Informaron al ministro de justicia sobre la situacion

El gobierno municipal envió un informe al ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia, doctor Jorge Abel González, sobre el accionar policial durante el fallido intento de retirar la cámara frigorífica utilizada como carnicería ubicada en la vía pública, y que generó una nuevas medidas judiciales por parte de la municipalidad en forma institucional, y en forma particular por los funcionarios afectados por declaraciones del propietario del irregular negocio.
La nota firmada por el intendente municipal Juan Federico Crivelli y el secretario de gobierno Eduardo Antonio Fleitas, explica primeramente la situación suscitada el pasado 6 de enero cuando inspectores de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Clorinda, con el acompañamiento de personal de distintas áreas, para dar cumplimiento a la Resolución N° 01/2010, de la Secretaría de Gobierno, que dispuso la clausura del local comercial ubicado en la calle Corrientes N° 1217, y el retiro inmediato de la cámara frigorífica instalada en la vía pública en contravención a todas las normas edilicias, de seguridad, de sanidad y otros; y por ello se solicitó la presencia del personal policial con jurisdicción en el lugar de los hechos, haciéndose presente el comisario Ruiz Díaz con personal de la comisaría Cosiv.

Agrega la nota que el procedimiento no se efectuó debido a la firme oposición de las personas que se encontraban en el lugar, ante la ausencia del titular, Arístides Morínigo, quien momentos después se presentó con una evidente actitud agresiva, profiriendo insultos de grueso calibre y amenazas contra el personal municipal, gritando a viva voz "… si llegan a tocar la cámara me pego un tiro…"

Con esta situación conflictiva en aumento, se solicitó el auxilio de la fuerza pública presente en el lugar, en la persona del comisario Ruiz Díaz, quien manifestó a los funcionarios municipales su negativa a tomar intervención por no contar con autorización de juez competente.

En ese contexto, sin contar con el apoyo de la fuerza de seguridad y en evidente estado de faltas de garantías, se procedió al retiro de los inspectores y empleados municipales del lugar, previa firma de Acta de Procedimiento dejando constancia de lo actuado.

Otros hechos

En la misma nota, las autoridades municipales explican al ministro de gobierno que "no es la primera vez que este Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra frente a las consecuencias de la inacción del personal policial.

En el mes de noviembre del año próximo pasado, la sede municipal fue objeto de un avasallamiento por parte de comerciantes del medio local, quienes ingresaron a la misma de forma violenta, profiriendo insultos y poniendo en riesgo la integridad física de los empleados que se encontraban en ese momento en horario normal de trabajo".

Señala más adelante la nota que la situación no fue alertada por la policía de la provincia a las autoridades municipales, pese a que el conflicto se venía gestando desde días previos, y tomó por sorpresa a los funcionarios y empleados municipales.

Resalta la nota que "actitudes como esta no se condicen con la función que debe cumplir la autoridad policial, cual es hacer cumplir los actos administrativos concretos, las disposiciones establecidas en hipótesis legales, en virtud del ejercicio del Poder de Policía Municipal.

En efecto, es función policial hacer cumplir los actos administrativos concretos dictados dentro del marco constitucional, legal y reglamentario, en virtud del ejercicio del poder de policía".

Poder de policía

Expresa además la nota que "el Poder de Policía es la facultad legítima que tiene el Estado Municipal de regulación de la libertad con actos de carácter general e impersonal con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas que lo componen.

En el ejercicio del poder de policía y a través de ordenanzas, decretos y/o resoluciones, se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos que componen la noción de orden público".

Por último expresan las autoridades municipales "por ello y ante el irregular desempeño de la fuerza policial, que está obligada a actuar como auxiliar de las autoridades legalmente constituidas en ejercicio del Poder de Policía, careciendo de facultades para analizar o desoír las decisiones que se le imparten mediante actos administrativos dictados por un Poder Público en el ejercicio de una potestad administrativa, remito la presente para poner el hecho en su conocimiento, toda vez que dicha fuerza depende orgánicamente de ese ministerio,, a fin de solicitar la adopción de medidas coercitivas o disciplinarias que correspondan".

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