En consecuencia, 51 mil familias deberán cancelar las deudas que se acumularon desde 2009, por pagos diferenciales en sus facturas de gas.

Con el invierno en camino y subas de hasta un 600% en el servicio, usuarios residenciales de Gasnor se dieron con la decisión de la Corte que amenaza con propagar la indignación social a todo el país.

Con el decreto 2067, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, creó en noviembre de 2008 un exorbitante cargo para costear las onerosas importaciones de gas natural licuado.

En 2009, el juez federal Julio Bavio lo declaró inconstitucional y su resolución fue confirmada después por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Desde entonces, más de veinte jueces y tribunales federales de segunda instancia dictaron fallos similares para proteger a usuarios de todo el país de ese cargo declarado inconstitucional de norte a sur.

En diciembre, sin embargo, la Corte de Justicia revocó las resoluciones pioneras de Salta y dejó planteado un oscuro precedente para millones de usuarios argentinos.

Preocupados por la enorme cantidad de familias que se resistieron a pagar el cargo confiscatorio y que ahora afrontarán deudas que en muchos casos ascienden a decenas de miles de pesos, defensores del Pueblo del país se reunirán mañana en Córdoba y el viernes en Buenos Aires. En esos encuentros analizarán pasos a seguir para proteger a usuarios. Con el precedente que sentó la Corte Suprema, la caída de las declaraciones de inconstitucionalidad que siguen en pie se considera inminente. Solo en Capital Federal, 300 mil familias deberán cancelar las deudas que acumularon por el cargo que encareció hasta un 300% las boletas residenciales y hasta más de un 400%, las industriales.

Nicolás Zenteno, el defensor del Pueblo de Salta, estimó que la deuda promedio para las familias perjudicadas por el fallo rondará en los 6.000 pesos. Especuló que al "no ser obligatoria, no generará intereses".

Anticipó, en este contexto, que "se trabajará para que no se corte el suministro a quienes adeuden el cargo" y también para que las deudas sean pagadas "en cómodas y largas cuotas".

El ombudsman salteño indicó que está a la espera de la resolución de Enargas, organismo competente que aún debe fijar las fechas en que empezarán a emitirse en Salta las boletas de gas con montos unificados y también la forma en que los usuarios cancelarán sus deudas ante Gasnor. Cabe aclarar que en este caso la distribuidora solo actúa como agente de cobro, ya que los importes correspondientes al cargo del decreto 2067 van a una cuenta el Ministerio de Planificación.

Desprolijidades

Para la aplicación del cargo creado por decreto 2067, desde comienzo de 2009 se dividió al país por zonas, según criterios climatológicos cargados de discrecionalidad.

Esta medida afectó fuertemente a usuarios de Salta, a los que empezó a imponerse el oneroso cargo a partir de consumos anuales de 800 metros cúbicos. Para usuarios de Mendoza, con temperaturas promedio mínimas superiores a las de Salta, el piso se fijó en 1.400 metro cúbicos anuales.

Otro duro golpe al bolsillo

Los fallos que revocaron las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas en Salta contra el cargo del decreto 2067 tiene ribetes llamativos. Con una diferencia de apenas cinco días, tres jueces del alto tribunal, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni, sentaron un preocupante precedente para usuarios del gas de todo el país. El 11 de diciembre echaron por tierra las resoluciones con las que el juez Julio Bavio y luego la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se habían pronunciado por la inconstitucionalidad del desproporcionado cargo, en un amparo interpuesto por la tabacalera Alliance One. Los mismos jueces usaron ese mismo precedente para revocar, solo cinco días después, la acción colectiva de amparo presentada en 2009 por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), la organización civil El Consumidor en Acción (Ecea), la Unión Industrial, la Cámara de la Minería y la Asociación de Tabacaleros de Salta. Otra circunstancia para nada habitual pasa por la demora con que fueron notificados los dos fallos de la Corte nacional a las partes intervinientes. Este paso legal se cumplió días atrás, con cinco meses de retardo, y más de 50 mil familias salteñas empiezan a desayunarse con este trago amargo en el momento más inoportuno del año. A nadie escapa que el invierno está encima y que las facturas de esos mismos clientes residenciales traen, desde hace un año, subas de hasta un 600% por un tarifazo que también tiene recursos de amparo formulados en Salta y otros puntos del país. Con todo, los polémicos y divididos fallos de la Corte Suprema instalaron en Salta un clima de irritación social similar al que antecedió, a mediados de 2009, las elecciones nacionales en las que el kirchnerismo sufrió el más duro revés de sus doce años en el Gobierno de la Nación.