que la gestión actual nada hiciera para detenerla; b) tratando de parar el genocidio de los bosques nativos se sancionó en 2007 una Ley Nacional de Bosques, de por sí un tanto ingenua en sus propósitos, ya que ordenaba una moratoria total de talas, hasta que cada provincia hiciera un inventario de bosques y regulara la actividad. Como complemento, estableció un fondo para premiar el mantenimiento de las áreas boscosas y otras nobles intenciones. La reglamentación de la misma aún está pendiente, cajoneada por el mismo lobby que antes demoró su sanción: los legisladores de las provincias donde ocurren estos desastres.

De ahí su infinita hipocresía, cuando públicamente se rasgan las vestiduras lamentando el drama. Como es sabido y a pesar de las advertencias que dejó el 2006 (cuando tuvo lugar el mismo fenómeno), no hubo respuestas, ni prevenciones por parte del poder y tampoco se concluyeron las obras mínimas de canalización del antiguamente denominado cañadón Seco. Sin la vegetación propia del lugar, la estructuras de las laderas se vuelven cada vez más inestables. Sin retención suficiente, se acelera el escurrimiento superficial. Con poca retención y excesivo escurrimiento, las crecidas no se regulan. Con grandes crecidas, no hay puentes ni caminos que resistan. El ecosistema es dinámico y se repone, pero ante la explotación descontrolada muchas veces no tiene capacidad de cicatrización para mitigar el impacto de copiosas lluvias en tan escaso tiempo.

Lo anterior genera lo que especialistas denominan el fenómeno de la "cárcava". La cárcava es una estructura en el suelo que se forma, antes que nada, por la ausencia de cobertura -pastos, árboles- que protejan al mismo del golpe de las gotas de lluvia. Destruido y lavados así los primeros milímetros del suelo, el agua acumulada va concentrándose en la zona más baja y empieza a correr por allí, ayudando a socavar más profundamente. Una vez quitada la primera capa, si se trata de un suelo mineral pobre en arcillas y en materia orgánica, el derrumbe de material es muy fácil y ocurre en cortes verticales. La cárcava es retrogradante, es decir, va zigzagueando y creándose a sí misma. La caída de agua dentro de ella excava el material que le permite crecer y avanzar y el aumento de tal trinchera engrosa el caudal que puede captar.

Entonces no es de extrañar que la crecida del casi siempre Río Seco o Río Tartagal, haya arrastrado a su paso el puente ferroviario y amenazado seriamente al carretero, cuando no encontró un escape en su descontrolado viaje por la pendiente. Como dejaron de existir las contenciones y absorciones naturales que la vegetación ofrecía, los deslaves y las crecientes se concentraron a lo largo del precario terraplén ferroviario aún existente en Villa Guemes. Cuando encontró la boca de salida por dicho cañadón, el puente voló en pedazos. Crítica situación ecológica que no sólo se manifiesta en Tartagal, sino que se extiende desde Aguaray hasta Embarcación. Si miramos este panorama trepando por los primeros faldeos del pedemonte de las sierras sub-andinas que por el poniente bordean la ruta 34, encontraremos situaciones similares. A lo largo de este circuito, las extensas propiedades utilizadas para la producción de citrus y el incontrolable saqueo de la explotación maderera, produjeron un destrozo similar a la tala sistemática de la vegetación natural. Esto fue el comienzo.

La Devastación del Estado y de las Tierras Públicas

Cuando el menemismo privatizó la administración norte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1992-1993, la zona fue licitada en 23 lotes y adjudicadas a diferentes consorcios nacionales y multinacionales del rubro. Obviamente toda la infraestructura, la cultura, los emprendimientos sociales, sanitarios y educativos que había construido la empresa nacional en el eje Vespucio-Mosconi-Campo Durán desaparecieron, del mismo modo que desapareció el trabajo calificado y el salario estable, cuando ese ramal productivo fue entregado al vampirismo de las privatizadas. De este modo las tierras oficiales fueron enajenadas y los pobladores, muchos de ellos antiguos campesinos y pequeños productores ganaderos que desde antaño libremente transitaban las sendas que comunicaban San Pedrito, Acambuco, Tablillas, Ramos y otras localidades aledañas, fueron expulsados de sus dominios. Los lotes fueron alambrados con púas y sus perímetros custodiados con guardias.

Nuestros coterráneos pasaron a ser seres extraños en sus propias tierras y una enorme masa de trabajadores se transformó en mendigos o cuentapropistas. Una vez en posesión de los predios, otra devastación siguió su curso. En el codicioso afán de encontrar petróleo a como dé lugar, el primer paso fue apelar al desmonte sin ningún tipo de control o sanción por parte del Estado. En esas tierras de nadie, las privatizadas no escatimaron ningún recurso para lograrlo. Si había que abrir picadas, caminos y contaminar arroyos y ríos, se lo hacía. Si había que cavar grandes zanjones para instalar oleoductos o gasoductos, se hacía. Si había que usar irracional e irresponsablemente explosivos para mover tierra y socavar las estructuras geológicas del suelo, se hacía. Al fin y al cabo esa tierra ya no era de los argentinos. Si había que dejar incontables y peligrosos socavones yermos del preciado mineral -sin señalizaciones ni avisos y colmados de desechos o aguas contaminadas- también se hacía, total si algún chaqueño (así le dicen al campesino de esa zona) se caía y ahogaba en esas profundidades, nadie reclamaría. Por otra parte, y en voz ya no tan baja, se sigue comentando que también el monte fue dinamitado para construir innumerables e ilegales pistas de aterrizaje demandadas por el narcotráfico creciente.

La naturaleza de esta zona no sólo fue agredida, sino asesinada impiadosamente. Y ese asesinato es producto de la desaparición del Estado y de YPF. El daño es irreversible y las consecuencias están a la vista. Esto explica porqué cuando llueve en los cerros orientales, los tartagalenses rezan, ya que sólo les queda encomendarse al Supremo. Pero como el proceso es creciente y acumulativo, los daños a la población son cada vez mayores. Y el próximo deslave, si esto no se para de una vez, no se llevará la mitad de Tartagal, como ahora, sino que arrasará toda la ciudad. Es importante acotar que el gobierno provincial fue informado de esta situación, pero la trama de influencias, coimas, fraudes y violaciones sistemáticas al pueblo y a los intereses de la región, con que se manejan estos nuevos encomenderos del petróleo, generaron un silencio cómplice que cubre de culpa a sociedad política salteña.

Por eso los estudiantes de la Sede Regional Tartagal, de la Universidad Nacional de Salta, en charlas informales proponían que el Departamento San Martín se segregara del despótico poder central salteño, erigiéndose en una nueva provincia. Ellos dicen que son inmensamente ricos, que están parados sobre una gigantesca bolsa de gas y de petróleo, de la cual fueron sistemáticamente despojados y que -además- están hartos de la ineptitud y corruptela de las intendencias que no los defienden. Ambas situaciones le depara al pueblo tartagalense una constante pobreza y abandono por parte de los poderes provinciales y nacionales, ya que son tratados como "kelpers" argentinos. Verdaderos "olvidados de esta tierra", parafraseando a Franz Fanon, que sólo sirven para que sus riquezas sean constantemente saqueadas. Los sucesivos piquetes y cortes de ruta lo dicen todo.

El desmantelamiento del ferrocarril público es el otro condimento imposible de ignorar en esta trágica historia. Su destrucción perjudicó enormemente a esta zona limítrofe de la nación, pues los productos que importan sus pobladores se encarecen en demasía por el costo de los fletes viales. Pero la conspiración de las privatizadas que controlan los peajes y se apoderaron de las rutas nacionales, las corporaciones de fabricantes y dueños de camiones y neumáticos, más el marcado desinterés del gobierno nacional por re-nacionalizar los ferrocarriles y reinstalar en la sociedad un sistema de transporte ecológico, no contaminante, barato y más seguro, perjudica a los más pobres y a las regiones periféricas del país. La frutilla de este amargo postre, fue la caída del puente ferroviario de Tartagal, el cual, obviamente, al igual que los ferrocarriles del estado, seguirá postrado.

Por último, si bien es lícito y necesario rogar a Dios, o encomendarse a la Virgen de la Peña, para que esta tragedia acabe, también es necesario que el pueblo de Tartagal oriente su acción y reflexión en la búsqueda de las verdaderas causas que ocasionaron este presente aciago. Es hora de que comiencen a recuperar lo que dolorosamente perdieron en 1993, cuando el polo petrolero más importante del norte del país se transformó en tierra de nadie, arrasada por las privatizadas. En función de la dolorosa coyuntura es lícito preguntarse ¿qué hacer?

Pensar, Reparar y Debatir

Si bien la asistencia y reparación dada a la población es imprescindible para recuperar condiciones mínimas de calidad de vida, no debemos olvidar que es un paliativo que no evitará colapsos naturales futuros. Si el 2005 fue un aviso del que pocos tomaron nota, espero que el 2009 sirva de punto de partida, no sólo para reparar lo destruido, sino para comenzar a imaginar un futuro diferente para la región.

Tartagal sólo podrá salir de la muerte civil que la condena a una agonía interminable, si su sociedad se pone de pie para debatir abierta y públicamente su devenir. En todos los ámbitos hay que comenzar por informarse de las causales del drama. Es hora que en escuelas y colegios se hable de aquello que se calla y oculta. Es hora de que en clubes sociales, deportivos, iglesias, sindicatos y reuniones abiertas se corra la voz y se descubra el velo de mentiras que oculta una realidad que ya ha golpeado dos veces a este pueblo.

En el marco de ese debate hay que comenzar a exigir la creación de una nueva empresa petrolera nacional, y la reinstalación de ella en la región, emulando a la vieja y querida YPF, fuente de progreso y desarrollo. Su correlato debe ser impulsar la restitución del Ferrocarril del Estado, como sistema de transporte alternativo. El paso siguiente debe ser rescindir los contratos y expulsar a las privatizadas, no sin antes demandarlas judicialmente por daño ecológico grave. Luego y sin descanso se debe suspender de facto y hasta nuevo aviso la concesión de tierras a las multinacionales de la soja y a los pooles de siembra, al mismo tiempo que debe suspenderse la explotación maderera descontrolada. Es un imperativo condenar a penas severísimas de cárcel inmediata a quien derribe un árbol, como lo hacen legislaciones del primer mundo. Es hora que el interés público y colectivo se imponga y predomine sobre las ambiciones particulares y las codicias personales.

En consonancia con ello, se debe bregar para reinstalar progresivamente a los campesinos y pobladores expulsados de sus tierras y establecer zonas de reservas ecológicas para proteger y reproducir la fauna en extinción. Asimismo, deben recuperarse las antiguas prácticas de agricultura conservacionista donde el campesino, "amichado" con la naturaleza, la protegía antes que someterla. Lo antedicho sólo será un compendio de buenas intenciones si no contamos con la decisión política de la sociedad, en consonancia con el auxilio de la ciencia, los avances tecnológicos y la formación de recursos humanos calificados.

Por lo mismo es hora que la sociedad civil de la región reclame enérgicamente la creación de una sólida filial de la Universidad Nacional de Salta, en la cual se abra una Facultad de Ciencias Naturales y Agrarias, con carreras como Geología, Minería, Biología, Ecología, Agronomía, Zootecnia y Veterinaria. Sus egresados, como ciudadanos responsables y comprometidos con su pueblo, su tiempo y su entorno, deberán emprender la tarea de aplicar los saberes científicos aprendidos para investigar y restaurar los daños ecológicos infligidos a los ecosistemas naturales y también culturales. Las Ciencias Exactas y la Arquitectura también son fundamentales para replanificar, reconstruir su infraestructura y reordenar un territorio que se ha desarrollado anárquicamente, al igual que una población condenada a la supervivencia primaria.

A su vez en el campo de las ciencias humanas y sociales no pueden estar ausentes de la región carreras como Antropología, Sociología, Ciencias Políticas, Psicología, Educación y Trabajo Social, entre otras, cuya función no sólo es ayudar a la gente a comprender y actuar en la sociedad en la que viven, sino que deben trabajar entramadamente con las ciencias duras y de la naturaleza. Los problemas son complejos y requieren de la complejidad de saberes interdisciplinarios. Las Universidades Públicas y gratuitas son el Estado y si pretendemos recrear el mismo, deben actuar como complemento cultural y formativo de la refundación productiva de la región.

La Educación y la Ciencia no son herramientas mágicas, sino variables dependientes de la acción política, de la economía, de las relaciones sociales y productivas, como así también del protagonismo de los pueblos. En consecuencia, el denominador común que debe orientar el proceso re-fundacional de la estructura productiva y cultural de la región, debe estar basado en un proyecto de desarrollo regional consensuado políticamente por la población, que lo encuadre y lo vincule en términos de igualdad y respeto con otras áreas de la provincia y obviamente del país. Debe atender relaciones e interacciones materiales y culturales con países hermanos como Chile Bolivia y Paraguay, fortaleciendo el MERCOSUR, en la marco de la patria grande latinoamericana. Dicho en otras palabras, lo que queda por hacer es arrancar de raíz las atrocidades heredadas del neoliberalismo, que como se puede comprobar en los medios, no sólo arrasó con los pueblos periféricos, sino que está tumbando las economías del primer mundo.

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