El indolente tratamiento de la basura en Jujuy

El indolente tratamiento de la basura en Jujuy

El problema de los residuos sólidos y patógenos representa una seria amenaza a la salud pública y, pese a ello, su solución está hoy sujeta a disputas de banderías políticas, cuestiones de forma y pases de factura de una gestión de gobierno a otra. Se habla de avances que, sin embargo, nunca encuentran su correlato. Prima la pasividad por sobre la urgencia.

Los mega y micro basurales siguen ganando terreno.Pese a ello, las soluciones no llegan y los proyectos demoran o quedan en el camino.La cuestión se encamina a convertirse en un botín de guerra en medio de un complejo proceso eleccionario.Mientras tanto, los  ciudadanos quedan expuestos a serios riesgos sanitarios.

A comienzos de este mes, se conocía una denuncia de los concejales de la Izquierda, en finca “El Pongo”, que advertía sobre la acumulación de toneladas y toneladas de basura patógena a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento.

En ese contexto, se apuntaba no solo contra la peligrosidad en materia sanitaria sino contra la contaminación ambiental, y la propia complicidad tanto de parte de la municipalidad como del gobierno.

El negligente tratamiento de los residuos de clínicas y hospitales de Capital que se desechan en dicha finca tenía también entre sus principales responsables a la empresa LIMSA vinculada al diputado peronista, y socio del oficialismo, Rubén Rivarola.

Desde el oficialismo no hubo pronunciamiento alguno e  inclusive sus representantes en el Concejo Deliberante, valiéndose de excusas, evitaron discutir la iniciativa del Frente de Izquierda que impulsa la creación de una Comisión Auditora para evaluar el tratamiento de los residuos patógenos.

Desde el Justicialismo, el concejal Matías Domínguez apoyó la iniciativa para crear una comisión que controle y castigue a los responsables del desastre ambiental e insistió en que "el municipio intime a LIMSA" por la falta de un horno de autoclave.

Consultado sobre el tema, el edil del oficialismo Lisandro Aguiar remarcó por un lado que en el Concejo Deliberante no hay presentación formal de su par Domínguez sobre la materia y, a la vez, criticó el proyecto de la Izquierda porque “deja mucho que desear tanto en sus formas como en sus aspectos jurídicos”.

Respecto de esto último, explicó que el proyecto plantea que se le otorguen al Concejo Deliberante atribuciones que son propias de la justicia (como ordenar allanamientos).

Aguiar sostuvo que los residuos patógenos actualmente tienen un tratamiento primario que está autorizado por la legislación provincial, particularmente, a través del decreto 6003 del año 2006.  En el mismo se prevé un tratamiento con cal.

“Venimos trabajando gobierno, municipio y diferentes actores para dar una solución final. Se ha armado una mesa de gestión para trabajar en la resolución final de este tema con la incorporación de tecnologías”, sostuvo.

El edil no obstante, defendió el lugar en el que se encuentra la actual gestión al afirmar: “Se le pide al gobierno que solucione un problema de años”.

Aguiar cargó contra su par Domínguez al sugerir que su denuncia se da en el marco de un contexto eleccionario. “Nunca le reclamó por esto a la anterior gestión pero ahora si lo hace”.

“Desde el 83 y hasta el 2015 el justicialismo no solucionó el problema” señaló el edil y prometió que “en 4 años se le va a dar solución” al problema de los residuos sólidos y patógenos.

Lo cierto es que ni el gobierno provincial, ni el municipal ni el propio Concejo Deliberante parecen tomar dimensión de la gravedad del problema y pese a las promesas de soluciones de última hora, el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) es, al menos hoy, la prueba fiel de las dificultades que encuentra el oficialismo para llevar sus anuncios a la práctica.

Se critica a la anterior gestión (con justo derecho) pero no se ataca el problema con el ímpetu que amerita. La cartera de Ambiente, da un par de capacitaciones e impulsa acciones de alcance reducido mientras los megabasurales se instalan a la vera de las rutas y los microbasurales ganan terreno dentro de los barrios urbanos.

Los organismos de control y la empresa concecionaria parecen estar fuera del radar del oficialismo.

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