“Todos los técnicos aclaran que era medible, esperable y evitable el ingreso del río Salado a la ciudad y las consecuencias antrópicas de un cierre provisorio de las defensas. Las pruebas están. La gran diferencia es que llegamos a esta etapa con una perspectiva política diferente. Es como que se está reeditando la etapa de instrucción sin la presión de un gobierno inundador”. La frase pertenece a Jorge Castro, actor civil de la causa Inundación 2003, que investiga la responsabilidad penal del ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, y el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Marcelo Álvarez, por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas durante la inundación del río Salado de 2003, que anegó un tercio de la ciudad capital.

Esta semana, se inicia el tercer tramo de las audiencias testimoniales que –a modo descriptivo– se pueden dividir en dos: las técnicas, con un trasfondo pericial y las de los funcionarios, que marcan responsabilidades políticas. Sobre estas últimas, se refirió Castro: “Obeid, dijo que se enteró de la Inundación por los medios de prensa y que él inauguró una obra que no fue gestionada ni planificada en su gestión. No le insumió ningún comentario el hecho de que ocho meses después de inaugurada la obra de defensa tuvieran que hacerle un terraplén de 800 metros. Juan Carlos Mercier le echa la culpa a De la Rúa y se olvida que él estuvo dos veces al frente de la cartera de Obras Públicas. Berli está imputado en la causa y estuvo en ese ministerio ocho meses, pero Mercier que lo ocupó durante ocho años está eximido de culpa. Es realmente vergonzoso”.