Ingresó en Diputados el nuevo Código Procesal Laboral

Ley. Confirmando un anticipo de EL LIBERAL, el Ejecutivo informó que giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley surgido del trabajo desplegado por el programa Poder Judicial en Cambio.
Con la firma del gobernador Gerardo Zamora, el Ejecutivo giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, elaborado en el ámbito del programa Poder Judicial en Cambio. Desde el Gobierno se destacó que la reforma se inscribe en la vanguardia de la modernización técnico-procesal, presentando dos alternativas: única y doble instancia, "las que ponen de manifiesto el valor de nuevos conceptos y paradigmas que han modificado el mundo del trabajo y el empleo, exigiendo la adecuación de instrumentos normativos que contribuyan a consolidar una realidad social, política y jurídica distinta en la provincia".

En un detallado informe, el Gobierno explicó que el actual procedimiento Laboral, regido por la Ley 3.603, data del año 1971 (carácter predominantemente oral), mientras que las leyes modificatorias 5.481 y 5.662 (año 85) introdujeron la figura del juez de Conciliación y Sentencia, con un procedimiento de doble instancia y de carácter escrito, con una vía recursiva ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.

Hoy funcionan cuatro Cámaras Laborales en el sistema judicial santiagueño. La alternativa de doble instancia propone un Juzgado de Primera Instancia, una Cámara de Apelaciones del Trabajo y una Sala de Sentencia en lo Laboral y Minas del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En la alternativa de única instancia, habría un proceso oral con una instrucción escrita, con audiencias de conciliación y de vista de causa, ante un Tribunal de única instancia. Prevé una instancia recursiva de Casación e inconstitucional ante el STJ, de carácter restrictivo (no como una tercera instancia ordinaria).

Un aspecto destacado por el Ejecutivo, es que se produce una nueva instancia de modificación a un Código Procesal provincial, tal como sucedió con los ordenamientos procesales Civil y Penal y la ley del Ministerio Público. También se valoraron al programa Poder Judicial en Cambio, como un espacio para el pensamiento jurídico y social del que participan los tres Poderes, y el "genuino aporte", de la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados y funcionarios judiciales. La tarea es canalizada y catalizada por el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.

Institutos

La nueva legislación procesal prevé la incorporación de nuevos institutos: caducidad de la instancia, a pedido de parte o de oficio; revocatoria in extremis, para subsanar errores esenciales o evidentes que generan una injusticia notoria; depósito previo al recurso de casación; creación y reglamentación de un Tribunal Doméstico.

Desde el Gobierno se puso de relieve que en ambos proyectos (única y doble instancia) está de manifiesto el valor de "nuevos conceptos y paradigmas que hoy han modificado la realidad y que en consecuencia es necesario que los elementos formales sean adaptados a las nuevas necesidades".

De esta manera, concluyó en que se dotará a la legislación laboral de mayor eficacia y celeridad, "generando los cambios que permitan optimizar el servicio de justicia y la atención al justiciable".

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