La “Inflación Legislativa” también corroe

Los países latinoamericanos se caracterizan, entre otras cosas, por la exhuberancia de su legislación. También por respetarla bastante poco.
Argentina no es ajena a esta característica y, en ella, Jujuy no va en zaga.

Existe hasta la deformación cultural de "premiar", o considerar que un legislador es mejor, por la "cantidad de proyectos que presentó". Así se alimenta desde el "cuarto poder" (los medios de comunicación masivos) a que muchos diputados y senadores se sientan compelidos a presentar proyectos sobre "cualquier cosa" y de muy baja calidad legislativa, con tal de figurar decorosamente en ese ranking anual.

Prevalece la "cantidad sobre la calidad" como indicador de buena gestión y ello constituye un error.

La acumulación histórica de esta práctica ha producido que en Argentina se hayan dictado más de 26.600 leyes y en Jujuy más de 6.000. ¡Toda una "inflación legislativa"! que sólo oscurece el panorama normativo.

Ya ni los jueces -encargados de aplicar la ley en caso de controversia- ni los funcionarios públicos en la gestión diaria, ni los ciudadanos y contribuyentes, tienen en claro si la norma que deben aplicar es la que deben, o si ha sido modificada o derogada o caído en desueto. Ello contribuye a un estado de "inseguridad o falta de seguridad jurídica" atentatoria de los derechos civiles de los ciudadanos, de la igualdad ante la ley (ya que muchas veces no se sabe cuál es la aplicable), y de las posibilidades de inversión, condición sine qua non para la generación de empleo y, por ende, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población toda.

Se impone como una sana medida de mejorar los derechos ciudadanos, aumentar la seguridad jurídica y facilitar los contratos y la relación Físco-contribuyente, producir una depuración de la maraña legislativa vigente.

Un antecedente importante es el anunciado en estos días (diario El País-Madrid 24/02/09) por el Congreso Peruano que de 34.000 leyes actuales, eliminará 20.000 hasta julio de 2009 y someterá a una exhaustiva revisión las 14.000 restantes con el objetivo de dejar vigentes sólo unas 5.000 para el verano de 2.010, como parte fundamental del proceso de "Reforma del Estado" que encara el país hermano.

El Congreso Nacional y la Legislatura Provincial debieran ocuparse prioritariamente de ello convocando sendas comisiones de expertos que recopilen y reúnan toda la legislación dictada en sus respectivas jurisdicciones, la ordenen, correlacionen y,

a) en una primera etapa, determinen textos ordenados con las modificatorias introducidas desde la sanción original o, en su caso, promuevan su reemplazo por una nueva norma que las reseñe y derogue a las anteriores; promuevan la derogación de leyes caídas en desuso o ya finalizadas sus vigencia; y

b) en una segunda etapa, revisen toda aquella legislación remanente tendiendo a modernizarla y concentrarla temáticamente evitando reiteraciones, superposiciones y hasta contradicciones, mejorando su técnica legislativa y sus redacciones gramaticales (que deja bastante que desear sobre todo en el orden provincial).

De este modo se podría contar al cabo de un año con un cuerpo de leyes armonioso, ordenado y mucho menos frondoso. En el orden provincial tal vez no más de 1.000 leyes quedarían vigentes brindando una claridad normativa muy necesaria.

La Legislatura de Jujuy dispuso a mediados de 2008 constituir una comisión a fines parecidos sin habérsele fijado metas temporales y sin que hasta el momento se tenga noticia alguna de su integración y mucho menos aún de su labor ni de los avances de la misma.

Resultaría altamente beneficioso que el Presidente de la Legislatura y Vice-Gobernador de la Provincia se interese en tan importante tema y se ponga al frente de este emprendimiento, lo que constituiría una importante contribución a la modernización de la Provincia y al mejoramiento del ambiente o contexto para la inversión productiva que tanta falta hace en Jujuy si se quiere romper la Estado-dependencia del empleo e impulsar un verdadero proceso de desarrollo económico y social que permita absorber la mano de obra que se incorpora año a año al mercado laboral en empleos productivos (se necesitan crear 10.000 nuevos puestos laborales cada año para no incrementar los actuales niveles de desempleo) que, además, permitan a los trabajadores su dignificación, su integración familiar y su progreso social.

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