hía Blanca resultó un verdadero agujero negro para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Allí se durmieron durante años las fiscalizaciones contra las sociedades que emitieron facturas truchas para Lázaro Báez y se intentaron acomodar los papeles para que esa operatoria multimillonaria nunca saliera a la luz, según surge de un informe de auditoría interna de la propia AFIP cuya copia obtuvo LA NACION.

Ese informe detectó múltiples "irregularidades" en las fiscalizaciones, que registraron una "demora injustificada" que no fue casual. Sirvió para proteger durante años al presunto testaferro de la familia Kirchner. Y evitó que la justicia de esa ciudad y los tribunales federales de Comodoro Py pudieran avanzar sobre el posible "delito precedente" para las supuestas maniobras de lavado.

Identificado como "informe preliminar de auditoría interna" y fechado a fines de octubre pasado, el informe se centró sobre lo ocurrido dentro de la División de Fiscalización N° 3 de la Regional Bahía Blanca de la AFIP desde mediados de 2011 en adelante, y provocó desde entonces un terremoto institucional dentro y fuera del organismo tributario.

¿Por qué? Porque provocó el desplazamiento de los primeros sabuesos y el cierre temporario de esa regional, como también una ofensiva del kirchnerismo sobre el juzgado federal de esa ciudad, según surge de documentos oficiales y testimonios en expedientes judiciales a los que accedió LA NACION.

El informe de la Subdirección General de Auditoría Interna de la AFIP se centra en particular en lo que hizo -o dejó de hacer- la "línea" sobre Grupo Penta SA y Calvento SA, dos sociedades de la familia bahiense Ficcadenti, que proveyeron facturas truchas a Austral Construcciones y a Constructora Patagónica Argentina, que a su vez también le facturó millones a la empresa de Báez, tal como LA NACION reveló en octubre de 2014 tras una investigación durante los anteriores diez meses.

Las conclusiones de los auditores son elocuentes. La primera, la "excesiva dilación de los tiempos insumidos para analizar si la firma Calvento SA correspondía ser incluida en la Base E Apoc", es decir, el listado oficial de usinas de facturas apócrifas de la AFIP. La segunda, "demora injustificada en la tramitación de la OI" sobre esa misma sociedad bajo sospecha, es decir, la "orden de intervención" de los nuevos sabuesos que asumieron el caso.

¿La tercera y última conclusión? "Irregularidades en las tareas de control diligenciadas para evaluar si la firma Grupo Penta & Cía. SA ameritaba ser considerada una usina dedicada a la venta de facturas apócrifas y, en consecuencia, la falta de definición respecto de su efectiva inclusión en la base [E Apoc] respectiva."

Esas demoras fueron deliberadas, según da a entender el informe, en el que se alude siete veces como beneficiaria a la empresa Austral Construcciones, al punto de incluir "Austral" entre las "palabras clave" del informe junto a "demora", "plazos", "dilación", "apócrifa", "usina" y "base e apoc", entre otras.

Para eso, los auditores desarrollaron una "contraverificación", es decir, analizaron cómo actuó el grupo de sabuesos que se encargó de cada fiscalización u "orden de intervención" sobre esas usinas de facturas truchas, cuyos dueños denunciaron que sufrieron el "robo" de toda la documentación contable, justo cuando se desataba la tormenta.

Las falencias

Aún así, los auditores detectaron falencias. Entre otras, que en el caso de Grupo Penta "no consta que se analizara la operatoria documentada con la firma Austral Construcciones SA (una de las principales clientas de la fiscalizada, según informó esta última), lo cual resulta llamativo".

En la práctica, la inacción deliberada de los nuevos sabuesos implicó que "se habrían omitido controles", alertaron los auditores. Entre otros:

"Falta de análisis de la operatoria con la firma Austral Construcciones".

"No se solicitó a la fiscalizada que justifique su capacidad operativa (mano de obra, maquinaria afectada)".

"Falta de tareas tendientes a la localización de la planta laboral declarada y/o relevada".

"No se solicitaron a los clientes de la fiscalizada los contratos que regularan la adjudicación de obra pública y la forma en que se instrumentaron los pagos efectuados".

"No se solicitaron a la proveedora Stekli elementos que acreditaran la efectiva disponibilidad de los bienes cedidos en locación a la fiscalizada".

"No se solicitó la intervención de peritos idóneos en la materia, a efectos de que diligenciaran tareas tendientes a ponderar la efectiva tramitación de la obra [en teoría desarrollada por Penta para Austral Construcciones], el grado de cumplimiento de lo convenido contractualmente, la posibilidad de llevar adelante la misma con la maquinaria relevada y el personal que resultara utilizado por la proveedora, y la valoración económica de la obra en relación con los montos facturados".

Con ese informe en sus manos, la cúpula de la AFIP deberá evaluar si se inician sumarios internos sobre toda la "línea" involucrada en las "irregularidades".

Desde el inspector y el supervisor, al jefe de la división fiscalización, los responsables de la regional, e incluso sus superiores en Buenos Aires, colaboradores del entonces titular, Ricardo Echegaray.

Pero aun si la AFIP no les iniciara sumarios a todos los involucrados, el informe llegará a la justicia de Bahía Blanca, que ya pidió una copia.