Indígenas reclaman derecho a una educación bilingüe e intercultural

Pidieron que los aportes sean incorporados a la redacción final de la norma
Alrededor de 170 comunidades pertenecientes a los pueblos Kolla, Atacama, Ocloya, Guaraní, Omaguaca, Toara y Quechua rubricaron una declaración sobre el Derecho a la Educación Bilingüe e Intercultural. El acto se concretó en el marco del Seminario "Las mujeres indígenas y el derecho a la educación" que se desarrolló en el Complejo Las Vertientes (Lozano), organizado por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), en conmemoración de su 20º aniversario.

En el documento citado, las comunidades indígenas que habitan en la provincia de Jujuy ratificaron las propuestas elaboradas por sus representantes en los encuentros concretados en febrero y marzo último, durante el proceso de consulta por la nueva ley de educación, y observaron que hasta la fecha se desconoce el estado de elaboración de la norma, así como las decisiones adoptadas por el Gobierno Provincial con respecto a los aportes realizados por las comunidades indígenas.

Asimismo solicitaron conocer el anteproyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, antes de que sea tratado en la Legislatura, a los efectos de que pueda ser analizado por las comunidades indígenas de la provincia.

Las comunidades también expresaron su apoyo y reconocimiento "como interlocutores legítimos al Consejo de Participación Indígena, a la Comisión de Seguimiento constituida oportunamente, como así también la adhesión al trabajo de hermanos idóneos para este fin".

También se declararon en estado de alerta y movilización, el que mantendrán "hasta que se incorporen nuestras propuestas a la nueva ley educativa provincial".

APOYO A LA GESTION DEL COAJ

Las comunidades también suscribieron un acta de reconocimiento a la labor desarrollada por el Coaj en sus 20 años de vida. "Los hermanos indígenas pertenecientes a los pueblos Kolla, Omaguaca, Guaraní, Tilián, Ocloya, Quechua y Atacama, con motivo de conmemorarse el 20º aniversario del Consejo de Organizaciones Aborígenes, reafirmamos nuestro reconocimiento a esta institución que agrupa a más de 170 comunidades aborígenes y solicitamos continué con su constante lucha de reivindicación de nuestros derechos y la reconstitución de nuestros pueblos", expresaron.

En el acta además elevaron "una rogativa invocando a nuestros ancestros que iniciaron este espacio para que de fortaleza y firmeza a quienes hoy lo conducen".

HOMENAJE A

SOCIOS FUNDADORES

El seminario "Las mujeres indígenas y el derecho a la educación" contó con la presencia de la Lic. María Eugenia Choque, quien fuera Viceministra de Derechos de los Pueblos Indígenas en la primera etapa de la presidencia de Carlos Meza (2004-2005), el amauta boliviano Vicente Mejillones y la participación de alrededor de 300 líderes pertenecientes a 170 comunidades.

En ese marco se rindió homenaje a los socios fundadores del Coaj, cuya labor ha sembrado el camino de realizaciones de la institución pionera en la defensa de los derechos indígenas y políticas públicas. Durante la ceremonia se entregaron distinciones a los dirigentes Verónica López (El Chañi), Damián Santos (El Chañi), Dionisio Farfán (Quebraleña), Venancio Tinte (El Toro), Marcelino Mendoza (Mudana y Cimarrones), Gregorio Mamaní (La Ciénaga), y a los representantes de Jacinto Tinte (Tinate), Lino Lamas (Quera y Agua Caliente), Timoteo Peloc (Laguna de Tesorero), Bautista Rosa Arias (Valle Colorado),. Entonces también se recordó los aportes de los dirigentes Nimia Apaza, Valentín Ramos, Inocencio Vale y Tomás Pacsi y se reconoció la labor de conducción que desde hace una década ejerce Natalia Sarapura.

20 años de trabajo por

los pueblos originarios

El Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) es una institución civil que se fundó el 26 de agosto de 1989 en una asamblea autoconvocada por los descendientes y miembros de comunidades aborígenes kollas de la Provincia de Jujuy. Posteriormente se fueron incorporando comunidades pertenecientes a los pueblos guaraníes y ocloyas. Fue la primera organización indígena de la provincia y en la actualidad nuclea alrededor de 200 comunidades de los pueblos kollas, atacamas, ava guaraníes, ocloyas, omaguacas y quechuas.

Su principal objetivo es "la reconstrucción de los pueblos originarios". En ese marco, desarrolló diversas actividades orientadas al desarrollo con identidad de las comunidades aborígenes, la formación integral de dirigentes indígenas, la asesoría técnica en el accionar de las comunidades, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de la educación intercultural bilingüe y la difusión y defensa de los derechos de las mujeres indígenas.

Inició su trabajo con la promoción y la concientización de la situación de los pueblos originarios, contribuyendo a la recuperación de la organización de las comunidades y la creación del Registro de Comunidades Aborígenes. También efectuó valiosos aportes en el proceso de recuperación de las tierras, incidiendo para la creación del Programa de Regularización y Adjudicación de las Tierras a la Población Aborigen.

Además tuvo activa participación en el proceso de reforma constitucional de 1994, donde bregó por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios

Desde el 2000 viene trabajando en la formación de los dirigentes de las comunidades en temas como Derecho Internacional, Derechos de los Pueblos Indígenas o Derecho de Propiedad Intelectual.

El Coaj es una institución con incidencia internacional, por ello ha participado en la audiencia temática sobre "La situación de la mujer indígena en las Américas" organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además participa en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas en el Mecanismo de Expertos de los Pueblos Indígenas de la ONU ante el cual presentó informe sobre "El derecho de los pueblos indígenas a la educación".

En este momento trabaja junto al Centro de Derecho y Democracia de Canadá, Enlace Continental de Mujeres Indígenas y la Clínica de Derechos Humanos de la UNAM (México), en el proyecto jurisprudencia que busca visibilizar la doble discriminación que sufre la mujer Indígena por ser mujer y por ser indígena, en el ámbito de la educación.

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