Indagaron a los policías misioneros y seguirían presos

El juez federal Norberto Oyarbide indagó a los dos policías misioneros que el jueves fueron detenidos por las escuchas ilegales al dirigente judío Sergio Burstein. El comisario inspector Raúl Alberto Rojas y el oficial Gastón Guarda respondieron preguntas del magistrado y sus secretarios entre las 20.00 de este viernes y las 2.00 de hoy. Los abogados de la Policía de Misiones presentaron un pedido de excarcelación pero verbalmente ya fueron informados que será rechazado por el magistrado.

Los integrantes de la División Homicidios de la Policía de Misiones relataron la forma en que se generó el vínculo con el ex policía y actual abogado Ciro James, quien les aportó el número de teléfono a intervenir diciéndoles que era de una banda de piratas del asfalto integrada, entre otros, por Antonio "Leca" Figueredo, un delincuente que es buscado en Posadas por el homicidio del contador José María Píccoli, hecho que ocurrió en abril de 2005.

Los oficiales misioneros están alojados en la alcaidía que funciona en los Tribunales de Comodoro Py. Si el juez Oyarbide decide que sigan privados de su libertad, desde la Jefatura solicitarían que queden en la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal y no en una unidad Penitenciaria.

Si Oyarbide finalmente decide rechazar el pedido de excarcelación como sus secretarios adelantaron, el martes los abogados de la Policía de Misiones presentarán un recurso de apelación ante la Cámara para revisar la medida. Es que el delito que se les imputa tiene una pena máxima de seis años y por ende es excarcelable.

Rojas y Guarda fueron los que le pidieron al juez de Instrucción Horacio Enrique Gallardo la intervención de un número celular de Buenos Aires alegando que podría conducirlos a Figueredo. Ese dato les proporcionó James, un ex policía muy cercano al ex comisario Jorge "Fino" Palacios, quien está procesado por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

En Misiones sostienen que los dos policías fueron utilizados por James para darle un marco legal a la intervención telefónica. Con una mentira logró que un juez misionero ordenara la escucha que en realidad tenía la finalidad de saber qué datos manejaban el fiscal Nismann y Burstein en la causa donde se investiga el encubrimiento del ataque terrorista.

"Compraron carne podrida". Con esa frase, desde la cúpula policial misionera sintetizaron el caso. Sostienen que James aprovechó la confianza que tenía con Rojas y Guarda y los embarcó en una escucha telefónica a una persona que ninguna relación tiene con el prófugo Figueredo.

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