Industria del juicio: ordenaron que una fiscalía investigue al fuero laboral.

Por orden del procurador Rodolfo González, el fiscal de Instrucción de San Martín, Gustavo Rosas, desentrañará si se cometieron delitos en los casos denunciados por los empresarios y el Gobierno.
Un fuerte sacudón en la cúspide del Poder Judicial de la provincia causó la denuncia pública sobre serias irregularidades en el fuero laboral de la zona Este, realizada por un sector del empresariado y avalado por el gobierno de Celso Jaque. La primera consecuencia fue la apertura de una causa penal en la Primera Fiscalía de Instrucción de San Martín por instrucción del procurador general de la Corte, Rodolfo González.

Por su parte, Jorge Nanclares, presidente de la Suprema Corte de Justicia, se mantuvo en estricto silencio ante los medios de comunicación tras la publicación de las denuncias. No obstante, el tema no pasó desapercibido entre las paredes del palacio de tribunales.

En principio, la acción rápida del procurador hará punta en materia de reacción institucional por parte de la Justicia. En el futuro, si la investigación penal resulta comprometedora para algunos miembros del Poder Judicial, Nanclares ordenará una investigación administrativa a la Inspección de Justicia, órgano encargado de los sumarios internos dentro de los dominios de la Suprema Corte.

El jefe de los fiscales de la provincia no dejó pasar el tiempo y ayer en la mañana instruyó a Héctor Gustavo Rosas, a cargo de la Primera Fiscalía de Instrucción de la zona Este, para que inicie una investigación. El fin de este requerimiento es la determinación de la relevancia penal de las denuncias que se hicieron públicas.

En el ojo de la tormenta están los integrantes de las dos cámaras del fuero laboral con sede en San Martín. Pero también algunos abogados con experiencia litigando en ellas y una serie de testigos, quienes habrían sido piezas claves para que se produjeran perjuicios a empresarios a partir de falsas situaciones laborales.

Concretamente, se habrían distorsionado las historias laborales de muchos trabajadores con testigos supuestamente falsos, de modo que ante la Justicia apareciera más antigüedad en un trabajo que la que realmente tenía el dependiente. Al menos así lo plantearon los denunciantes avalados por el ministro de Gobierno, Mario Adaro, en una conferencia de prensa realizada el lunes.

La avanzada contra la Justicia laboral del Este cuenta con el respaldo del gobernador Jaque, quien fue duramente criticado por el presidente del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, Javier Palau, el sábado en el ya tradicional Almuerzo de Fin de Cosecha. En el mismo escenario, Jaque escuchó al empresario denunciar que en la región se ha montado una industria del juicio en el fuero laboral que arruina las expectativas empresariales.

Esto ocurrió en plena campaña y en el marco de una estrategia gubernamental directamente enfocada hacia el Poder Judicial. Y la respuesta de Jaque a favor de una embestida institucional contra la denunciada industria del juicio no se hizo esperar.

"Jaque ha decidido iniciarles Jury a los jueces laborales que no trabajen correctamente", aseguró Adaro durante la conferencia de prensa del lunes. El funcionario es abogado y conoce el paño en el que se está metiendo: antes de integrar la administración provincial se desempeñó en el ámbito laboral siendo representante legal del Centro Empleados de Comercio.

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