Infractores de tránsito de Luján deberán ir a San Isidro

Una vez que se cree un tribunal especial para infractores, los lujanenses que cometan faltas en autopistas, rutas nacionales o caminos provinciales deberán viajar a San Isidro para hacer el descargo o conocer la multa que le aplicará un juez administrativo.
Todo conductor de Luján que sea infraccionado por violar normas de tránsito en autopistas, rutas nacionales o caminos provinciales dentro de este distrito como en el resto de la provincia, deberá viajar hasta San Isidro para hacer el descargo correspondiente o abonar la multa pertinente.

Luján quedó comprendido junto con otros 16 municipios (Baradero, Campana, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marco Paz, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate) dentro de la órbita del futuro Juzgado de San Isidro, encargado de atender caso de conductores que cometan infracciones.

Así lo estableció recientemente el gobierno de la Provincia mediante la publicación en el Boletín Oficial. También realizó la convocatoria para cubrir cargos al tiempo que quedó aprobado la confección de una única Acta de Infracción, bajo parámetros de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.

En el caso de los tribunales, estarán compuestos por un juez administrativo, un secretario y al menos un prosecretario. Además de San Isidro, los otros dos tribunales estarán en las ciudades de Dolores y Mar del Plata.

Para su puesta en funciones será necesario también la entrada en vigencia en la Provincia del sistema de registro para conducir por puntos que comenzaría a implementarse a fin de año.

Si bien se espera que Capital Federal adhiera a la Ley Nacional de Seguridad Vial para avanzar hacia la emisión de un registro único que evite que conductores de otras jurisdicciones cometan faltas sin ser sancionados, el gobierno bonaerense maneja sus propios tiempos para implementar el scoring. En ese sentido, el subsecretario de Gabinete, Juan Pablo Álvarez Echagüe, indicó a DIB que "en cuestión de meses" el sistema estaría en funcionamiento en territorio provincial.

El funcionario reconoció que para la implementación de un registro común hacen falta "cuestiones que requieren la adhesión de la Ciudad Autónoma", y si bien destacó que "la decisión política la tienen", aseguró que en la reunión no se hablaron de plazos.

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