Informe oficial cuestiona la gestión del cobismo en OSEP

El gobierno de Jaque vuelve a apuntar a la administración de Cobos. Y denuncia que se hicieron compras, contrataciones y obras dudosas en la obra social. Dura réplica.
Camas hospitalarias que costaron 12 mil pesos cada una, pago de prestaciones que supuestamente no existieron, contratos e incorporaciones de personal que violarían la Ley de Responsabilidad Fiscal, sobreinversión generalizada en infraestructura.

Éstos y otros cuestionamientos e irregularidades son las que enuncia un informe interno de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) que llegó a los principales despachos de la Casa de Gobierno esta semana y se debatió en la reunión de gabinete del lunes pasado.

El autor de tales desmanejos, según la administración actual, no es otro que el cobismo, personificado en Marcelino Iglesias, quien también comandó la OSEP durante los cuatro años de la gestión de Roberto Iglesias como gobernador. El ex funcionario, hoy retirado de la actividad pública, defendió sus decisiones y aseguró que la suya fue una política de previsión y mirada estratégica "de la que hoy carecen" las actuales autoridades (ver aparte).

El crítico informe fue exhibido al gobernador, Celso Jaque, y sus ministros por el actual presidente de la obra social, Marcelo Costa, que asumió hace un mes y se elaboró en base a información que se ha recolectado este año, durante la gestión interina de María del Carmen Leiva.

En realidad, el objetivo de la exposición ante el gabinete era explicar el presente de la OSEP y también justificar que se destinaran más de 100 mil pesos a pagar la fiesta de fin de año para los empleados (que finalmente el viernes se decidió que sea costeada por estos).

Con el gasto en la fiesta como detonante, luego de que este diario difundiera la noticia el viernes 14, en el Gobierno volvieron a mirar hacia la gestión anterior, como ya había pasado al inicio del mandato de Jaque, y se apuntó al hombre que Julio Cobos heredó y ratificó al frente de la OSEP.

Consultado sobre el informe, Costa aseguró que durante la gestión cobista "hubo al menos negligencia. Había mucha plata y, en vez de hacer algo más popular, como reducir los coseguros que pagan los afiliados, se prefirió hacer grandes inversiones no siempre justificadas. Se han detectado desprolijidades y desidia en muchas de las cosas que se hicieron. Si hubo negociado o no lo dirá la Justicia".

Los cuestionamientos del gobierno peronista a su antecesor, son entre otros, los siguientes:

Hospital El Carmen. No está habilitado; en diciembre pasado se había pagado el 87% de la ampliación y refacción, cuando en realidad se había ejecutado el 60%; no se previó la construcción del área de apoyo (baños, estar y cambiadores) para el personal ni el área de comedor; todas las modificaciones que se hicieron por falta de previsión demoraron la obra y se pagaron 500 mil pesos de más.

Además, se compraron 44 camas electrónicas con control remoto que costaron 12 mil pesos cada una (cuando su valor de mercado oscila entre 7 y 9 mil pesos en los comercios de Mendoza) y que son más grandes que las habituales (2,20 en lugar de 2 metros) por lo que dificultan el ingreso de las camillas a las habitaciones. Hay denuncias en Fiscalía de Estado y en la Justicia al respecto.

Sanatorio Fleming. Tampoco está habilitado y en diciembre se había certificado (es decir pagado) un 92% de la obra y el avance real era del 60%. Se tuvo que modificar lo construido por no cumplir la normativa vigente.

Laboratorio. Se acordaron comodatos para los autoanalizadores de las sedes El Carmen, San Martín, San Rafael y Maipú.

Los contratos preveían la compra en exclusiva de los reactivos a la empresa que ponía el equipamiento "pagando sobreprecios de entre dos y cuatro veces respecto de los valores de mercado" sin que el equipamiento quedara para la obra social al terminar el contrato. Además, se cuestiona que los equipos de las delegaciones procesan 300 muestras de sangre por hora, cuando no se toman más de 50 por día, por lo que bastaba con otros de menos capacidad.

Edificios. Se compró un inmueble de 1.300 m2 en calle Salta por 500 mil pesos cuando la obra social contaba con terreno propio en calle Perú de 900 m2. Se objeta que cuando se inauguró el edificio, los ascensores no funcionaban porque no estaba tramitada la conexión de luz definitiva (era de obra).

Esta situación, a pesar de que pasó más de un año, aún se mantiene. Se sostiene también que hubo una inversión inmobiliaria exagerada en las delegaciones, que no se justifica por el movimiento que tienen y la cantidad de profesionales que atienden allí. Por ejemplo, dicen, hay más consultorios odontológicos (cuyo costo de instalación es muy alto) que los necesarios.

Prestaciones inexistentes. Se pagaron, a una empresa de emergencia, servicios de traslado de pacientes que nunca se hicieron.

Personal. A pesar de la prohibición de la Ley de Responsabilidad Fiscal (que limita los aumentos en erogaciones de personal en los períodos previos a una elección y a un cambio de gobierno), se contrató entre el 1 de junio y el 10 de diciembre de 2007 a 140 personas y se pasó a planta permanente a 66 empleados.

Además, se asegura que la OSEP pasó de 1.500 a 2.800 empleados en los ocho años de Iglesias. También se detectaron incompatibilidades horarias de algunos médicos contratados: no podían cumplir con todos los trabajos que tenían.

Medicamentos. Se investigan faltantes en el inventario tanto de insumos médicos como de remedios para pacientes crónicos (oncológicos, dialisados y diabéticos). No se ha podido determinar con exactitud la cantidad y hay denuncias penales.

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