En un porcentaje similar podrían cerrar la paritaria de los empleados de comercio que pidieron 20% y la cámara empresaria retrucó ofreciendo 15%.

Así, 17% de aumento aparece como el denominador común entre los acuerdos para seis meses de los trabajadores de la construcción y el aumento previsto para los estatales para todo 2017, según quedó previsto en el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envió al Congreso.

La diferencia entre 17% para seis meses y para todo un año habla a las claras de la brecha entre los reclamos de compensación por la inflación pasada y las aspiraciones oficiales en materia inflacionaria para el año que viene.

En el medio se ubica la marcha de la inflación que en octubre deberá atravesar una prueba clave a los efectos de la expectativa que derrame sobre los próximos meses.

Por lo menos parados estudios privados que siguen de cerca la marcha de los precios, la inflación “núcleo” del mes pasado (sin contemplar ni tarifas ni variaciones de precios estacionales) se ubicó en torno de 2%.

Pero los datos totales, al no aplicarse las subas de las tarifas de luz y gas, ubicarían el aumento del indice de costo de vida de septiembre entre 0,8 y 1 por ciento.

De mantenerse ese ritmo inflacionaria en los próximos meses, la Argentina estaría volviendo a los niveles de aumentos de precios que dominaron el período de 2007 hasta la devaluación de fines del año pasado.

Ese dato sirve para evaluar en perspectiva de qué inflación se habla cuando se piensa en lograr una reducción efectiva para que persista en el tiempo.

Tal vez por esos números adelantados sobre la suba de precios del mes pasado fue que el Banco Central decidió mantener en 26,75% anual las tasas de las letras a 35 días de plazo por segunda semana consecutiva después que en las ocho anteriores había decidido una reducción.

El titular del Central, Federico Sturzenegger, repite y repite su opinión sobre que el potro inflacionario aún no está domado y que es necesario tomar recaudos (contracción monetaria y tasas de letras relativamente altas) para continuar en lo que considera el camino correcto para bajar la inflación.

Del otro de la Plaza de Mayo, el ministro Alfonso Prat-Gay también persiste en su reclamo para que Sturzenegger acelere la baja de las tasas de interés con el objetivo de favorecer una mejora en el golpeado nivel de actividad de los primeros nueve meses del año.

Y mientras Sturzenegger contrae pesos del mercado, la cartera de Hacienda se mostró muy activa en la búsqueda de financiamiento, adentro y afuera, para cubrir un déficit fiscal sobre el que no se nota mucha preocupación ante lo que aparece como un escenario financiero internacional despejado para que la Argentina pueda acceder a fondos en forma fluida.

Después de que la semana anterior hubiese captado $50.000 millones que en su mayoría provinieron de operaciones de inversores externos, la pasada avanzó colocando bonos por 2.500 millones de euros a tasas de entre 3,87% y 5% anuales.

Hay una situación financiera muy particular en varios países de Europa (Holanda, Suecia, Noruega, Suiza), caracterizada por la vigencia de tasas de interés “negativas”.  Es como si los inversores tuviesen que estar dispuestos a pagar para que les tomen su dinero. El exceso de ahorro y de oferta de fondos hizo desplomar las tasas de interés en una parte del mundo al punto de que su renta real termina siendo inferior a cero.

En ese mundo de exceso financiero es donde está pescando la Argentina y sus tasas de entre 3 y 5% anual resultan un atractivo muy poderoso para los inversores y para los funcionarios que ahora aseguran poder afrontar los compromisos de fin de año sin grandes sobresaltos.

Mientras tanto, y en el plano de la economía real, son varios los rubros en alerta no sólo por la caída de la actividad entre enero y septiembre sino, también, por la competencia desleal que implica el contrabando.

Un caso es el de los celulares. En la primera parte del año salieron de Tierra del Fuego 7,5 millones de aparatos, pero el mercado detectó que se activaron 2,1 millones de aparatos que provinieron del contrabando.

O sea, un tercio de los aparatos activados no pagó impuestos ni contribuyó a generar ningún puesto de trabajo.

El control del contrabando es uno de los temas que desvelan a Alberto Abad, el titular de la AFIP que, desde hace más de un mes trabaja en un plan integral para reformar la sensible y estratégica Aduana.

Planteará modificaciones en el rol de las terminales, en los agentes de transporte, sobre los depósitos fiscales y en la “trazabilidad e integridad” de la verificación de las mercaderías que llegan al país.

Todo un tema en tiempos de apertura comercial y dólar tendiendo a ser barato.