En medio de las ásperas discusiones por el Proyecto de Presupuesto 2008 y los proyectos complementarios como la Ley Impositiva, que incluye reajustes para el año entrante, como el Rural, donde ya hay varios críticas, el área urbana no es la excepción y ya hay quienes pusieron reparos.

Quien se sumó al reclamo fue el diputado del Frente Renovador, Pablo Garate. El legislador de la Sexta sección sostuvo que la iniciativa enviada por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, acarreará aumentos “que llegan al 1.750%”, a partir de las reevaluaciones previstas.

De acuerdo al texto del proyecto, el impuesto inmobiliario urbano, no podrá exceder el 75% con respecto al determinado en 2017. Sin embargo, ese valor, para Garate, puede generar varias consecuencias negativas. 

“Si el revalúo alcanza esta magnitud, ello repercutirá sobre muchos bonaerenses que comenzarían a tributar bienes personales y se produciría un aumento en las expensas y en los alquileres en términos proporcionales, puesto que los propietarios trasladarían los aumentos a los inquilinos”, apuntó. 

En la misma línea, el dirigente massista consideró que provocaría un aumento visible en el costo de sucesiones y escrituraciones “ya que todos los gastos que ello demanda están signados por un porcentual de las valuaciones”. Y, en paralelo, sostuvo que puede haber impactos en tarifas de servicios públicos, sujetas “al precio de las valuaciones fiscales o al del metro cuadrado edificado”.

Y las arcas de las comunas pueden sufrir la cuestión también. Garate sostuvo que se puede estimar “una baja en la recaudación de las tasas municipales y un detrimento en la prestación de los servicios”.

“Entendemos que la causa determinante de este problema radica en más de una década en la que anteriores gobiernos no cumplieron con hacer los revalúos de las propiedades, pero los contribuyentes no pueden pagar por ello y en una forma tan abrupta, me permito proponer un aumento gradual año por año y no un aumento tan brusco y en una sola vez como se quiere”.