Indígenas regresaron al predio del que fueron desalojados y protestaron en Plaza Independencia

Miembros de la comunidad Quilmes de Colalao del Valle que fueron desalojados la semana pasada protestaron ayer frente a Casa de Gobierno. Además escracharon al juez Carlos Peral, que avaló el desalojo de 40 familias. "Estamos reclamando nuestros derechos amparados por la ley 26.160", dijo Viviana Gómez, miembro de la comunidad.
Se entrevistaron con el secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse.

El jueves fueron desalojadas 40 familias pero el sábado ya estaban nuevamente en el predio construyendo, nuevamente, sus casas de adobe. En este sentido, ayer estuvieron frente a Casa de Gobierno "reclamando nuestros derechos amparados por la ley 26.160, es decir, no al desalojo de los indígenas de nuestras tierras", dijo indignada Viviana Gómez, miembro de la comunidad de los Quilmes en Colalao del Valle.

Según el juez en Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral, "no somos dueños de nuestra tierra. Yo quisiera que vayan y vean a mis abuelos que allí están enterrados, mi historia está en el pueblo. Por eso defendemos nuestra tierra", expresó.

Por este motivo, algunos dirigentes, junto con su abogado Daniel Carlorosi de Andhes fueron a conversar con el juez Peral a su oficina en Juzgado Provincial. Solamente atendió al letrado. El resto de las personas se quedaron en la puerta donde realizaron un escrache.

También se entrevistaron con el secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse y acordaron futuras reuniones.

"Ingresamos al predio el 16 de diciembre, construimos nuestras casas de adobe y el jueves en menos de una hora más de 150 efectivos policiales destrozaron nuestros sueños", mencionó Gómez.

Además agregó que "las tierras se las adjudica Aráoz Hermanos, de la que participa el delegado comunal de Colalao del Valle, Javier Aran Díaz". Y destacó que "el día del desalojo solamente estaba la presidenta de Aráoz Hermanos, Encarnación Colombo, su hija y su nieta, junto a los policías".

El argumento del magistrado para defender su medida de fuerza se centró en que, en este caso, la ley Nº 26.160 -suspende por 4 años todo tipo de desalojo de territorios indígenas- no es aplicable ya que aún no finalizó un relevamiento territorial que establece dicha norma.

Carlorosi explicó que la interpretación de Peral es errónea debido a que la citada ley mantiene su vigencia incluso mientras el ordenamiento territorial siga su curso. "Peral también se equivocó al sostener que no estaban en juego los intereses de la comunidad en su conjunto sino el de la particular Viviana Gómez de Montañez, integrante del pueblo Quilmes".

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