INFORME DE LA RED DE DIARIOS: SE CUMPLIO LA CONTINUIDAD ENTRE BUSTI Y URRIBARRI

Medir el último año no alcanza para definir los lineamientos del Gobierno en materia de control de gestión 3 En este aspecto se cumplió la “continuidad” de la que habló Urribarri en campaña • La Oficina Anticorrupción cuenta sus últimos días, sin ley que la contemple y sin lograr un Código de Ética Pública

No fue tema de la campaña electoral ni mereció mención alguna en el discurso de asunción ni en los mensajes ante la Asamblea Legislativa.

El control de la gestión pública, hoy por hoy, se rige por los instrumentos previstos por la organización institucional entrerriana, desde 1933 a esta parte.

Planteado como “continuidad” de la gestión de Jorge Busti, el mandato de Sergio Urribarri, iniciado en diciembre de 2007, no trajo novedades a la política en materia de control.

Esta continuidad con la que se posicionó el actual gobernador al asumir, aconseja mirar el proceso desde antes, desde diciembre de 2003, cuando se inició la tercera gestión de Busti, para medir lo que ha sucedido en la materia.

• Cambios

La vuelta del bustismo al poder se dio luego de la crisis de 2001 que en Entre Ríos tuvo la particularidad de llevar el nombre de Sergio Montiel. Ese retorno tuvo un eje del discurso proselitista en una crítica encendida al “control” según lo entendió la gestión radical a través de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), comandada por el abogado de Concordia, Oscar Rovira.

Así, cuando se aludió al control en tiempos de aquella campaña de 2003, fue para fustigar un organismo acusado de “persecución política” a la dirigencia que, liderada por Busti, volvía entonces al poder en la provincia.

Lo primero que se hizo, entonces, en materia de control fue cerrar la FIA creada por la gestión radical y, como moneda de cambio, fundar una Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) con facultades acotadas para su labor.

Esto fue así por cuanto el área, creada por Decreto Nº 150, nació con una dependencia directa de la Fiscalía de Estado y con un límite claro para su tarea: el artículo 4º de la norma le asigna sólo las investigaciones que “encomiende el Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo”. De este modo, desde el inicio de su función, no tuvo posibilidad de investigar al Ejecutivo del que depende y –más- le asigna la pesquisa a realizar.

Pese a la debilidad de la OAEP -que surge de su propia naturaleza pero también de su devenir- en el mismo decreto de creación, firmado por Busti y Urribarri, el primero como gobernador, el segundo como ministro, le asigna la tarea de órgano de aplicación de un Código de Ética Pública a dictarse. La norma anunciada, a cinco años, no existe.

• Devenir

La OAEP vino a acompañar, con su tarea, al tradicional y gris Tribunal de Cuentas que funciona desde 1933 sin momentos descollantes y con un historia más marcada por los golpes a sus atribuciones, nunca restituidas, o a las impugnaciones en su contra por parte del poder cuando es investigado.

La novedad, en diciembre de 2003, venía de la mano del cierre de la FIA y de la creación de este organismo que iba a alcanzar su forma final, según se anunciaba, con la reforma de la Constitución.

Puesta a caminar, la OAEP tuvo sus acciones más conocidas en su rol de querellante en hechos resonantes de corrupción que terminaron en condena, como el caso Aciser –que investigó a Oscar Horacio Mori- o la causa por enriquecimiento ilícito contra Domingo Daniel Rossi, casos iniciados con anterioridad a la existencia de la Oficina.

El organismo, además, dedicó su tiempo a la elaboración de leyes que apuntaran a la transparencia y el control. Así, se elaboró el proyecto de Ley de Ética Pública –tal como estaba previsto en el decreto de creación- y se trabajó en una norma de Acceso a la Información Pública a través del mecanismo de Elaboración Participativa de Normas, entre otras propuestas. Ninguna de las iniciativas tuvo, siquiera, despacho de comisión en la Legislatura.

• Continuidad

Si puede relativizarse, a esta altura del partido, el concepto de “continuidad” que tiñó la campaña electoral de Urribarri, sí puede confirmarse este concepto cuando se mira el devenir de los organismos de control.

Si en diciembre de 2003, con Busti, se intentó pensar una idea de “control” distinta de la que se cuestionaba, con el sello de la FIA, en diciembre de 2007, la idea de “control” estuvo ausente del discurso de campaña. Tal vez tampoco fue preocupación del electorado.

Y la historia de la OAEP ya se termina. La nueva Constitución no la previó. Más aún, el oficialismo no presentó un solo proyecto que aludiera siquiera a su desaparición. La novedad, con la Convención, vino con la creación de una Fiscalía Anticorrupción, dependiente del Ministerio Público, con actuación en toda la provincia (ver aparte).

Hoy por hoy, y sin su titular al frente, Luis Pedemonte, que hoy ocupa interinamente un cargo en la Justicia, la Oficina está atada a lo que sigue diciendo el Decreto 150/03.

Un último respiro a la vida del organismo podía venir de la mano de una ley. Pero el proyecto de orgánica de Fiscalía de Estado, presentado por el oficialismo en la Cámara de Diputados, ya no contempla a la OAEP entre sus dependencias.

En la sede de calle Rivadavia y Falucho, donde funciona, hay incertidumbre respecto de que sucederá. No hay directivas de la Fiscalía, ni ley, ni proyecto de ley que la mencione.

• Las puertas que abrió la Carta Magna

La nueva Constitución provincial, vigente desde el 1º de noviembre, le dio a los organismos de control una sección propia, la número VII, con lo que, en lo formal, ganaron en autonomía respecto de los poderes del Estado. Vale recordar que la Carta Magna de 1933 incluía a la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Tesorería en la misma sección dedicada al Ejecutivo.

La Convención realizó algunas reformas a los organismos ya existentes mientras que previó la creación de uno nuevo, la Fiscalía Anticorrupción, con ámbito de actuación en toda la provincia y con dependencia del Ministerio Público fiscal.

Todas estas reformas están sujetas al dictado de leyes orgánicas. De las normas pendientes, ya se ha presentado el proyecto del oficialismo para regular la tarea de la Fiscalía de Estado y el texto fue girado a comisión en la Cámara de Diputados.

Respecto de la Fiscalía Anticorrupción, prevista en el artículo 208, la Carta Magna establece que “un fiscal del Ministerio Público, con competencia en todo el territorio de la provincia, tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública”.

En el mismo artículo se añade que “su titular y demás integrantes serán fiscales designados con intervención del Consejo de la Magistratura. La Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido”.

• Avances

En la nueva Constitución hay una cláusula que, tal vez, sea la que esté llamada a producir efectos más importantes en el modo de funcionamiento de los organismos de control en la provincia.

Se trata de la disposición según la cual será un concurso público la instancia de la que surjan los funcionarios a cargo de estos organismos. Así lo establece el artículo 217 que alude al nombramiento del contador, el tesorero y los miembros del Tribunal de Cuentas.

El concurso deberá garantizar la participación igualitaria de “los sectores académicos, de la asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública y de las entidades representativas de las profesiones exigidas”, publicó EL DIARIO. (APF.Digital)

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