Informe especial: la agenda de la legislatura bonaerense, entre las urgencias políticas y los anhelos de gestión

 Informe especial: la agenda de la legislatura bonaerense, entre las urgencias políticas y los anhelos de gestión

La segunda mitad del año tiene varios proyectos claves para el futuro del gobierno de María Eugenia Vidal. El presupuesto aparece como el más inmediato, y que podría incluir el cambio de autoridades de la cámara baja. La policía local y la división de La Matanza, otros temas “picantes”. Las negociaciones con los bloques opositores, en marcha.

Por Diego Lanese

 

Con una imagen positiva que sorprendió a sus propios funcionarios, estos meses de gestión fueron una verdadera prueba para María Eugenia Vidal. Los problemas económicos que vive la provincia de Buenos Aires, el aumento de la conflictividad social y gremial y las internas políticas que atraviesan su gabinete fueron motivos de tempestades, que hasta ahora la funcionaria “capeó” con astucia. Pero el equilibrio es delicado, en especial en sectores como le legislatura, donde tejió acuerdos de gobernabilidad con opositores, pero que a medida que se acerca el año electoral parecen volverse más débiles.

El control de las cámaras llegó de la mano de un acuerdo de “convivencia pacífica” con el Frente Renovador. Para esto cuenta con el apoyo de los radicales, sus socios formales en Cambiemos, aunque en la práctica funcionan más como sostén simbólico, porque los espacios de poder entregados por el PRO son realmente escasos. Esto, sumado al acercamiento del GEN –en especial por la buena relación de Vidal con Margarita Stolbizer –resolvió cualquier tensión que pudiera haber en la legislatura. Además, el peronismo en reconfiguración guarda sus cartuchos para pelear puertas adentro.

Así, la primera mitad del año Vidal logró leyes claves, entre ellas la emergencia administrativa. Ahora, para lo que queda del año, deberá afinar la negociación para definir proyectos claves, que pueden torcer el rumbo de su gestión. El principal que aparece en el horizonte es el presupuesto, que será una prueba pare el secretario general del gobierno, Fabián Perechodnik, encargado de dialogar de forma directa con los bloques. Además, otros como el de división de La Matanza  no tendrán efecto sobre la gestión, pero tienen un fuerte contenido político, en especial pensando en las legislativas del año pasado. La seguridad, que marca el ritmo de los problemas de la Provincia y amenaza con licuar cualquier tipo de poder del ministro más protagonista del escenario bonaerense (hablamos de Cristian Ritondo), tendrá su lugar en la discusión del traspaso de la Policía Local, reclamada por intendentes. Política del Sur armó una muestra de la agenda legislativa que viene, las negociaciones y su posible impacto en el escenario bonaerense.

La batalla del presupuesto

Cada año, en cualquier gestión, la aprobación del presupuesto es una verdadera batalla política. Esta vez no será la excepción. Vidal está elaborando su primer proyecto integral, y debe acordar con los bloques un tratamiento rápido, que la aleje de cualquier polémica. En estos días se comenzaron con los encuentros informales, y trascendió poco sobre los números que maneja el gobierno, pero como ocurrió con el endeudamiento, parecen estar atados a una proyección económica nacional optimista.

La primera negociación que debe cerrar Vidal es con Mauricio Macri. En estos momentos se define los aportes que hará Nación para garantizar las cuentas de Provincia, un recurso político que tensó muchas veces la relación de Daniel Scioli con Cristina Fernández de Kirchner. Para evitar este “mal ejemplo”, como suelen decir los funcionarios en La Plata, buscar que la negociación de “lo más abierta posible”.

Además, resta definir lo que sucederá con un nuevo endeudamiento, los fondos municipales que se girarán a intendentes y la cuestión impositiva.

Según revelaron varias fuentes, hace unos días los ministros Federico Salvai (Gobierno) y Hernán Lacunza (Economía) recibieron al vicegobernador, Daniel Salvador; al presidente del bloque de Cambiemos en el Senado, Roberto Costa; a su par de Diputados, Jorge Silvestre; al vicepresidente de la Cámara baja, Manuel Mosca; y al titular de la comisión de Presupuesto de Diputados, Marcelo Daletto. Allí se delineo la estrategia a seguir para lograr la aprobación, para lo cual es clave lo que haga el massismo y una parte del peronismo, que rompió con el Frente para la Victoria. En este contexto, según pudo saber Política del Sur, se acordó usar una “carta clave” en la negociación: la posibilidad de cambiar las autoridades de la cámara baja. La presidencia de Jorge Sarghini podría ser moneda de cambio, lo mismo que las vicepresidencias. A tentar, los peronistas no K, y algunos sectores del Frente Renovador que no apoyan al actual presidente.

En esta negociación, los intendentes tendrán poder de voz, y de veto. Para eso, los alcances que tenga el Fondo del Conurbano serán clave. Los jefes comunales sueñan con que se incorpore a la proyección de gastos el 10 por ciento de Ganancias original para ese fondo, una suma que rondaría los 30 mil millones de pesos. Lo más cerca de ese valor asegurará una negociación tranquila.

En medio de las discusiones, los gremios estatales anunciaron que quieren ser parte de la cuestión, y ya comenzaron a movilizarse al respecto. Fuentes sindicales le dijeron a Política del Sur que habrá una movilización esta semana, en el marco de un paro de ATE “donde todos los gremios vamos a decirle a los diputados y senadores que serán parte del problema si aprueban un presupuesto que no contemple nuestras demandas”.

Por esto, ATE ya realiza encuentros informativos con su dirigencia para que se tenga encuentra en la proyección “la situación de los trabajadores”.

División territorial

La división de La Matanza y otros distritos de peso en el conurbano bonaerense se metió en la agenda legislativa casi sorpresivamente. No fue un tema que se haya dialogado ni que fuera una prioridad de Vidal, pero de la mano del GEN –nuevo aliado del oficialismo –comenzó a circular en los pasillos de la legislatura. El legislador Marcelo Díaz aparece como el vocero de la movida que tiene el visto bueno del oficialismo provincial, y bajo la escusa del “mayor control social y una mejora de los servicios para los vecinos”, ataca el corazón del peronismo provincial, con efectos más políticos que de gestión.

El proyecto establece la creación de cuatro distritos sobre el territorio que actualmente ocupa el municipio de La Matanza: Los Tapiales, Gregorio de Laferrere, Juan Manuel de Rosas y La Matanza. Si bien se desliza que el proyecto recién podrá ser sancionado en el 2017 (para aplicarse a partir de las elecciones municipales en 2019), no descarta que genere discusiones este año.

Ante esta situación, el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Jorge Silvestre, opinó que la medida permitirá al Estado “estar más cerca de la gente”, marcando un apoyo explícito a la medida. “El tema tiene diferentes niveles de discusión. Nosotros creemos que con la factibilidad económica de infraestructura, hay que avanzar en la división de este distrito por las características demográficas”, precisó el legislador oficialista

hasta ahora, el peronismo se mostró cauto, y no quiere hablar demasiado del tema. Desde el kirchnerismo, el diputado provincial José Ottavis salió al cruce de la propuesta de dividir el municipio más populoso del país, y dijo que se trata de una intención oficial de “tapar el desempleo y el hambre”, llevando la atención a otro ámbito.

Como publicó recientemente Política del Sur, para que el PRO pueda desguazar la Matanza necesita al Frente Renovador y el massismo ahora no parece estar muy convencido de acompañar esta iniciativa. Durante la semana lo planteó ante la sociedad a través de los medios Sergio Massa, pero tras reuniones y cruces, el diputado provincial Julio Rubén Ledesma fue quien se encargó de comunicarlo: "La Matanza no está en condiciones de ser dividida. Primero hay que corregir los bolsones de pobreza, la falta de viviendas, hay que poner salud, porque los hospitales están abandonados, y arreglar las escuelas. Con esto no se puede andar repartiendo pobres, ricos y medios pobres para un lado y el otro".

En diálogo con  Política del Sur, el diputado provincial del mismo espacio por San Martín, Rubén Eslaiman coincidió con Ledesma: “Para dividir un Municipio tenemos que recibir un informe detallado de las factibildiades económicas, de cómo quedan los hospitales y las comisarías por ejemplo. Esta no puede ser una medida electoralista porque se tiene que saber cómo queda el PAMI, el ANSES y qué Municipio tiene agua corriente y gas natural y cuáles no. No podemos dividirla  así porque sí y además el Justicialismo no estaba representado en el proyecto y cómo no va a estar presente el partido que gobierna el Municipio”.

Policía local

La seguridad es uno de los temas más complejos de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en Lanús, donde los asesinatos recientes calentaron una situación que viene de arrastre. En la legislatura, la iniciativa de los intendentes genera bastante discusión, pero por el momento no aparece la voluntad de tratar una ley que podría cambiar la relación de los distritos con la policía. Si bien la mayoría de los bloques parece estar de acuerdo, la pelea que tiene Ritondo con algunos sectores de la Bonaerense hace que la posibilidad de cambiar algo de la estructura actual sea compleja.

En este reclamo, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, juega algunas de sus fichas para ser el conductor de un grupo de peronistas que buscan la forma de reacomodarse al nuevo escenario. El proyecto propone regular el traspaso de la Policía de Prevención de la Provincia a los municipios, transfiriéndoles sus competencias, funciones y servicios policiales, junto al patrimonio y los bienes de ésta Fuerza. Además, plantea la creación de un fondo específico que será distribuido entre las comunas para solventar sus gastos. “El escenario que veo es hoy, veremos cómo transitamos este año en mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos”, reconoció el jefe comunal lomense

 

Fondos para infraestructura

El cambio de gobierno trajo algunos problemas en materia de gestión, en especial el parate en materia de obra pública. Este año los fondos para infraestructura fueron escasos comparados con otros años, por lo que se encomendó al ministro de Infraestructura, Edgardo Censón, la creación de un mega plan de inversión, que se extienda en el tiempo y que lleve la aprobación de la legislatura.

El proyecto tiene metas muy elevadas: el gobierno quiere ejecutar 1.300 obras, que crearán 33.600 puestos de trabajo. Para esto, se invertirá 22.800 millones de pesos, cuatro veces más del presupuesto de 5 mil millones para Infraestructura que proyectó en 2015 Daniel Scioli. Vidal prefiere avanzar de a poco e ir sobre los temas más sensibles de los 16 millones de habitantes: rutas, agua potable y obras hídricas para evitar inundaciones. Hoy informará sobre el avance de 40 obras hídricas en esta capital, programadas tras las inundaciones que dejaron más de 89 muertos en 2013.

En la negociación, se espera que la posibilidad de lograr mejoras en los distritos seduzca a todos los sectores políticos. El proyecto irá de la mano de una nueva ley de obra pública, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo aún está siendo debatida en comisión. El encargado de impulsar el debate de la iniciativa en la Cámara de Diputados es el diputado de Cambiemos César Torres, presidente de la Comisión de Obras Públicas, que en diálogo con Semanario Parlamentario fundamentó los motivos por los que es necesario sancionar el proyecto. “Creímos que éste iba a ser el último año que gobernábamos con emergencia y que la Provincia tenía que tener una ley sana que garantice transparencia en la obra pública”, sostiene el legislador de la Primera Sección Electoral para fundamentar la necesidad de avanzar en el tratamiento de una nueva ley que organice la actividad.

“En la provincia de Buenos Aires nos encontramos con 16 mil viviendas sin terminar. Y digo que es doloroso porque uno de los problemas más grandes que tiene la Provincia es de vivienda, más allá de otras gravedades espantosas como es la falta de agua y cloacas; estamos trabajando muchísimo sobre eso”, agregó el legislador.

Legisladores discuten por el blanqueo

La ley de blanqueo de capitales es una de las jugadas más ambiciosas del gobierno de Mauricio Macri, que busca generar la hasta ahora escasa “lluvia de inversiones”, y que muestre un impulso a una economía estancada y en problemas. Su aprobación y puesta en marcha es uno de los puntos de mayor tensión puertas adentro del oficialismo, y para su éxito de cómo “jueguen” las provincias. En Buenos Aires, varios plenarios de comisiones discutieron la iniciativa, que podría impulsar la gestión de María Eugenia Vidal, dándole aire en materia financiera.

“Los diputados y senadores plantearon sus diferentes miradas, entendiendo que es una ley que tuvo un intensísimo debate en el Congreso Nacional”, señaló la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, Malena Baro, en cargada de llevar la discusión a la legislatura.

Por su parte, el diputado y titular de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marcelo Daletto, ratificó la voluntad de generar consensos para que la Provincia suscriba a la Ley Nacional de Blanqueo de Capitales. “Estamos trabajando sobre la base del proyecto del Ejecutivo y sobre todas las posiciones expuestas en la comisión”, aseguró.

La Ley Nacional 27.260 estableció un régimen de declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional, extranjera y otros bienes ubicados tanto en el país como en el exterior. Quienes se adhieran a este régimen de blanqueo quedan liberados del pago de los tributos que hubieran dejado de abonar; de los intereses, recargos o multas generados; y de toda acción penal que pudiera corresponder, de acuerdo al bien blanqueado. El artículo 49 de esta ley nacional invita a las provincias a adherirse a este régimen.

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