La inhabilidad moral será una causal para remover jueces

Reglamentan la destitución de funcionarios. El alperovichismo dictará hoy sendas leyes para reglar los procedimientos contra quienes están sometidos al juicio político, y contra aquellos que no. Polémica en puerta.
La Legislatura saldará una de sus viejas deudas con la Constitución provincial, y sancionará hoy una nueva ley reglamentaria del procedimiento de destitución de funcionarios públicos. Sin embargo, la norma será centro de una polémica en el recinto, al incluir entre las causales de remoción la figura de la inhabilidad moral.

En dos normas por separado se abarcará a quienes estén sometidos al procedimiento de juicio político en la Legislatura, y a los que no lo están. La primera disposición alcanzará al gobernador; al vicegobernador; a los ministros del Poder Ejecutivo; a los vocales y al Ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia; a los miembros del Tribunal de Cuentas y al defensor del Pueblo, todos ellos sometidos al control parlamentario. Por otra ley se incluirá a los camaristas, a los jueces, a los fiscales y a los defensores oficiales, cuya separación del cargo depende del Jurado de Enjuiciamiento.

La reglamentación está prevista en la propia Carta Magna provincial, aunque el plazo para haberla concretado venció en diciembre de 2006. La Constitución define el marco conceptual que debe imperar en todo pedido de destitución (sin distinción de cargos), y la ley es más precisa en las causales.

El artículo 47 de la Ley Fundamental dispone que sólo corresponde la remoción por "delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo". En el proyecto a debate se estipulan los casos concretos que justifican la sanción, casi todos copiados de la actual ley 6.374 y sus modificaciones (Ver "Conductas y cuestiones...").

La mayoría de las causales son similares para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, aunque para los magistrados se les agrega los actos de parcialidad manifiesta; la reiteración de irregularidades en un proceso; la intervención (activa o encubierta) en actividades político partidarias; la falta de independencia que lesionen su dignidad y su autoridad; el contraer obligaciones con los litigantes o con sus representantes, y el ejercicio del comercio o de la industria. Se puntualiza también que los incumplimientos o retardos deben ser injustificados para corresponderles el castigo (excepto los integrantes de la Corte).

Punto de discusión

El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales firmado por los oficialistas Antonio Raed, Marta Zurita, Reinaldo Jiménez, Carlos Canevaro y Sisto Terán suma como una nueva causal la inhabilidad moral, sin describir sobre qué comportamientos podrá alegarse tal figura. De ser aprobado, este punto podría ser sometido a revisión judicial, ya que en la Constitución reformada no aparece contemplada esta figura.

Los convencionales que sesionaron en 2006, de hecho, suprimieron el concepto de "desorden de conducta" previsto en la Carta Magna bussista de 1990. A partir de ese postulado, se amplió la Ley 6.374 y se identificó esos desórdenes con "cualquier actividad vedada o incompatible con la dignidad y autoridad" del cargo; con hechos que comprometa su independencia; con desarreglos de conducta o con actitudes, hábitos o adicciones que afecten la credibilidad y confianza pública.

Sin embargo, con la eliminación constitucional del criterio genérico, perdería base de sustentación la inclusión del concepto de la inhabilitación por actos inmorales. Además, hay fallos judiciales que ponen en crisis esa idea, como el debate en la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del rechazo del diploma de Antonio Bussi como diputado nacional (en su segundo mandato), que culminó con una sentencia favorable al ex gobernador.

El resto de la ley consiste en la determinación de plazos y del trámite procesal que se debe cumplir ante cualquier denuncia.

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