Un informe periodístico sobre tareas de inteligencia en Tucumán generó revuelo

Un informe periodístico sobre tareas de inteligencia en Tucumán generó revuelo
El diario La Nación publicó ayer una nota advirtiendo sobre supuestas tareas de espionaje contra políticos opositores, sindicalistas y otros dirigentes por parte de la Policía local. Alperovich dijo que el matutino porteño “miente”. Se presentó una denuncia en la Justicia Federal para que investigue el hecho. Anuncian una movilización.
Una nota publicada ayer por el diario "La Nación" en la que se informó, a partir de testimonios de comisarios retirados de la Policía, que en Tucumán se realizan “tareas de espionaje contra políticos opositores, sindicalistas, militantes universitarios y hasta referentes culturales”, causó revuelo en la provincia y derivó en la presentación de una denuncia en la Justicia Federal.

El gobernador José Alperovich no ocultó su malestar por el informe, según el cual las tareas de seguimiento denunciadas estarían a cargo de efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal "D-2" de la fuerza provincial, que comanda el comisario Héctor Acosta.

"Es una mentira total, me da mucha bronca cuando un diario que se dice prestigioso miente así. Lo único que quieren es perjudicar a todos los tucumanos", sentenció el titular del PE en declaraciones a la prensa, durante una actividad oficial. En el mismo tono, el Gobernador expresó: "En Tucumán vivimos en democracia plena, jamás vamos a espiar, cada uno dice lo que quiere, a mí me dicen de todo y todas las mañanas doy la cara, con las buenas cosas y con lo malo. Jamás en mi vida se me ocurriría (espiar a) opositores, a credos, a sindicatos, al contrario", acotó.

Muy distinta fue la reacción de los sectores que, según la nota periodística, ocuparían la principal atención de los efectivos de inteligencia, entre estos el Polo Obrero, que es la rama sindical del Partido Obrero (PO), y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Desde la primera de esas organizaciones ayer realizaron una denuncia ante la Justicia Federal, reclamando que se investigue la veracidad de la información.

Según explicó el dirigente del PO, Daniel Blanco, este tipo de actividades "violarían la Ley de Seguridad Interior (número 25.520), que explícitamente prohíbe el espionaje interno".

La presentación fue realizada ante el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez, quien remitió la causa al fiscal de primera instancia Carlos Brito a los fines de que lleve adelante la investigación.

"La Ley de Seguridad Interior, en su artículo cuarto, inciso 2, prohíbe expresamente este tipo de actividades. La violación a esa prohibición está previsto y penado por el artículo 42 de esa norma, que es de orden federal", explicó Gómez a EL SIGLO.

Movilización

Amén de la presentación judicial, el PO coordinó con varias fuerzas políticas, sindicales y sociales una movilización que se realizará el próximo jueves, a las 10.00, desde los Tribunales Federales de calle Congreso y Las Piedras hasta la plaza Independencia, a los fines de repudiar las presuntas tareas de espionaje.

Desde el Frente Intersindical de Tucumán (FIT), que integran la CGT, la CTA, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS), Municipales del Interior y la CCC, entre otras organizaciones disidentes con la actual gestión de Gobierno, exigieron el inmediato esclarecimiento de los hechos denunciados. "El FIT repudia y denuncia ante el pueblo de la Provincia la conducta antidemocrática y nefasta del gobernador José Alperovich y de sus cómplices, el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, el secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella y de la D-2, Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán, a cargo del comisario Héctor Acosta, por el espionaje, inteligencia y persecución de dirigentes políticos, sindicales, sociales, gremiales, universitarios y culturales de nuestro medio; que no hace más que traernos al presente un reciente pasado que tiñó de sangre y muerte al suelo de nuestra patria", expresaron los dirigentes Jesús Pellasio (CGT Buenos Aires), Pedro Mamaní (CGT Laprida), Salvador Agliano (CTA), Vicente Ruíz (Municipales del Interior-CCC) y Adriana Bueno (SITAS), mediante una comunicación pública.

Desde el FIT advirtieron que "el Ejecutivo provincial, en violación de la Ley de Seguridad Interior, incurre en prácticas propias de la dictadura militar, por lo que demandamos al Gobierno de la Nación y a la Justicia Federal la defensa de nuestra integridad física y su inmediata intervención para el cese de los delitos en los que se encuentran incursos los denunciados". Los dirigentes también apuntaron que vienen "denunciando reiteradamente el autoritarismo y el desprecio del Ejecutivo provincial por los derechos y la libertad de los tucumanos y en especial el evidenciado hacia quienes ejercen funciones representativas".

Finalmente, exigieron "el inmediato esclarecimiento de los hechos que se denuncian y el cese del estado policiaco y de intimidación que el régimen alperovista pretende imponer en nuestra provincia".

Piden la presencia de López

Herrera en la Legislatura

El hecho denunciado por el diario La Nación también tuvo repercusión en la Legislatura provincial. El opositor José Páez (Democracia Cristiana) presentó un proyecto solicitando la presencia del ministro de Seguridad, López Herrera, en el Parlamento, a los fines que brinde explicaciones. "Ante la información aparecida el 3/09/12 en la prensa nacional, y por la gravedad de la denuncias allí efectuadas, mas algunas circunstancias acaecidas en los últimos días, se solicita citar al Ministro de Seguridad de la Provincia, conforme lo prescribe la Constitución provincial a fin de que informe a esta H. Legislatura en relación al seguimiento de dirigentes políticos, gremiales, sociales, universitarios y de jubilados y la participación en reuniones públicas o privadas y la confección de informes periódicos sobre las actividades de los mencionados", reza el escrito presentado por el parlamentario opositor. En su planteo, Páez exige que el funcionario responda sobre "qué normativa aplica la mencionada Dirección (D-2) y Secretaria de Seguridad para la realización de las tareas de inteligencia" y que "proceda a hacer entrega a esta Legislatura de las instrucciones impartidas para realizar las tareas antes mencionada, como así también los informes producidos con ese motivo y la nómina de del personal que intervino en esas tareas de inteligencia".

"Prácticas del proceso"

Federico Masso y Belén Gonzáles Romano, dirigentes de Libres del Sur y el Frente Amplio Progresista, expresaron su preocupación frente a las presuntas tareas ilegales de inteligencia. "Tienen que dar explicaciones frente a éstas prácticas propias de las épocas del proceso militar, cuando se perseguía y hasta se llegó a la desaparición forzada de personas por pensar distinto al gobierno de turno o simplemente por participar en lo social, la cultura o cualquier ámbito de nuestra sociedad", manifestaron los dirigentes en un comunicado de prensa.

Los opositores señalaron que "la salida no es negar una realidad evidente, cualquiera sabe que hay infiltraciones en los reclamos sociales, que se filma, sacan fotos desde el interior de la propia Casa de Gobierno y, aunque pareciera que el Ministro no se enteró; se hacen las 'esquelas diarias' sobre dirigentes sociales, políticos, gente del arte y la cultura o estudiantes; una práctica que emparenta a éste gobierno con Bussi, y que la sociedad toda ha condenado", concluyeron.

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