La industria autopartista podría perder 15 mil puestos de trabajo

La industria autopartista podría perder 15 mil puestos de trabajo
El bloqueo de los mercados de exportación y el impacto de la devaluación de los países de la región pusieron en jaque al sector. Varias fábricas de capitales extranjeros se retiran, y el Gobierno aún no armó un plan de salvataje.
Es el sector más golpeado por la crisis externa y calcula perder este año 15 mil puestos de trabajo, un cuarto de toda su dotación. Las fábricas de autopartes sufrieron como ninguna otra industria el parate de la actividad económica por la clausura de los mercados de exportación. Y a pesar de ocupar al triple de personal que las terminales automotrices, no recibieron un programa integral de asistencia como hizo el Gobierno con las grandes fábricas de capitales multinacionales.

El cierre, días atrás, de la fábrica de aros de pistón Mahle, de Rosario, terminó de poner al descubierto una crisis que parece lejos de haber tocado su piso. La primera señal fue la caída de Paraná Metal, otra autopartista, de Villa Constitución, que recibió una inesperada capitalización por parte del empresario oficialista Cristóbal López y la colaboración del Gobierno a través del programa de Recuperación Productiva (REPRO), un subsidio de 600 pesos por operario que otorga el Ministerio de Trabajo para complementar los salarios caídos.

En el caso de Mahle, el Gobierno buscó también un inversor y se topó con Norberto Taranto, el empresario que le puso su apellido a una de las autopartistas más importantes del país y que se posicionó, hasta ahora, como el principal candidato a heredar la producción de los capitalistas alemanes en retirada. El otro aspirante es Aros Kim, asentado en la provincia de Buenos Aires.

Para Mahle, el Ejecutivo también tiene previsto facilitar algún salvataje financiero que le permita al nuevo inversor sacar a flote la compañía. Se especula que lo hará a través de créditos blandos del Banco Nación.

Pero detrás de los dos casos testigo surgió una cadena de derrumbes y conflictos en el sector, que pondrán a prueba la estrategia oficial del Gobierno de atender caso por caso y promover la absorción por parte de capitales nacionales de las empresas que hoy están en manos de inversores extranjeros.

La fábrica de cinturones de seguridad y airbags Autoliv, de capitales suecos y afincada en el parque industrial de Pilar, anunció que a fin de año retirará sus operaciones de la Argentina para concentrarse en las de Brasil. La misma decisión que tomaron los alemanes de Mahle, y un fantasma que se repite en todas las firmas de accionistas extranjeros. La recorrida por otras empresas del sector, como Dana, Lear, Pabsa y Cive arroja un pronóstico sombrío entre los referentes de la actividad.

A diferencia de las terminales, por lo general las autopartistas operan con mano de obra intensiva. El promedio por empresa es de 500 operarios, con algunas de menor cantidad, como Autoliv (que empleaba a 150 personas) y otras de mayor volumen, como Dana, con más de 1.000 trabajadores. De hecho, la multinacional Dana, que produce en la Argentina ejes y sistemas de transmisión, puso en venta sus plantas en Sudamérica.

En los últimos días también estalló un conflicto sindical en la planta de cristales y parabrisas Pilkington, de Munro. En medio de una negociación salarial la firma, de capitales japoneses, despidió a 33 trabajadores. A mediados de esta semana la compañía cerró sus puertas y sus operarios decidieron montar un campamento en los accesos.

A la luz de los números de la economía, no se trata de un problema menor. Unas 400 autopartistas emplean a 62 mil trabajadores en todo el país. La mayoría de ellas son nacionales, pero las de capital extranjero son las que más personal ocupan. El sector representa 2,3% del PBI y ese número se eleva a 11,3% si se toma en cuenta el producto industrial. El año pasado vendió por un total de 5.750 millones de dólares.

La caída de la actividad desde fines del año pasado obligó a recalcular las previsiones de producción para 2009. Los pronósticos más conservadores sitúan la baja de actvividad en el 30%, lo que implica la pérdida potencial de hasta 15 mil puestos de trabajo.

La preocupación de los empresarios se trasladó rápidamente a los sindicatos del sector. En particular al de mecánicos (SMATA) y al de metalúrgicos (UOM). Pero también al resto de los gremios industriales, como el de plásticos, vidrio y cuero, entre otros.

Sin embargo, el Gobierno prefirió volcar su mirada a las terminales automotrices, a las que les facilitó un plan de financiamiento para la compra de vehículos cero kilómetro que no dio los resultados esperados.

En cuanto a los fabricantes de piezas, el primer esbozo de plan integral fue deslizado esta semana por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Durante una reunión por el cierre de Mahle, el funcionario dio a entender que el Gobierno intentará cumplir el sueño de realizar un motor con partes nacionales. Pero incluso esa iniciativa, de la que no se volvió a hablar, fue vista con dudas por los analistas por la escasa competitividad de la industria local respecto de los fabricantes extranjeros.

Uno de los principales reclamos de los empresarios al Gobierno pasa por la acumulación de créditos fiscales no devueltos. Se calcula que entre reembolsos, devolución de IVA técnico e impuestos a las exportaciones y otras retenciones, el Ejecutivo les adeuda 350 millones de pesos. Uno de los que espera la apertura de esa canilla oficial es el propio Taranto, por un monto estimado de al menos ocho millones de pesos. Se cree que parte del interés del empresario por Mahle apunta en realidad a destrabar ese monto.

Los rezongos de los industriales apuntan a varios factores. Por un lado, subsisten retenciones a las exportaciones de 5% sin un mecanismo fluido de reembolsos. Al cierre de los mercados de exportación le suman la desventaja competitiva que representó una devaluación cercana al 50% en países como México y Brasil, contra la de 20% practicada en los últimos meses en la Argentina. Y también mencionan con insistencia la falta de vocación del Gobierno por poner freno a las demandas salariales.

Consultado por Crítica de la Argentina, el presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), Juan Cozzuol, se manifestó más cauto que muchos de sus colegas pero no ocultó su preocupación. "El país tiene un panorama complicado. En nuestro sector la crisis se tradujo en una fuerte caída de la actividad y facturación. Si bien es importante mantener el poder adquisitivo de los salarios, creemos que en el actual cuadro de recesión hay demandas muy significativas que no todas las empresas pueden atender", sostuvo el directivo.

Cozzuol buscó explicar el comportamiento de las multinacionales del sector que operan en la Argentina y que dudan de mantener sus operaciones. "Las multinacionales miran su negocio como un conjunto, analizando las actividades en cada país donde están presentes. Pero en definitiva las operaciones pueden ser incentivadas o suprimidas en función del resultado global, como decisiones estratégicas. En cambio, una empresa nacional que cierra, directamente desaparece", argumentó.

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