El CAM ingresa en el complejo proceso de selección de jueces

La discusión respecto de quienes deben tomar los exámenes es uno de los asuntos clave. Según los representantes de los jueces inferiores, los magistrados de primera instancia no deben tomar las pruebas de oposición.
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) ha dado un paso fundamental con el establecimiento de los parámetros que regirán su funcionamiento interno (quórum, atribuciones del presidente, secretaría, etcétera). Pero la discusión que queda por adelante será más compleja aún, porque ahora hay que reglamentar el proceso por el que se seleccionará (mediante concursos públicos) a los interesados en cubrir los numerosos cargos vacantes en el Poder Judicial.

Durante la sesión celebrada el miércoles ha quedado de manifiesto, de entrada nomás, que tres cuestiones generan polémica: 1) la integración del jurado que evaluará la prueba de oposición escrita de los concursantes. 2) Determinar si los integrantes del CAM, como propone el estamento de los magistrados, fijarán los criterios de evaluación genéricos a los que deberá sujetarse el jurado. 3) La celebración de concursos múltiples cuando sean varias las vacantes en un mismo fuero e instancia.

En este último caso, la legisladora alperovichista Carolina Vargas Aignasse expuso sus dudas respecto del mecanismo que ha de utilizarse para conformar los quintetos de postulantes seleccionados que el CAM remitirá al gobernador, para que él, finalmente, elija a uno por despacho acéfalo (Ver "Advierten que...").

Discrepancias

Respecto del primer punto, la propuesta de Antonio Gandur, presidente del CAM, es que los jurados sean conformados a partir de las listas que envíen las universidades nacionales (estatales o privadas) de profesores titulares, asociados y adjuntos regulares, que hubiesen sido designados mediante concursos, así como de las nóminas de catedráticos eméritos y consultos. A estos habría que sumar las propuestas de las asociaciones de magistrados (de Tucumán y de la Justicia Nacional) y de los colegios de abogados.

Los representantes de los jueces esgrimieron que, teniendo en cuenta los requisitos que se exigen para los académicos, en el casos de los magistrados deberían ser vocales o fiscales de Cámara de esta capital o de Concepción. Y, respecto de los abogados, tendrían que ser los que acreditaran -como mínimo- 15 años de ejercicio profesional.

Gandur defendió la tesis de que por lo menos los académicos -y para mayor transparencia-, deberían ser de otras provincias. Sin embargo, se opuso decididamente a que sólo los camaristas pudieran ser jurados. "¿Y por qué no un magistrado de primera instancia? ¿qué se lo impide? A mí, por ejemplo, me parece que Carlos Arraya (juez en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación) es de los mejores en ese fuero", argumentó el representante de la Corte Suprema.

Vargas Aignasse reconoció que este puede ser uno de los temas centrales y en el que pueden plantearse "las diferencias más importantes". "La mayor garantía de transparencia sería que todos los miembros del jurado sean de afuera (sic). Garantizo que no habrá inconvenientes para afrontar los costos que esto puede demandar (viáticos, por ejemplo). Queremos que se jerarquice el CAM, que signifique un salto de calidad, así como reducir las posibilidades de impugnaciones o hasta de sospechas -aunque la palabra suene fuerte- sobre posibles relaciones entre postulantes y miembros de los diferentes estamentos del CAM", advirtió.

Marcelo Fajre, consejero suplente por los abogados de la capital, sintetizó cuál será el desafío del CAM en esta cuestión: "la suerte dependerá de que, en los concursos, sepamos combinar asepsia con celeridad".

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