Un informe demuestra que las licitaciones no demoran las obras

Fue realizado por diputados del Confe. El proceso, desde que se toma la decisión de hacer un trabajo de infraestructura hasta que comienza la construcción, lleva hasta 240 días, y el concurso de precios demanda sólo 15.
Unos dicen que desburocratizará el funcionamiento del Estado. Los otros, en cambio, creen que servirá para facilitar acuerdos con dudosos niveles de transparencia. Los primeros insisten en que es una de las mejores maneras de hacerle frente a la crisis y, aunque los segundos coinciden con el concepto macro de priorizar la obra pública, dudan de que se trate de la forma más correcta para encarar la agilización estatal.

Para el oficialismo es indispensable acortar el proceso licitatorio de obras públicas porque dicen que así van a pagar menos, teniendo en cuenta la inflación. El cobismo, en tanto, quiere demostrar por todos los medios la "inutilidad" de la medida que, según su visión, puede aumentar los costos de las obras.

Para ello, han realizado un minucioso análisis con los 50 pasos necesarios para realizar una obra pública. El objetivo es demostrar que el ítem correspondiente a las licitaciones es mínimo en comparación con las etapas previas y posteriores al concurso de antecedentes (ver infografía) por lo que piden que se dinamice la gestión.

Al respecto, el oficialismo remarca que no sólo se pretende acortar los días de espera para recibir propuestas o eliminarlos si la obra es chica, sino trabajar en todo el proceso previo para que la concreción de una obra pública no esté seis meses dando vueltas por todos los pisos de la Casa de Gobierno. A la oposición eso no le consta ya que el proyecto enviado puntualiza sólo sobre las licitaciones (ver aparte).

A partir de la esta semana, una de las principales discusiones se centrará en la Legislatura, donde el gobierno de Celso Jaque pretende imponer la ley para eliminar o abreviar las licitaciones.

A fines del año pasado, ningún partido de la oposición estuvo de acuerdo con el proyecto y -ahora- cuando está por comenzar el trabajo en comisiones, los diputados radicales y demócratas continúan en la misma postura por lo que -si no hay giros inesperados- el Ejecutivo se las va a ver en figurillas para seguir adelante con su proyecto. Sobre todo si el miércoles se trata en el recinto -con o sin despacho-, como ya lo ha pedido el justicialismo.

Pedido de gestión

Desde la confección de actas y resoluciones hasta los estudios correspondientes pasando por la realización de pliegos, los dictámenes judiciales, contables y técnicos, la realización de una obra pública no parece resolverse de un día para otro. Por este motivo, los diputados cobistas se preocuparon por confeccionar una planilla cronológica normal de los expedientes licitatorios.

Para ello, contaron con la ayuda de varios técnicos que fueron parte del anterior gobierno y conocen a la perfección el movimiento de los proyectos de obras en el enorme mar de la burocracia estatal.

"Esto es interesante porque aquí está plasmada la famosa burocracia que no siempre se puede palpar", plantea el diputado Alexandre Maza, al indicar las cuatro etapas que hay que completar desde que se toma la decisión de hacer una obra hasta que la misma comienza a ser ejecutada. El plazo máximo para concretar cada uno de los pasos es de 240 días aunque, por supuesto, puede hacerse en menos. Dos o tres meses es lo que se calcula si se toman cartas en el asunto.

"Cuando uno observa el tiempo estimado en cada una de las fases, cae en la cuenta de que los días que se pierden en la licitación son mínimos (alrededor de 15) en comparación con el resto", dice Luis Petri, también diputado de Confe. En este sentido, afirman que les "llama la atención" que el Gobierno pretenda eliminar justo la parte que garantiza la transparencia. Es que el Ejecutivo plantea evitar las licitaciones en las obras menores a 7 millones y abreviarlas a cinco días en las de un monto mayor al señalado.

"Si una empresa tiene poco tiempo para presupuestar, chequear y conocer sus necesidades, lo más seguro es que -ante la duda- va a presentar un presupuesto más caro para así evitar sorpresas", coincide la también cobista Amalia Monserrat. Los miembros de Confe no tienen empacho en admitir que la idea del Gobernador "no les huele bien" debido a que apunta a "precarizar las políticas de transparencia".

Al respecto, el vicegobernador, Cristian Racconto, asegura que la limpidez del nuevo proceso estará garantizada no sólo porque habrá que presentar cinco presupuestos para elegir el mejor, sino debido a que se ha pensado en la existencia de una Bicameral de Seguimiento presidida por la oposición para evitar suspicacias.

Aunque cobistas, radicales, demócratas y el ARI no le ven el sentido a evaluar algo después de que ha sucedido, Racconto cree que los miembros de dicha comisión deberían ayudar a diseñar herramientas para prever las situaciones con anterioridad.

Para el presidente del Senado, es absurda la creencia de que se aprovechará la nueva ley para favorecer a las empresas amigas o para saltear controles, tanto en lo que a calidad como en lo que a costos respecta.

Es que las dudas se generan no sólo debido a que no habrá licitaciones en las obras más chicas, sino en que en las que sí existirán las empresas dispondrán de cinco días para elaborar sus propuestas, por lo que se teme que la información se filtre a alguien desde cualquiera de los estratos involucrados para que esté mejor preparado.

"Nosotros estamos gobernando con responsabilidad y creo que tanto la oposición como nuestro partido han demostrado tener madurez para ir más allá y pensar en el bien común", cerró Racconto. Repitió que el Gobierno sigue abierto a la discusión parlamentaria y al aporte de los distintos sectores involucrados para lograr la mejor ley posible.

De hecho, ya mantuvo reuniones con las distintas cámaras empresarias de la construcción para escuchar ideas que permitan esta vez lograr consenso para reducir al máximo el tiempo de las licitaciones.

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