La industria del calzado en alerta por medida del Gobierno

Los modelos deportivos ingresarán al país sin aranceles.
La industria argentina del calzado está en alerta: mientras la baja de las ventas puso en jaque a unos 3.500 trabajadores, el Gobierno les anunció que no aplicará aranceles a las importaciones de calzado deportivo, a pesar de que los empresarios vienen reclamando medidas de protección para evitar un aluvión de productos extranjeros.

La Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) fueron notificadas el lunes por fax de un dictámen de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, según el cual las importaciones de calzado deportivo ingresarían al país con arancel cero.

Esta medida "iría a contramano de la política que viene llevando el Gobierno hasta ahora", explicó Agustín Amicone, Secretario General de UTICRA. Amicone sostiene que se pasó por alto, además, un pedido que hicieron a los funcionarios a principios de año, para que se protega a la industria del "dumping" (avalancha de productos de precios menores a los locales) que realizan los productores asiáticos.

El calzado deportivo importado ingresa al país "a un precio inicial de ocho dólares, las más caras llegan a 11 ó 12", dijo Amicone en diálogo telefónico con Perfil.com. Los representantes de la industria reclamaban un precio de referencia de 15,40 dólares y que se aplique el arancel de 35%.

Por eso, los representantes de la industria del calzado, que emplea a 26.000 trabajadoires, se reunieron ayer, declararon el estado de alerta y pidieron una audiencia con la presidente Cristina Fernández de Kirchner para rechazar la propuesta de la CNCE de no aplicar aranceles de importación.

Según Amicone, los comercios disminuyeron sus ventas en un 35 por ciento a partir de la crisis. "La situación del sector no es caótica, pero tenemos 1500 despidos, 1400 trabajadores con suspensiones y otros 650 que tomaron vacaciones adelantadas", afirmó el Secretario General de UTICRA, y concluyó que si la medida se aplica, se perderían, además, 5.000 puestos de trabajo.

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