Denuncias penales contra intendentes, declaraciones rimbombantes sobre expedientes y la advertencia de impugnar el fracaso de la labor parlamentaria en la designación de un fiscal, sumarán capítulos en la pelea por el recambio gubernamental del año que viene.
Todos los actores coinciden en que no es algo bueno judicializar la política pero, insisten por ese camino. Los juzgados suman denuncias de carácter político en los últimos meses que, en los mal denominados “años de gestión”, pasan desapercibidos pero en años electorales, como el que se viene, cobran especial relevancia.
El procesamiento del intendente de Goya, Gerardo Bassi, es la punta del iceberg que esconde un mar de fondo el cual complica los ya abarrotados juzgados, que deben distraer su tarea jurisdiccional habitual, para evacuar las urgencias electorales de la dirigencia política, tanto oficialista como de oposición.
En 2013 el capítulo judicial de las disputas partidarias se vivió en la definición contraría a la re-reelección de los intendentes que, aunque los propios actores no lo admiten, se llevó puesto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín, quien se jubiló tras votar en el histórico fallo que resolvió una duda constitucional al respecto. (Ver aparte).
Para la dirigencia justicialista que asistió al Congreso provincial del sábado, lo menos trascendente fue la elección del día de San José Obrero para dirimir, en internas, quiénes serán sus candidatos para cargos electivos. Deben elegir postulantes a la Cámara de Diputados Nacional, aspirantes a Gobernador y Vice, legisladores provinciales, intendentes y concejales.
Todos los pronunciamientos políticos del sábado apuntaron a descalificar el rol que cumple la ofensiva judicial contra el Jefe comunal de la segunda ciudad, lo que llamaron lisa y llanamente “persecución” que -para ellos- no tiene otra intención que generar una campaña de desprestigio contra un dirigente que puede retener la jefatura comunal de la segunda ciudad en importancia electoral de la provincia.
La contraofensiva justicialista fue anunciada en esa misma tribuna, los senadores de esta fracción impugnarán -tardíamente- la jura del fiscal de Instrucción de Mercedes, Adrián Casarrubia, por lo que consideran una designación ilegal, en razón de la sesión “especial” que celebraron el viernes 18 de noviembre, para rechazar sus pliegos. Plenario al que el oficialismo provincial considera nulo en forma absoluta.
Adrián Casarrubia ya tuvo su juramento de estilo, en ese acto fue reconocido por el fiscal general de la Provincia, César Pedro Sotelo, como fiscal legalmente constituido con todas las atribuciones, protecciones legales y estabilidad que le confiere la Constitución correntina.
Técnicamente para su remoción debe promoverse un juicio político que, debe iniciarse ante la Cámara de Diputados donde el oficialismo tiene mayoría suficiente para rechazar o girarlo al limbo de la “reserva en Secretaría”.
Esta opción dejaría el planteo como una suerte de espada de Damocles sobre el funcionario, como otras decenas de expedientes; algunos de cuales se convirtieron en abstractos por jubilación y otros casos por fallecimiento de los magistrados y funcionarios imputados.
El otro camino es la impugnación por vía de una demanda judicial de la toma de juramento, que se podría configurar en un conflicto de poderes que debería resolver el Superior Tribunal de Justicia, ya que un grupo de senadores plantea la nulidad de una decisión del Poder Legislativo. Una cuestión novedosa en razón de que son parte del poder al que proponen cuestionar legalmente.
Para el oficialismo, la cuestión Casarrubia es un debate cerrado. Posición que se fortalece con el hecho de que el Ministerio Público ratificó la validez del procedimiento al ponerlo en funciones.
Tampoco quedan afuera los jueces que respondieron al ser aludidos en acusaciones que hablan de parcialidad política en sus fallos, en especial, en las causas que involucran al intendente de Goya.
Las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial salieron al cruce de las acusaciones al manifestar su “profunda inquietud” y recomendaron plantear “la disconformidad con las decisiones judiciales”, a través de “los recursos que son actos de carácter técnico que realizan los abogados que intervienen en la causa, quienes también tienen obligaciones que cumplir para con sus defendidos y en el desarrollo de la causa, a la cual tienen acceso y pueden notificarse, es decir, tomar conocimiento de las decisiones que se registran en su desarrollo” y que “un juicio se desenvuelve con la participación responsable de todos sus operadores; jueces, fiscales, defensores, querellantes y los integrantes de la comunidad de trabajo, circunstancia que debe ser observada al momento de ‘juzgar’ las decisiones judiciales”.
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Fallo y retiro en el STJ
En 2013 la polémica político-judicial más potente fue la decisión sobre la imposibilidad de otorgar un tercer mandato consecutivo a los intendentes. Esa decisión, que frenó la candidatura de muchos postulantes tanto de Encuentro por Corrientes como del Frente Para la Victoria, provocó la salida del entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín (padre).
La determinación del máximo cuerpo judicial dejó en claro una disposición constitucional que no admitía exenciones, sin embargo hubo dirigentes que al no poder coronar otros cargos insistieron en una declaración de certeza, que se dirimió en contra de la re-reelección. Esto forzó a muchos aspirantes a hacer un enroque en las fórmulas y varios jefes comunales fueron como aspirantes a viceintendentes.
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