Uno fue la mano derecha de Ricardo Echegaray , el otrora hombre fuerte de laAFIP durante el kirchnerismo. El otro era un persona de confianza del exjefe de Gabinete Jorge Capitanich . Ambos se desempeñaron como máximos responsables de la Dirección General de Aduanas.

Ahora, Guillermo Michel y Carlos Sánchez comparten otra coincidencia: fueron citados a prestar declaración indagatoria en la denominada causa de la mafia de los contenedores, una investigación que puso bajo la lupa a una megaorganización dedicada al contrabando de mercadería "a escala monumental", que contaba con la colaboración y protección de funcionarios aduaneros.

Así lo resolvió el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en una resolución de 765 páginas firmada en las últimas horas.

"Michel y Sánchez deberán explicar por qué la Aduana era un agujero negro que permitía el contrabando a gran escala", afirmó a LA NACION una fuente judicial.

Además de citar como imputados a Michel y a Sánchez, y a otros exaltos funcionarios de la Aduana, como Daniel Santanna, Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci, el magistrado procesó sin prisión preventiva a 40 personas por los delitos de asociación ilícita y contrabando.

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Aguinsky también procesó por delitos penados por el Código Aduanero a 12 empresas. De haber una condena en un eventual juicio oral y público se puede decretar la extinción o "muerte" de la compañía.

A las personas físicas y jurídicas, Aguinsky les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $131.000.000.000.

La causa, que comenzó en marzo de 2016 tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac), ya tiene 265 cuerpos e investiga el contrabando de 532 contenedores que "han salido a plaza y 39 contenedores en situación de rezago, hechos delictivos realizados por una organización que respondía a los hermanos Paolantonio", explicaron fuentes judiciales.

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En su reciente resolución, Aguinsky definió las operaciones de contrabando descubiertas durante la instrucción de la causa como de "escala monumental".

"El plexo probatorio indica el actuar organizado y orgánico de un grupo de personas vinculadas al comercio exterior y al servicio aduanero, que realizaban en forma sistemática un aporte necesario para el perfeccionamiento de cada uno de los delitos que constituían el fin mismo de la existencia de tal asociación", sostuvo el juez Aguinsky.

En el expediente, el Ministerio Público está representado por la Procelac (conducida por Mario Villar y Laura Roteta) y por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales.

Según fuentes judiciales, Aguinsky separó el expediente en varios legajos para evitar "la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación. Analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso, por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de elevarse a juicio oral. Así nadie tiene que esperar toda la causa para ser juzgado".

La investigación tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y público. Es el caso del legajo en el que está procesado Claudio "Mono" Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido. El debate se hará el año próximo.

Entre las 40 personas físicas procesadas están los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio.

Sobre las operaciones de contrabando, Aguinsky observó que "para lograr el ingreso ilegal de mercaderías se habría recurrido a la confección y posterior presentación de conocimientos de embarque apócrifos, al ingreso de informaciones falsas en el sistema de registro informático del organismo de control y a la presentación y oficialización de despachos de importación que contendrían información y documentación complementaria falaz".

Los investigadores detallaron cómo los sospechosos armaron empresas "fantasma" o "pantallas" y reclutaron a testaferros para poder concretar su plan criminal.

"Ciertos integrantes del grupo habrían tenido a cargo la tarea de presentar ante el servicio aduanero la documentación apócrifa que respaldaba la operación, otros eran funcionarios de la Aduana y su aporte se dirigía a habilitar la salida irregular de la mercadería a plaza, otros se habrían encargado de constituir las distintas empresas ?pantalla' y de reclutar ?testaferros' para integrar las mismas", concluyó Aguinsky.