Un informe de Auditoría General dice que no hay control en contrataciones provinciales

Un informe de la Auditoría General de la Provincia cuestionó la falta de procedimientos del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas para controlar los reajustes que contratistas obtienen del Estado. Según el organismo, la Unidad Central de Contrataciones dependiente no cumple con las leyes que le señalan sus funciones.
Un nuevo informe crítico sobre la gestión del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas a cargo de Carlos Parodi fue publicado por la Auditoría.

Esta vez, el Area de Control I auditó la Unidad Central de Contrataciones que tiene la obligación de llevar un registro de los contratos del Estado, y debe intervenir en los pedidos de redeterminación de precios que realizan los contratistas.

El extenso informe de los auditores concluye que la Provincia no estaría cumpliendo un complejo sistema que, por la ley de contrataciones y su decreto reglamentario, debería cumplir antes de conceder un aumento de precios a los contratistas.

Según los auditores, la Unidad Central de Contrataciones debería controlar que los precios en trámite para su redeterminación no correspondan a obras o servicios que ya fueron cumplidos.

Es que, según estima el informe, sólo se puede redeterminar precios sobre prestaciones pendientes de los contratistas, el único caso en que legalmente puede responderse al pedido.

Sin embargo, el informe señala que es "lo contrario lo que se observa en la Administración, donde se ha desvirtuado la mecánica del procedimiento de redeterminación, al retrotraerse todo a tiempos pasados".

Como ejemplo de esa mecánica que implica a la Provincia mayores erogaciones por obras públicas, el informe reveló los pasos seguidos en la construcción de una planta depuradora en Campo Santo. Allí se concedió una redeterminación de precios por 41 mil pesos, que fue solicitada meses después de que la obra había sido finalizada.

Para la Auditoría, la falta de un reglamento aprobado respecto del procedimiento para la redeterminación de precios favorecería esos pagos a los empresarios.

La opinión final de los auditores es particularmente crítica con la Unidad Central de Contrataciones. A su juicio, directamente "no cumple" con los decretos y las leyes que le asignan sus funciones.

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