La información y la opinión no se vigilan: Rechazo al proyecto de una Diputada salteña.

La Asociación de Periodistas de Salta (APES) hace público su absoluto rechazo al proyecto de ley presentado el pasado 1º de abril en la Cámara de Diputados de la Provincia con el que se pretende limitar, vigilar y castigar la actividad de los periodistas que se desempeñan en Salta.
La iniciativa de la diputada Mónica Petrocelli (PJ) busca mediante la creación de un Colegio profesional impedir en Salta el ejercicio de su oficio a los periodistas que no cumplan con unos requisitos arbitrarios establecidos en el proyecto, pero también dispone mecanismos de sanción como la suspensión del ejercicio profesional dispuesta por un supuesto tribunal de profesionales "honorables".

Con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostenemos que la exigencia de que solo se desempeñen como periodistas quienes reúnan ciertas condiciones es violatoria de la libertad de expresión.

Aún conscientes de que el ejercicio del periodismo implica una exigente capacitación y un continuo cuestionamiento ético, la Asociación de Periodistas sostiene que el oficio de informar y de opinar sobre cuestiones de interés público está íntimamente ligado al derecho constitucional de todos los ciudadanos de informarse y de opinar públicamente sin ser molestado.

Regular y vigilar la actividad de los periodistas conlleva pues también la posibilidad de regular y vigilar la información a la que puedan acceder cualquier ciudadano y la exposición pública de sus opiniones, objetivos que tanto el actual gobierno de Juan Manuel Urtubey, como el de Juan Carlos Romero también ha perseguido por otras vías.

En efecto, la nefasta persecución judicial a Sergio Poma que culminó con una sentencia que pretendía impedirle el ejercicio de la profesión, el manejo discrecional y secreto de los fondos de la publicidad que pretende saturar a los habitantes de la provincia de propaganda gubernamental y la sistemática negación de los funcionarios a brindar información relevante, han tenido y tienen los mismos objetivos.

Por tales motivos, APES sostiene que si los legisladores desean favorecer la mejora de la calidad del periodismo en Salta, deberían prioritariamente aprobar una ley de acceso a la información pública que incluya sanciones a los funcionarios que se niegan a cumplir la obligación republicana de dar publicidad a sus actos de gobierno.

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